Caseros fachas contra inquilinos progres: de las siete propiedades de la ministra de Vivienda al chalé de Galapagar

Los actores del mercado inmobiliario llevaban muchos años reclamando que la vivienda, por su trascendencia social y económica, pasara a formar parte del debate público. Pero ahora que es así, casi se arrepienten de que su deseo se haya cumplido, vistas la ignorancia, demagogia y hasta falta de sentido común que destilan muchos de los análisis.

Los más optimistas esperaban la última comparecencia en el Congreso de la ministra Isabel Rodríguez, a ver si esta vez sorprendía con alguna medida llamada a estimular la oferta en lugar de restringirla. Nada más lejos de la realidad. La titular de Vivienda se limitó a repetir que nos hallamos ante una «emergencia social» y abogó por aumentar la regulación, poner más suelo del Estado para la construcción de vivienda y blindar «a perpetuidad» el parque público. Nada que no hubiéramos escuchado antes. Tan anodina fue su intervención que los cronistas agradecieron con inusitado entusiasmo el zasca que Rodríguez propinó a Ione Belarra cuando la líder de Podemos la llamó «rentista» por tener tres viviendas y otros cuatro inmuebles en Ciudad Real, como había contado El Debate pocos días antes. «Con las tres propiedades que ha mencionado, no tengo ni para pagar la mitad del chalé de Galapagar», le contestó. Chúpate esa, excompañera del Consejo de Ministros. Hay que admitir que reflejos no le faltaron. Ojalá tuviera los mismos a la hora de encontrar soluciones a una crisis que podría llevarse al Gobierno por delante, con permiso de la corrupción y el resto de escándalos que acorralan a Pedro Sánchez.

Los más optimistas esperaban que Isabel Rodríguez sorprendiera con alguna medida llamada a estimular la oferta en lugar de restringirla. Nada más lejos de la realidad.

La proliferación de protestas en la calle está dando alas al Sindicato de Inquilinas, empeñado a toda costa en convocar una huelga de alquileres. Sus argumentos contra la propiedad privada ponen los pelos de punta. Más que nada porque nos retrotraen a la lucha contra los desahucios que lideró en su día Ada Colau desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). José Luis Ruiz Bartolomé y yo dedicamos un capítulo entero a tanto disparate y manipulación en Vuelve, ladrillo, vuelve (Overon, 2015), el libro que escribimos juntos sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias. Tras la manifestación en Madrid del 13 de octubre, en fin, llegó la acampada de Valencia y hay convocadas nuevas protestas para el 9 de noviembre en Málaga y Sevilla, y para el día 23 en Barcelona. Átense los machos allí con los okupas y demás antisistema. En todas esas citas volverán a verse pancartas exigiendo «la expropiación de los pisos turísticos y las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre»; «la abolición de alquileres e hipotecas» y «la condonación de cualquier deuda inmobiliaria». Lo dicho: como escarpias, pensando sobre todo en la posibilidad de que Podemos, aprovechando la debilidad extrema de Sumar, consiga apropiarse del movimiento como hizo hace trece años con el 15-M.

Porque Sánchez, que ni puede ni sabe gobernar, apenas es capaz de intentar eludir su responsabilidad en el descomunal fracaso político que representa la falta de vivienda asequible. Se escuda tras el PP, al que acusa de no aplicar la Ley en las comunidades que gobierna. Aunque sea mentira, pues lo único que no están haciendo sus regiones es topar los precios en «zonas tensionadas» para impedir que la oferta de pisos en alquiler se reduzca aún más. Y también recurre el presidente a la estrategia divisoria y polarizadora de siempre. «Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres», sentenció, sin atreverse a etiquetar como fachas a los primeros y progres a los segundos, que seguramente fuera eso lo que pasaba por su cabeza al lanzar tan solemne declaración de intenciones.

El Sindicato de Inquilinas dejó plantados la semana pasada a Sánchez y a la ministra Rodríguez en el encuentro que organizaron en Moncloa con una treintena de asociaciones del sector

Pero no coló, y el Sindicato de Inquilinas dejó plantados la semana pasada a Sánchez y a la ministra Rodríguez en el encuentro que organizaron en Moncloa con una treintena de asociaciones del sector. «Van tres reuniones y avanzar, lo que se dice, avanzamos poco. Seguimos prácticamente en la fase de diagnóstico. Para el Gobierno es muy importante que el INE acabe el índice que regulará la actualización anual de los contratos de alquiler a partir de 2025, pero muchos pensamos que la medida no va a ser eficaz», me relata uno de los asistentes. Tan poco eficaz como el nuevo reglamento para luchar contra el fraude en los alquileres turísticos y de temporada. O el Bono Alquiler Joven, que ni mucho menos es nuevo y cuyo impacto se aventura ridículo, ya que solo el 6 % de los alquileres se sitúa por debajo de los 600 euros. Además, tampoco le gusta a Sumar. «El Bono Alquiler Joven es como un bizum de dinero público a los caseros», declaró el portavoz parlamentario de la formación, Íñigo Errejón, antes de verse obligado a dimitir por razones de sobra conocidas. Sórdido episodio de consecuencias políticas aún imprevisibles. Lo bueno es que dejaremos de ver a Yolanda Díaz en el corto plazo paseándose por los platós de televisión para hablar de intervenir los precios, limitar la «compra especulativa» o eliminar los beneficios fiscales en la Declaración de la Renta para los arrendatarios que no acepten alquilar sus casas al precio que fije el Gobierno. Una barbaridad detrás de otra.

La magnitud del desafío exige una estrategia transversal que involucre a todas las administraciones e impulse la colaboración público-privada. Sin embargo, no hacemos más que escuchar discursos demagógicos que demonizan al propietario y a favor de un mayor intervencionismo. No era esto, no. En qué mala hora deseamos que la vivienda entrara en el debate público.