Los mutualistas, en pie de guerra por el cambio de Hacienda en la devolución del IRPF de sus pensiones

La modificación del procedimiento de devolución de IRPF para pensiones mutualistas es «un grave atentado contra los derechos adquiridos», según la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que advierte que el cambio genera inseguridad jurídica y económica para miles de contribuyentes que presentaron sus solicitudes conforme a las instrucción de la Agencia Tributaria (AEAT).

A principios de 2024, la Agencia Tributaria reconoció el derecho de los pensionistas a reducir su base imponible del IRPF por las cotizaciones a antiguas mutualidades entre 1967 y 1978, lo que permitía una devolución del 25 % de la pensión correspondiente, y del 100 % para las cotizaciones previas a 1967. La AEAT habilitó un formulario para que los pensionistas solicitaran la rectificación de sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2019 a 2022.

No obstante, la Ley 7/2024 ha alterado los términos de la reclamación, invalidando todas las solicitudes pendientes no resueltas antes del 22 de diciembre de 2024. A partir de ahora, los afectados deberán reclamar año tras año entre 2025 y 2028, lo que supone «un perjuicio significativo y un incremento de trámites innecesarios».

Según la PMP, este cambio de criterio es una forma de «inducir» a los contribuyentes a actuar de manera determinada para luego invalidar sus acciones, lo que considera una aplicación retroactiva y restrictiva de la Disposición Final Decimosexta de la ley. Esta disposición, subraya la Plataforma, «atenta contra derechos previamente reconocidos por la propia Administración Pública», respaldados por sentencias judiciales. Además, señala una «clara discriminación» entre los contribuyentes en la misma situación, ya que la aplicación de criterios distintos para unos y otros genera un agravio comparativo y produce desigualdad.

El cambio en los plazos de devolución retrasa el proceso en, al menos, cuatro años lo que refleja una «falta de sensibilidad y edadismo institucional» por parte de la Administración y el Gobierno. Para muchos de los afectados, muchos de ellos de avanzada edad, «reiniciar el proceso y fraccionar las devoluciones genera incertidumbre y aumenta la carga burocrática, afectando a un grupo especialmente vulnerable». Para algunos, este retraso podría significar que nunca reciban la devolución que les corresponde.

Ante esta situación, la PMP insta al Ministerio de Hacienda a rectificar este «injusto» criterio y a buscar una solución que garantice la equidad y el acceso igualitario para todos los afectados. Asimismo, se une a las acciones del Defensor del Pueblo y a las reclamaciones de los sindicatos, que han iniciado contactos con el Gobierno para abordar este asunto.