El Gobierno se prepara con Illa para la batalla de las nucleares

Alemania está dando marcha atrás. Algunas de sus nucleares –Nukem, Westinghouse, Urenco o Framatome– ya han dicho que es perfectamente posible reabrir las centrales que se cerraron entre 2021 y 2023. Si decidieran cambiar sus leyes, España se quedaría sola en Europa en su plan de cierre progresivo de las centrales hasta 2035. Tampoco son fáciles los cambios: el Gobierno añadiría otro problema con sus socios de Gobierno e investidura mientras que el PP ya propone, como primera medida, alargar la vida útil de las centrales en activo. Un debate que está generando también tensiones con las empresas eléctricas que llevan meses alzando su voz ante una singularidad que les perjudica notablemente.

Es bueno recordar que, como en el caso alemán, el desmantelamiento de las centrales nucleares no termina con su desconexión. Es un proceso que puede durar décadas. En España es Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) la responsable pública de llevar a cabo el desmantelamiento y de gestionar los residuos generados por las instalaciones. Y es precisamente la gestión y almacenamiento de residuos radiactivos uno de los problemas a largo plazo en España. Recordemos que, cuando se intentó construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) el debate político dio al traste con el proyecto. Mientras tanto, los residuos se siguen almacenando en depósitos temporales de las propias centrales.

Las eléctricas vienen avisando de que una retirada de la nuclear podría comprometer la estabilidad del sistema

Pero el problema energético sigue estando ahí. Es verdad que en España la generación eléctrica ha crecido mucho. En 2024, más del 50 % provino de fuentes renovables, principalmente eólica y solar, una cifra récord. Pero a pesar de ello, las empresas eléctricas vienen avisando de que una retirada de la energía nuclear podría comprometer la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en picos de demanda o en situaciones de baja producción renovable. Por ello piden una y otra vez la retirada del plan que se pactó en 2019 y la prolongación sine die de las centrales en activo.

A este debate que se ha sumado el PP al presentar una proposición de ley en el Parlamento que solicita ampliar la vida útil de las centrales nucleares. El contexto geopolítico y comercial incierto y las tensiones en los mercados energéticos son el argumento de la oposición que, en ningún caso quiere prescindir de la energía nuclear y aunque la propuesta aún no cuenta con los apoyos necesarios, podría muy recabarlos con el argumento de garantizar la autonomía energética del país.

Mientras tanto, el Gobierno sigue a lo suyo y ha excluido la energía nuclear del nuevo sistema de ayudas al mercado de capacidad impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica de la desconocida vicepresidenta tercera Sara Aagesen. El Ministerio no solo ha descartado a las nucleares del sistema de incentivos, una decisión que desde el sector consideran una «penalización indirecta» sino que aseguran que ya se han reunido en varias ocasiones con los responsables de las eléctricas para hablar de estas ayudas y también la posible prolongación de la vida de las nucleares. Pues bien, a pesar de tanta reunión —dice el Ministerio—, no ha habido ninguna propuesta concreta de las eléctricas sobre la ampliación del calendario de cierre, ni sobre Almaraz, la primera en cerrar, ni tampoco sobre la petición de las eléctricas sobre beneficios fiscales a los costes de gestión de residuos. El Ministerio también ha sido tajante en el no traspaso de los costes de los residuos a los consumidores.

Galán ya ha advertido que el cierre de las nucleares podría disparar el precio de la electricidad un 25 % y un 30 %.

Quizá por eso Iberdrola acaba de mover ficha y presentar una demanda contra Enresa en la que reclama 324 millones de euros por el incremento del 30 % en la tasa de gestión de residuos aprobado en junio de 2024. Según la eléctrica, esta subida vulnera el acuerdo firmado en 2019. La demanda tampoco ha sido el único movimiento de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán, su presidente, ya ha advertido que el cierre de las centrales nucleares podría disparar el precio de la electricidad un 25 % y un 30 %. Y no era ninguna amenaza, sino que venía amparada en un informe de la consultora PwC.

Lo que tampoco es una amenaza, sino una fecha muy concreta es que en octubre de este año deberían presentar las eléctricas propietarias de Almaraz —Iberdrola, Naturgy y Endesa— una propuesta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) si quieren evitar el cierre en noviembre de 2027 de la planta. Mientras el Gobierno recuerda que no hay consenso entre las eléctricas; desde una de ellas señalan que después de esta Semana Santa tendrán lugar una reunión que trasladará al CSN una prórroga de funcionamiento de los dos reactores de Almaraz. ¿Qué hará entonces el Gobierno? Pues de momento ya ha empezado a mover ficha Aagesen y ha decidido renovar el órgano de gobierno del Consejo de Seguridad Nuclear excluyendo al PP e incorporando como consejera a Silvia Calzón, que fue secretaria de Estado de Sanidad con Salvador Illa. ¡Siempre aparece Illa!

Pero esta vez la batalla de las nucleares no la va a determinar Illa sino Europa. Quedarse aislado sería caro, muy caro para España.