El descenso de la natalidad desata la guerra entre la privada y la concertada

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) presentaron un durísimo estudio sobre los precios de los colegios concertados en el que denunciaba que el 87 % de estos centros cobran una cuota base «en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que establece la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos».

Elaborado por la consultora Garlic B2B, el documento señalaba «una deficiencia estructural de transparencia en la comunicación a las familias» por la dificultad para obtener documentación que indique con claridad los pagos que se exigen, los conceptos que se cobran o el horario de las actividades complementarias.

Según el estudio, en el 77 % de los centros que cobran cuota no existe voluntariedad «y se detectan discriminación de alumnos en el 15 % de los casos, cuando el impago implica que el estudiante no asista a las actividades».

La presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, ha criticado a las administraciones por «mirar para otro lado mientras se hacen grandes negocios en torno al derecho a la educación del alumnado».

Elena Cid, directora general de CICAE, ha señalado que, «con la excusa de la infrafinanciación», en realidad se esconde «una gran variedad de prácticas irregulares en los colegios sostenidos con fondos públicos».

«Existen muchas concertadas dentro de la concertada, hay una parte que incumple lo acordado en el concierto educativo y recibe una doble financiación pública y privada cobrando cuotas elevadas, mientras que hay otros centros que no las exigen o son muy reducidas», ha añadido.

Este estudio ha sentado muy mal a la concertada, que acusa a la privada y la pública –CICAE defiende la enseñanza privada mientras que CEAPA hace lo propio con la pública– de hacer una «pinza» contra ellos con el objetivo de «eliminar la competencia que supone la enseñanza concertada en un momento de descenso de natalidad».

Escuelas Católicas ha comentado que «si estas organizaciones tienen información fidedigna de presuntos incumplimientos legales, deben ponerlo en conocimiento de las autoridades educativas» y recuerdan que el derecho de donación está reconocido en la Constitución.

Las becas de Ayuso

Fue Isabel Díaz Ayuso la que inició involuntariamente esta particular guerra entre la pública y la privada por un lado, y la concertada por otro, cuando anunció el aumento del límite salarial para la concesión de ayudas a la educación.

Entonces, la concertada señaló que las becas debían ser un complemento para mejorar la libertad de enseñanza, pero no un sustituto de los conciertos educativos que son los que permiten la elección de determinados centros de iniciativa social.

El sostenimiento económico de un aula pasa porque tenga 30 alumnos por lo que, si hay menos alumnos, se les cobraría una cuota a los becados estableciendo un copago y eliminando la gratuidad de la plaza.

CICAE, por su parte, aseguró que menos del 20 % de las familias habían podido solicitar la beca para acudir a sus colegios, lo que demostraba que el principal destinatario es el alumnado de la concertada, que permite cobrar a las familias cuotas por enseñanza en etapas obligatorias que ascienden a más de 1.500 euros anuales de media.

«Este hecho es discriminatorio y está fuera de la legalidad, pues la Educación ha de ser gratuita en colegios sostenidos con fondos públicos. Extender el concierto a Bachillerato, como demanda, serviría para continuar con esta doble vía de financiación, la de la administración que cubre todos los gastos y la que se exige como copago a las familias», agregaron.

Bajada de la natalidad

Lo cierto es que este conflicto es una consecuencia de la fuerte bajada de la natalidad en nuestro país que ha provocado que, por primera vez en veinte años, el curso académico haya comenzado con menos alumnos. Esta caída ha sido especialmente significativa en los ciclos de Infantil y Primaria.

El INE calcula que, de aquí a 2030, la población del segundo ciclo de Infantil y Primaria caerá un 18 %, lo que provocará una reducción drástica de las ratios que afectará a los centros privados y concertados, que ya han comenzado la guerra para repartirse un pastel cada vez más pequeño.