La 'maldición del empleado 51': la barrera regulatoria que convierte en un calvario el crecimiento empresarial

Expertos y economistas coinciden en que el tejido empresarial español tiene un grave problema de productividad, consecuencia en gran medida de su pequeño tamaño. El 93 % de las empresas de nuestro país tienen menos de 10 empleados y las grandes empresas apenas suponen el 0,2 % del total, pero las dificultades para que las compañías crezcan se multiplican por el entramado regulatorio al que se ven sometidas.

Regulaciones laborales

A partir de 1 empleado, la regulación laboral obliga a tener un protocolo contra el acoso laboral, para el tratamiento de datos personales y de desconexión digital, así como un registro de retribuciones y de la jornada laboral. También es necesario ofrecer una revisión médica periódica y no está permitida la extinción de la relación laboral pese al reconocimiento de incapacidad permanente, aunque el empleado puede pedir en este caso a la empresa una adaptación o cambio de ocupación.

A partir de 10 empleados, es necesario nombrar un delegado con 15 horas mensuales remuneradas para tareas de representación y es obligatorio financiar al menos 10 % del coste total de la formación de los empleados. Se aplican asimismo las normas de despido colectivo si afecta a toda la plantilla. En el caso de las empresas a partir de 31 empleados, el número de delegados asciende a tres –con las citadas 15 horas para cada uno–, que tendrán que designar entre ellos un delegado de prevención de riesgos; además, se aplican las normas de despido colectivo a empresas de menos de 100 asalariados si se despiden, al menos, a diez de ellos.

Además, la empresa deberá financiar al menos el 20 % de la formación de los asalariados, así como elaborar un plan de igualdad con su consiguiente comisión paritaria de seguimiento del mismo. Es necesario realizar una auditoría retributiva para asegurar que los salarios cumplen el principio de igualdad y se deberán justificar las diferencias salariales de al menos el 25 % entre el sueldo medio de los empleados de uno y otro sexo.

La plantilla deberá incluir, al menos, un 2 % de personas con discapacidad y será obligatorio contar con un plan LGTBI que incluya formación concreta sobre el tema y un canal de denuncias. Por último, deja de ser posible utilizar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, que incluían un periodo de prueba de un año y ventajas fiscales.

A partir de 100 empleados, el comité de empresa se amplía a nueve miembros y ampliar sus horas retribuidas para representación a 20. Además, se nombrará un delegado adicional de prevención de riesgos laborales.

A partir de 250 empleados, el comité de empresa pasa a ser de 13 miembros con 30 horas remuneradas al mes cada uno y aumenta al 40 % el porcentaje de financiación de la formación de los trabajadores. También será necesario contar un servicio gratuito de atención personalizada de atención al cliente.

A partir de 500 empleados, el comité se amplía a 17 miembros con 35 horas y se añade un delegado adicional de prevención de riesgos laborales (serán cuatro en total). A partir de 750 empleados, el comité tendrá 21 miembros con 40 horas retribuidas. Con 1.000 empleados o más, el comité de empresa se ampliará en dos personas por cada mil trabajadores, con un máximo de 75 delegados.

Regulaciones contables

A partir de 10 empleados no se aplicarán los criterios especiales de contabilidad su durante dos ejercicios consecutivos la empresa cumple al menos dos de estas condiciones: activos superiores al millón de euros, ventas por encima de los dos millones y más de 10 asalariados.

A partir de 50 empleados no se pueden presentar balances simplificados y se deben auditar las cuentas si durante dos ejercicios consecutivos, la empresa cumple al menos dos de las siguientes condiciones: activos superiores a los 4 millones, ventas superiores a los 8 millones y más de 50 asalariados. Además, es obligatorio presentar un estado de flujos de efectivo y un estado de cambios de patrimonio neto.

Regulaciones tributarias

Hasta 1 millón de facturación se disfruta del tipo rebajado del 23 %. A partir del millón, es necesario pagar el impuesto de actividades económicas.

A partir de los 6 millones de euros en ventas –umbral definido en 1995 por su equivalente en 1.000 millones de pesetas–, se adquiere la condición de gran empresa a efectos fiscales y se debe incorporar al Sistema de Intercambio de Información de la Agencia Tributaria para la gestión automática del IVA. El pago de las retenciones del IRPF y la liquidación pasa a ser mensual, en lugar de trimestral, y los pagos fraccionados pasan a calcularse sobre la base imponible del año en curso y no sobre la cuota íntegra de los periodos anteriores, además de una aplicación de 5/7 del gravan del impuesto de sociedades.

A partir de 10 millones de euros en ventas se pierden los incentivos fiscales del impuesto de sociedades y se produce un incremento de los pagos fraccionados por el impuesto de sociedades.

A partir de 5 empleados se pierde un 25 % de la bonificación adicional para financiar los costes de tutorización. Con 50 trabajadores, se pierden las deducciones en el impuesto sobre sociedades por la contratación indefinida de desempleados. A partir de 250 empleados, se pierde el 25 % de la reducción de las cuotas empresariales en el contrato para la Formación en Alternancia.

Otras regulaciones

A partir de 50 empleados será necesario calcular la huella de carbono y elaborar un plan para minimizar la emisión de CO2 a la atmósfera, con objetivos cuantificados cada cinco años y las medidas para alcanzarlo.

A partir de 250 empleados, es obligatorio presentar un Estado de Información No Financiera (EINF) cuando la empresa cumpla, durante dos años consecutivos, al menos una de las siguientes circunstancias: su activo total supere los 20 millones o el importe neto de la cifra de negocios anual lo haga en 40 millones.