El 43 % del fondo para imprevistos se destina en realidad a defensa o al pago de sentencias judiciales

Cuatro de cada diez euros del fondo de contingencia, una herramienta diseñada para cubrir gastos imprevistos como los derivados, por ejemplo, de una DANA, no están yendo a donde debería.

Es la conclusión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en una opinión emitida este jueves alerta de que el 43 % del mismo ha ido, a lo largo de la última década, a partidas que no están relacionadas con perturbaciones imprevistas. Son, fundamentalmente, gastos dedicados a «operaciones de mantenimiento de la paz» o a la asignación tributaria para actividades de interés social, según detalla la AIReF.

El Fondo de Contingencia, contemplado en la Ley General Presupuestaria, es un crédito dotado por un importe equivalente al 2 % del gasto no financiero del Estado, consignado de manera separada en los PGE, para hacer frente a gastos imprevistos. Este crédito se incluye en una sección específica de los PGE y excluye el gasto destinado a la financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

«El uso discrecional del Fondo de Contingencia aumenta el riesgo de desviaciones y compromete la transparencia del presupuesto», denuncia el organismo que dirige Cristina Herrero. «Por un lado, reduce los recursos disponibles para afrontar riesgos fiscales, disminuyendo la eficacia del Fondo y aumentando el riesgo de desviaciones en la ejecución presupuestaria. Esto, a su vez, eleva la probabilidad de incumplir las reglas fiscales. Por otro lado, esta práctica genera una falta de transparencia en la elaboración de los PGE. Al no dotar adecuadamente estas partidas desde el inicio, el presupuesto aprobado no refleja fielmente el gasto real previsto», considera.

El organismo subraya además que el gasto en operaciones de mantenimiento de la paz, principal destinatario del Fondo de Contingencia, «no puede considerarse imprevisto y no discrecional». Prueba de ello es que la dotación inicial incluida en los PGE requiere sistemáticamente de modificaciones anuales de crédito, que promedian unos 900 millones, financiadas con cargo al Fondo de Contingencia». Pese a ello, esta partida se ha llevado el 33 % el total del fondo desde 2012, unos 11.500 millones de euros.

El gasto en sentencias ocupa el segundo lugar en la financiación del Fondo de Contingencia con un 14%. Durante los últimos 13 años, el gasto en sentencias representó el 14 % del fondo aplicado, lo que equivale aproximadamente a 4.900 millones. Le siguen en importancia los gastos derivados de catástrofes naturales y la pandemia de Covid, que se llevaron el 10 % del total, unos 3.400 millones.

Aumento de la dotación

El importe de este Fondo ha experimentado un fuerte aumento desde la pandemia del Covid- 19, impulsado, entre otras cosas, por las dotaciones para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde 2012, el importe de este fondo se había mantenido alrededor de los 2.500 millones. A partir de 2021, no obstante, con la llegada de la pandemia del Covid-19, el fondo se incrementó significativamente hasta rozar los 4.000 millones.

Desde entonces, se ha mantenido estable en esa cifra, reflejando, siempre según la AIReF, el aumento del gasto no financiero del Estado asociado a varios factores, como el mayor gasto derivado de la pandemia, la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otras políticas de gasto, como la progresiva financiación de los gastos impropios de la Seguridad Social.

47.200 millones en «riesgos medioambientales»

La opinión de la AIReF, centrada en los riesgos fiscales, ofrece una visión pionera en España sobre los riesgos más relevantes para las finanzas públicas. Incluye también un cálculo del impacto de los riesgos medioambientales desde 2005, que habrían supuesto un impacto a las arcas públicas de 47.200 millones de euros (incluyendo 35.745 por el Covid).

También incluye un cálculo del aluvión de sentencias judiciales adversas para el Estado en los últimos años: nada menos que 1.000 millones de euros al año para el periodo 2014 - 2023, marcado, según la AIReF, por el uso inadecuado del Real Decreto Ley, la extralimitación normativa y la omisión de advertencias de la Unión Europea. Entre los ejemplos más recientes, los relacionados con la anulación del tramo autonómico del impuesto sobre los hidrocarburos o la anulación de los cambios en el impuesto de Sociedades aplicados por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.