La cesión del PSOE al independentismo con la inmigración y los mossos: un pacto sin Presupuestos y sin dinero
Los protagonistas de la aplicación de esta ley también han manifestado su incapacidad para llevarla a cabo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control, en el Senado.
Alguien podría pensar que el pacto de Junts con el Gobierno por el que la Generalitat asume las competencias de inmigración y fronteras garantiza el apoyo de los independentistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado. Y no es así.
Aunque unos y otros hayan reconocido que ese acuerdo está más cerca, la realidad es que donde surge un apoyo, otros se desmarcan. Quizá por eso ya han salido varios ministros diciendo que esos nuevos Presupuestos tampoco son muy necesarios y que «se puede llegar muy bien al final de la legislatura con ellos». Aquí cada día tiene su afán y su mentira.
Pero si los nuevos Presupuestos no están garantizados, tampoco la nueva ley orgánica que dinamita el artículo 149 de la Constitución. Las referencias de Junts y Carles Puigdemont a la «nación catalana» y su pugna con Alianza Catalana en cuestiones de inmigración, han añadido gravedad a unos pactos que serían imposibles de dirigir incluso para un partido tan desdibujado como el PSOE.
Pero hay más. Los protagonistas de la aplicación de esta ley también han manifestado su incapacidad para llevarla a cabo. Por un lado, los Mossos han reconocido que carecen de efectivos para asumir estas competencias. Por otro, los sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil han amenazado con llevar a los tribunales el acuerdo entre Junts y el Gobierno, pues no garantiza los puestos de trabajo ni la seguridad futura de los catalanes.La plantilla de los Mossos d´Esquadra está hoy integrada por 19.000 agentes. El compromiso de incrementarlos hasta los 26.800 en 2032 resulta un brindis al sol, según los propios mossos. «Todo es una ficción» han reconocido y lo dicen porque saben que, ni con unos Presupuestos Generales nuevos, salen las cuentas para anular la presencia de 1.715 policías nacionales en aeropuertos, en las brigadas de extranjería, en los puertos, y hasta en las fronteras. Ni tampoco para contratar a los nuevos 1.800 mossos. Han recordado también al efecto las dificultades que ya tienen para desarrollar su trabajo y las limitaciones de personal y medios con que cuentan.
Los 24.000 millones de inversión que Bruselas pide a España para rearmar Europa y llegar a los 800.000 millones no son cualquier cosa
Cuando alguien les ha dicho que estas cuestiones económicas tendrían fácil solución por parte del Ministerio del Interior, han recordado que también Fernando Grande-Marlaska les dijo que «no habría delegación de competencias en inmigración», afirmación que confirmó la portavoz del Gobierno Pilar Alegría cuando recordó que estas competencias eran «únicas y exclusivas» del Estado.
Incluso Pedro Sánchez que, en una entrevista a El País, se mostró tajante al recordar que «las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado». Pero bueno, con tal decir ahora que «esto no es así, no es así» podrían cambiar unos y otros de discurso y a otra cosa mariposa.
Por eso lo más complicado ahora es el dinero. Los 24.000 millones de inversión que Bruselas pide a España para rearmar Europa y llegar a los 800.000 millones no son cualquier cosa. Es lo que necesita nuestra Defensa con permiso, eso también, de todos los partidos de la investidura. Y eso habrá que verlo.