La estafa de las cotizaciones, un impuesto oculto cada vez más asfixiante

El Gobierno vuelve a subir la subida de la base máxima de cotización. La incrementa en un 4 %, mientras que la pensión máxima subirá un 2,8 %, debido a que la base máxima la incrementa por la inflación más 1,2 puntos, hecho que lleva a que la brecha, cada año, se agrandará más, de mantenerse dicha forma de cálculo. Esta subida de las bases máximas —cualquier día proponen el destope completo, lo que sería ya el acabóse— es una estafa por varias razones.

En primer lugar, porque con ello no se soluciona el problema de las pensiones, que requiere de una reforma estructural profunda —de la que ya hablaremos próximamente—, sino que supone una medida que no solo no servirá de nada, sino que será contraproducente y terminará, por caída del empleo, agrandando el agujero de la Seguridad Social. Además, aunque recaudasen la cifra de 1.100 millones de euros más al año por la subida de las bases máximas que estimaron cuando elaboraron la propuesta inicial de subida, no compensan el incremento de déficit anual de la Seguridad Social, de alrededor de 1.500 millones, incremento de déficit que ya reconoció en el pasado el Gobierno a Bruselas.

Por tanto, no solo no enjugará el déficit de la Seguridad, sino que mantendrá moribundo el sistema, enquistando el problema. La previsión de un incremento creciente del gasto de la Seguridad Social, motivado por el aumento del efecto sustitución de los salarios, el aumento del número de pensionistas y el IPC, elevará el déficit de la Seguridad Social, dando un paso más hacia el colapso del sistema.

En segundo lugar, porque el incremento de las bases máximas de cotización —así como del salario mínimo— destruirá actividad económica y, con ello, empleo. La AIReF estimó que solo el incremento de las bases máximas de cotización puede suponer un frenazo a la economía de una décima de PIB y de cerca de 40.000 puestos de trabajo. Con ello, la recaudación caerá, tanto en IRPF, como en impuestos indirectos, como en cotizaciones a la Seguridad Social, con lo que, en lugar de paliar el déficit, se incrementará sobre la base de un país empobrecido. Recordemos que las cotizaciones a la Seguridad Social suponen casi un 40 % más del salario del trabajador, de manera que un mileurista, para llevarse 1.000 euros netos a su casa al mes, ha de generar un valor con su trabajo que compense casi el doble del salario, que es el coste que le cuesta a la empresa. Si las cotizaciones aumentan, el desfase será mayor, el coste, superior y la contratación será menor.

Sólo el incremento de las bases máximas de cotización puede suponer un frenazo a la economía de una décima de PIB y de cerca de 40.000 puestos de trabajo

Y en tercer lugar, porque ya es escandaloso que los profesionales que tienen la base máxima de cotización coticen por casi 5.000 euros (4.909,5) y puedan llegar a conseguir una pensión, la máxima, de solo 3.812,20 euros en doce pagas (3.267,60 euros en catorce), es decir, 1.100 euros menos que el importe por el que cotizan, cuando hace seis años la diferencia era de 900.

Eso supone un claro fraude a los contribuyentes y trabajadores que cotizan por la base máxima, puesto que todavía verán cómo la diferencia entre lo que cotizan y lo que recibirán como pensión es mayor, al subir la base y no moverse, casi, la pensión, de manera que el sistema de reparto se convierte en menos contributivo todavía, en un claro desincentivo al trabajo.

Y adicionalmente, el Gobierno vuelve a subir las cotizaciones a la Seguridad Social con su llamada «cuota de solidaridad», que no devenga derechos, dentro de su plan equivocado de saneamiento de la Seguridad Social, que no mejora su viabilidad, sino que la compromete.

En 2025 la cuota de solidaridad será del 0,92 % para la parte del salario que supere en hasta un 10 % la base máxima; del 1% para la parte del salario que se sitúe entre el 10 % adicional de la base y el 50 %, y un 1,17 % para el tramo de salario que exceda la base máxima en más de un 50 %. Si la supera en un 50 %, el primer 10 % iría al 0,92 % y la parte restante al 1 %. Por encima de ese nivel, salarios mayores irían al 1,17 %. Todo ello, sin devengar derechos, impuesto puro y duro.

Las cotizaciones a la Seguridad Social no son un impuesto formalmente, pero actúan realmente como tal, al suponer un porcentaje superior al 30 % que se aplica sobre la base de cotización, que es igual que decir que se aplica sobre el sueldo de los trabajadores hasta llegar a la base máxima de cotización. Por tanto, es un sobrecoste que han de asumir las empresas como coste y los trabajadores como menores ingresos, que en la parte que paga directamente la empresa por cuenta del trabajador ni siquiera perciben, pues no aparece reflejado en sus nóminas.

Las cotizaciones frenan el empleo y son un incentivo a la economía sumergida

Este sucedáneo de impuesto, que grava más de un 30 % el trabajo, supone un freno al empleo y un incentivo a la economía sumergida, pues muchas empresas no contratarán —o despedirán— al no poder soportar ese incremento de costes. Paralelamente, muchas personas, las más débiles laboralmente, se verán empujadas hacia la economía sumergida, que es una lacra que hay que erradicar, pero que se incentiva indirectamente con este tipo de medidas, como la subida del salario mínimo que pretenden llevar a cabo de nuevo, que sube la cotización más baja.

Subir las cotizaciones supondrá un encarecimiento adicional y actuará de freno a la actividad y al empleo. Este afán confiscatorio hiere a la economía y puede contribuir a ahondar más en la desaceleración, ya que esto empeorará nuestra competitividad y, con ello, la economía y la generación de puestos de trabajo.

Por último, todos estos incrementos de impuestos harán que la economía sumergida aumente, el fraude se dispare, caiga la actividad económica y aumente el paro, con lo que la recaudación no subirá, sino que bajará, y el gasto se incrementará más, por mayor pago de prestaciones por desempleo.

El aumento exponencial de las bases máximas es nocivo, además de ser una auténtica estafa para muchísimos trabajadores y cotizantes, a los que, una vez más, la izquierda pretende dar gato por liebre al grito de igualdad y solidaridad, cuando lo único que traerán será injusticia, paro y pobreza.

La Seguridad Social tiene un problema que no se soluciona con este tipo de parches, que, además, perjudican, sino con reforma profundas, creíbles, duraderas, que la hagan sostenible, justo lo contrario de la política aplicada por el Gobierno, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, que actuarialmente está quebrado.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria