Las editoriales ajustan cuentas con el Gobierno y las comunidades: «El cambio curricular conlleva inversiones millonarias»

La implantación del primer año de la ley Celáa no ha sentado bien al sector educativo, que ha criticado la incertidumbre ante el nuevo modelo competencial y los retrasos que han llevado a que muchas comunidades no tuvieran listos los currículos regionales. Esta cuestión ha afectado especialmente a los editores, que sacan pecho por haber llegado a tiempo mientras ajustan cuentas con los responsables políticos: «El hecho de no contar con unas líneas comunes de consenso acaba convirtiendo a la comunidad educativa en campo de batalla del juego político».

La situación ha sido kafkiana. A primeros de septiembre, cuando los profesores se incorporan a sus puestos de trabajo, todavía Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco no habían aprobado los currículos que desarrollan los contenidos de la LOMLOE. El resto, en la mayoría de los casos, comenzaron a publicar los de Secundaria y Bachillerato –los más polémicos– a partir de mediados de julio.

Ante esta situación, los editores han tenido que hacer malabares para tener listo el material. José Moyano, presidente de la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) comenta a El Debate que un cambio curricular «conlleva inversiones millonarias por parte de las editoriales».

«En este caso, no es tanto un incremento económico como consecuencia del retraso como el hecho de que este retraso ha obligado a un gran esfuerzo de planificación logística. Es el principal problema con el que las empresas editoriales se están encontrando», afirma Moyano, que asegura que el sector está preparado para cubrir la demanda de libros adaptados a la nueva normativa.

Esta asociación acaba de publicar la última actualización sobre El libro educativo en España, un informe en el que hace un repaso de la situación del sector en España y que ha sido especialmente crítico con los dirigentes políticos por carecer de «unas líneas comunes de consenso» que han acabado por convertir a la comunidad educativa «en el campo de batalla del juego político».

Este documento señala que la nueva legislación otorga un alto nivel de autonomía a las CC.AA. para el desarrollo de los currículos, lo que no impedía que hubiera existido cierto nivel de acuerdo. Sin embargo, «estas buenas intenciones chocaron con la realidad. Como se ha podido comprobar posteriormente al publicarse los borradores y los textos finales, se ha producido el rechazo de las algunas comunidades».

«Además, tampoco se ha conseguido el propósito de disponer de los currículos con el tiempo suficiente como para que pudieran ser conocidos y asumidos por la comunidad educativa. Y esto ha sido así, en primer lugar, porque el Ministerio se demoró más de lo previsto en la elaboración de sus Reales Decretos. Si bien es cierto que desde el mes de agosto de 2021 fueron compartiéndose los borradores con las Comunidades Autónomas, la comunidad educativa y el sector editorial, no fue hasta el 2 de febrero cuando se publicó el Real Decreto que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Infantil. En abril se publicó el Real Decreto de Bachillerato, a escasos cinco meses para su entrada en vigor», denuncia el informe.

El riesgo de los borradores

Los sindicatos educativos llevan semanas protestando por la incertidumbre que provoca trabajar con los borradores de los currículos e incluso ANPE llegó a calificar de «hasta ilegal» publicar las programaciones con los preliminares.

Y es que cualquier cambio –cuatro de las comunidades que no han publicado los currículos están gobernadas por el Partido Popular– podrían obligar a las editoriales a cambiar todos los contenidos. Moyano, al respecto, quita hierro y asegura que las editoriales cuentan con mecanismos para actualizar los materiales.

«En caso de se produjeran cambios en los textos, se haría una actualización que se pondría a disposición del profesorado y del alumnado lo más rápido posible. Lo que hemos visto hasta ahora es que, en la mayoría de los casos, no ha habido grandes cambios con respecto a los borradores con los que hemos trabajado», apunta.

Sistema de ayudas desigual

Al igual que el desarrollo del currículo se ve afectado por la trasferencia de competencias, las políticas de ayudas a las familias generan unas importantes desigualdades entre las distintas comunidades ya no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades de acceder a los mismos recursos.

Los diferentes calendarios de renovación de los libros y su distinto nivel de obsolescencia contribuyen a la desigualdad de oportunidades educativas de los alumnos. Por eso el sector educativo ha pedido al Ministerio que trabaje en el desarrollo de un programa de ayudas a las familias común para todas las comunidades que defina a quién debería beneficiar, cuándo y cómo, y establecer los recursos económicos para garantizar la equidad.