La inseguridad jurídica amenaza ya con provocar la marcha de la inversión extranjera

Muchas veces nos hemos quejado de la falta de educación financiera en España, lo que lleva a caer en trampas y engaños o a tomar decisiones económicas equivocadas en el mejor de los casos. Pues bien, si a ese problema se le añade el populismo, que es la razón de ser de Sumar, el resultado puede ser tan desastroso como la guerra emprendida contra las socimis. Hablamos de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las mismas que revitalizaron el sector cuando se quedó hecho un secarral tras el estallido de la burbuja en 2008. Las mismas que en la actualidad permiten a muchos ahorradores acceder a una inversión diversificada en el siempre atractivo ladrillo. Por fortuna, la propuesta que Yolanda Díaz pactó con el PSOE para cargarse su régimen fiscal no ha prosperado en el marco de ese engendro legislativo que la ministra Montero se atreve a llamar reforma. Pero nadie se atreve a cantar victoria. «En cualquier momento vuelven a sacar la propuesta del cajón. No van a parar hasta salirse con la suya», dicen en el sector.

Las socimis revitalizaron el sector inmobiliario cuando se quedó hecho un secarral tras el estallido de la burbuja en 2008

Fue Pablo Iglesias el que abrió el melón cuando era vicepresidente del Gobierno. Le dio por culpar a estas sociedades del encarecimiento de los alquileres y desde entonces no han cesado de dar la turra demostrando que no tienen ni idea de cómo funcionan las socimis. Porque la gran mayoría invierte en activos como centros comerciales, oficinas, hoteles, naves logísticas o centros de datos. En residencial tienen poca cosa, ya que apenas son propietarias del 0,69 % del parque, lo que vienen a ser unas 25.000 viviendas en alquiler de un total de 3,6 millones. Sin embargo, a la hora de buscar el enésimo chivo expiatorio para un problema que son incapaces de solventar, se han fijado en este vehículo de inversión inmobiliaria que tributa al 1 % por el Impuesto de Sociedades porque ya lo hacen los ahorradores cuando reciben el rendimiento de su inversión.

Tal régimen entró en vigor allá por 2009 con el Gobierno de Zapatero y fue modificado a finales de 2012, durante la etapa de Mariano Rajoy. La Ley obliga a las socimis a repartir, al menos, el 80 % de sus beneficios vía dividendo, y los inversores están sujetos al IRPF o a Sociedades según se trate de persona física o jurídica. Únicamente se produce un trasvase de la carga fiscal, que es lo que no se entiende a la izquierda del PSOE. Si fueran capaces de comprender, alguien debería explicarles que es la misma fórmula que se aplica en Francia, por ejemplo, y que se parece mucho a la vigente en toda la OCDE bajo el formato de los REITs (Real Estate Investment Trusts). El modelo nació en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado y, aunque su implantación en España ha sido tardía, somos uno de los países europeos donde el sector de las socimis está más asentado.

A todas luces, resulta tan estúpido como insensato acabar con algo que funciona

A todas luces, resulta tan estúpido como insensato acabar con algo que funciona. Porque aplicar a estos vehículos de inversión un Impuesto de Sociedades del 25 %, como a todas las empresas, sin tener en cuenta sus peculiaridades, supondría acabar con muchísimas de las 140 socimis que cotizan en el mercado doméstico con más de 50.000 millones de euros en inmuebles bajo gestión.

Valgan como muestra su castigo en Bolsa estos días atrás, o la amenaza de Merlin Properties y Colonial desde el Ibex de hacerse un Ferrovial y marcharse de España. Ni la una ni la otra tiene viviendas en cartera, como tampoco invierten en residencial Lar España o Árima Real Estate, las otras dos grandes referencias del mercado continuo. Ahora, que si se pregunta a sus directivos, no dudan en proporcionar sus recetas para enfrentar el desafío colosal de la vivienda asequible. Entre otras medidas, apuestan por avales y garantías públicas para la compra, reducción del IVA y bonificaciones en el IRPF, flexibilización de los usos del suelo a fin de incrementar el urbanizable, y cesión de más suelo público destinado a proyectos de colaboración público-privada. Todo ello con el propósito de aumentar la oferta de pisos en lugar de restringirla, que es lo que no paran de conseguir con tanto intervencionismo.

La inseguridad jurídica desatada amenaza con que la inversión se marche a otras partes

Los profesionales del inmobiliario tienen claro lo que hay que hacer y lo que no. Y en lo segundo entra el disparate de cortar las alas a las socimis. El mero anuncio ya ha desatado una tormenta de inseguridad jurídica que amenaza con salpicar a todo el negocio patrimonial en España, lo que podría provocar una huida de la inversión hacia otros mercados. «Que no les extrañe si se produce una estampida de inversores extranjeros», me decía el viernes el presidente de una de las grandes socimis. «Sólo esta mañana me han llamado dos clientes asustados por lo que están leyendo sobre nosotros. Sin estabilidad en las normas tributarias no vamos a ningún sitio. Bastante tenemos con que nos pregunten qué puede pasar con Sánchez tras los casos judiciales que le salpican. A ver cómo les explicamos, si no queremos mentirles, que de momento hay dos jueces de la Audiencia Nacional y un fiscal anticorrupción que se han creído las barbaridades que está contando Aldama».