La precariedad laboral de los jóvenes resta un 2,3 % del PIB y frena la creación de 950.00 empleos

La brecha existente en el mercado laboral entre un trabajador senior y uno joven cada vez es mayor. La entrada de los jóvenes al mercado laboral español es mucho más difícil en comparación con otros países de la Unión Europea, y cuando lo logran se enfrentan a malas condiciones laborales, caracterizadas por la alta precariedad.

Esta peor situación no solo afecta a su desarrollo personal, también tiene un coste directo, tal y como revela el informe Juventud y Empresa realizado por la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios. Por un lado, problemática tiene un coste para la economía española de casi el 2,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) y está evitando la creación de 950.000 nuevos empleos.

Además, la tasa de desempleo general podría reducirse del 12,3 % actual hasta el 11,2 %, mientras que la tasa de actividad general –la que mide cuántas personas en edad de trabajar están activas en el mercado laboral– aumentaría del 74,5 % al 76,9 %. En otras palabras, «la economía crecería de forma notable ya que habría más personas trabajando, generando ingresos y consumiendo bienes y servicios», aseguran los autores del estudio.

Este estudio achaca la actual situación del empleo juvenil en España a dos factores: el sistema educativo y la demografía y el cambio generacional.

Por otro lado, el peso demográfico de las personas jóvenes en España ha disminuido notablemente en las últimas décadas, mientras que el de los mayores ha aumentado significativamente. Concretamente, en 2001, los jóvenes menores de 25 años representaban un 30 % de la población, cifra que se redujo hasta el 25 % en 2022.

«Como consecuencia del envejecimiento imparable de la población, la pérdida de fuerza laboral o el tensionamiento de las cuentas públicas por el aumento del gasto en pensiones; se produce un deterioro de las expectativas de los más jóvenes de la sociedad», alerta el estudio. El peso de estas partidas presupuestarias sobre el PIB ha experimentado un incremento del 56 % entre el 2004 y el 2021, mientras que el gasto público orientado a los jóvenes –aquel relacionado con educación o vivienda– apenas se ha incrementado un 5 % durante el mismo periodo.

Trabajo y vivienda: un círculo vicioso

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el mercado inmobiliario ha experimentado un desequilibrio entre la oferta y la demanda que ha encarecido el precio de la vivienda y ha obstaculizado su accesibilidad. Si a eso se le suma, que no se tiene un empleo estable y bien remunerado, nos encontramos con la bomba perfecta.

Los jóvenes españoles cada vez se independizan más tarde. Según los datos que emplea la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios, en 2022 la edad de emancipación se encontraba era de 30 años. Este hecho contrasta con la tendencia observada en el conjunto europeo, donde entre los años 2008 y 2022, la edad promedio de emancipación en la UE disminuyó en un 1,1 % –de 26,7 años a 26,4–, mientras que en España se ha incrementado en un 6,7 % –de 28,4 años a 30,3–.

«El retraso de la emancipación tiene su impacto en otra de las decisiones vitales al entrar en la vida adulta, como es la maternidad. La edad de la madre a la hora de tener el primer hijo ha aumentado en más de 4 años desde 1980: hace cuatro décadas era de 28,2 años y en la actualidad se sitúa en 32,6», refleja el estudio.

Acceder a una vivienda en propiedad requiere disponer de ahorros con los que pagar la parte del coste de adquisición no financiada por una hipoteca. Por lo tanto, una situación económica desfavorable, caracterizada por un difícil acceso al mercado laboral y una alta precariedad, merma la capacidad de ahorro de los jóvenes. La proporción de hogares jóvenes con su vivienda principal en propiedad se ha reducido un 40 % en 20 años, dando lugar al predominio del alquiler desde el año 2012 y estando presente en el 57 % de los hogares jóvenes en 2023.

Los altos precios, tanto de compra como de alquiler, hacen que los jóvenes tengan que realizar un gran esfuerzo para poder acceder a una vivienda. Los hogares menores de 25 años deben destinar 9,88 años de trabajo para adquirir una vivienda, siendo el colectivo con un mayor esfuerzo. Mientras, para optar a un alquiler, los jóvenes españoles deben dedicar el 50 % de su renta mensual, muy por encima del 30 % recomendado.

¿Qué se puede hacer?

En este escenario, los autores del informe proponen 30 medidas de mejora que las empresas, con independencia de su tamaño, pueden implementar para abordar los desafíos de los jóvenes. Entre ellas destacan la transformación de los procesos de selección y el aumento de la participación empresarial en la educación, con el objetivo de alinear las habilidades obtenidas con las demandadas por el mercado laboral.

Además, se sugiere innovar en los paquetes de compensación para apoyar a los jóvenes en la conciliación de la vida familiar y profesional. También se plantean medidas como el desarrollo de fórmulas público-privadas de construcción de viviendas asequibles o la participación empresarial en el diseño de las políticas educativas.