Subirats se posiciona a favor de la politización de la universidad: «La sociedad no es neutral»

La nueva ley de universidades contempla, entre las funciones de los claustros, «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia». Todo un golpe al sistema de flotación de la neutralidad universitaria ya que, no en vano, fue presentada por los socios independentistas del Gobierno. Ahora Subirats, que en su momento negó la mayor, defiende ahora que los centros «reflejen la diversidad ideológica de la sociedad» que «no es neutral ideológicamente».

«Es importante que la universidad refleje la diversidad ideológica de la sociedad y la sociedad no es neutral ideológicamente, hay opiniones de todo tipo», ha comentado el ministro en una entrevista a Europa Press. Para Subirats, la universidad aspira a ser «un foro de debate, de discusión y de contraste de ideas. Que haya muchas ideologías presentes caracteriza la idea de universidad», ha añadido.

Lo cierto es que esta enmienda ofrece en realidad una patente de corso para aquellos centros, especialmente en Cataluña, que abandonaron la neutralidad ideológica hace tiempo. El Supremo y el TSJC fallaron en contra de varias universidades catalanas que en 2019 firmaron el Manifiesto conjunto de las universidades catalanas en rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y la judicialización de la vida política.

Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señaló que la Universidad de Barcelona –también fueron condenadas la Politécnica de Cataluña y la Pompeu Fabra– había roto «con la neutralidad ideológica o política que se espera de una universidad», suponiendo «una vulneración a la libertad ideológica y de expresión».

Estos centros llevaron el caso al Supremo que concluyó que la universidad pública «como administración pública institucional y, dentro de las mismas, el claustro universitario como órgano de gobierno representativo de una comunidad universitaria plural, no puede adoptar acuerdos que se tengan como voluntad de la universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la universidad y que dividen a la ciudadanía».

Pero estas sentencias no han amilanado a estos centros, que recientemente firmaron otro manifiesto mostrando su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo que exige la implementación del 25 % de las clases en castellano. Y todo ello en un clima de persecución de estudiantes constitucionalistas en los campus catalanes bajo la condescendencia de los claustros.

Esta carta blanca para los nacionalistas catalanes ha sido contestada por miles de profesores y catedráticos de toda España, que recientemente firmaron una carta en contra de la medida. Incluso el socialista Emiliano García-Page calificó de «grave» el asunto.