España endurece las exigencias LGTBI a las empresas mientras EE.UU. penaliza a quien las aplique

La decisión de Donald Trump de eliminar cualquier rastro de políticas woke del tejido empresarial contrasta con el endurecimiento de las exigencias LGTBI para las compañías españolas, que el próximo 10 de abril deberán tener un protocolo específico bajo riesgo de ser sancionadas.

El Real Decreto 1026/2024, que desarrolla la llamada ley trans, establece que las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar con «un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI», incluyendo un «protocolo de actuación» para los casos de acoso o violencia. En el caso de las empresas con menos de 50 trabajadores, su implementación será voluntaria.

El plan tiene que incluir cláusulas de igualdad de trato y no discriminación que contribuyan a crear «un contexto favorable a la diversidad y avanzar en la erradicación de la discriminación de las personas LGTBI», y las empresas estarán obligadas a proporcionar formación adecuada a los responsables de selección sobre acceso al empleo de personas LGTBI con criterios para garantizar un proceso de contratación «que priorice la formación o idoneidad de la persona para el puesto de trabajo, independientemente de su orientación e identidad sexual o su expresión de género».

Además, las empresas deben atender «a la realidad de las familias diversas, cónyuges y parejas de hecho LGTBI» garantizando el acceso «a permisos y beneficios sociales» sin discriminación por orientación sexual, e incluir en su régimen disciplinario infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual y la expresión de género.

Y no es un tema baladí. En caso de cometer alguna infracción relativa a la aplicación del protocolo, las empresas se enfrentan a multas que van desde los 200 a los 150.000 euros en caso de las más graves, que además pueden incluir sanciones complementarias como la supresión de subvenciones, la prohibición de acceso a ayudas públicas, el cierre del establecimiento e incluso el cese de actividad.

Marcha atrás

Frente al endurecimiento del Gobierno con las empresas españolas, se encuentra la decisión de las multinacionales estadounidenses de dar marcha atrás en sus Políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Desde hace meses, varias empresas –Con Google, Disney o Boeing– anunciaron la actualización de sus reglamentos para desmarcarse de la ideología woke para centrarse en sus líneas de negocio.

De hecho, todas las embajadas de Estados Unidos están poniéndose en contacto con sus proveedores locales para asegurarse que sus contratos cumplan con las últimas órdenes ejecutivas firmadas por Trump y no operen con programas que promuevan la diversidad, equidad e inclusión que atenten con las leyes federales

Esta decisión ha movilizado ya a varios miembros del Gobierno. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido a las empresas españolas «que no den un paso atrás» respecto a las políticas de diversidad, mientras que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado las exigencias de las embajadas estadounidenses de «flagrante vulneración».