La LOSU: más que un apaño, un paso atrás

La LOSU –ley orgánica del sistema universitario–, va a suponer un nuevo fracaso en la regulación de la universidad española; otra norma que ha vuelto a dejar descontentos a todos. Una ley debe analizarse no solamente por lo que regula, sino también por lo que deja de regular habiendo tenido la oportunidad de hacerlo. La norma ha evitado afrontar la regulación de las grandes cuestiones pendientes de la universidad española, ha escurrido el bulto, no ha querido plantar cara a las enormes resistencias internas con las que se iba a encontrar. En lugar de eso, se ha limitado a pequeños retoques, algunos desiderátums o brindis al sol, y a plantar algunas semillas con potencial malignidad, tanto para el ejercicio de derechos fundamentales, como para el ejercicio de la sana competencia.

Probablemente, unas de las novedades más conocidas sea la relativa al cargo del rector en las universidades públicas; la norma por un lado ha establecido la regla de un solo mandato por un periodo de seis años, y por otro ha hecho desaparecer el requisito de tener la condición de ser catedrático para poder optar por este puesto, para sustituirlo por el de: ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos. Es decir, ni siquiera se exige pertenecer a los cuerpos de funcionarios de las universidades españolas, tener, al menos, la condición de ser profesor titular. Disposición esta última que ha soliviantado a los rectores de las universidades españolas. Sobre esta cuestión entraremos un poco más adelante.

Si de algo no se ha pecado en España es de diagnosticar a la universidad, otra cosa muy distinta ha sido el establecimiento de tratamientos, y otra más distinta todavía, el de la aplicación de alguno de ellos. Los diagnósticos más relevantes se han recogido en los informes promovidos por el propio gobierno a través de comisiones de expertos bajos signos políticos diferentes; el primero de ellos fue el llamado informe Bricall (Informe universidad 2000), al que siguió el informe Tarrach de 2011 (Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana) , y el Wert de 2013 (Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español). Mucho más recientemente nos encontramos con la hoja de ruta elaborada por la OCDE para conseguir la aproximación entre la universidad, y otros organismos públicos de investigación con el tejido empresarial español. Esta hoja de ruta (Roadmap to foster public research-business collaboration in Spain), fue encargada por el propio gobierno español a través de los ministerios de universidades e innovación a la UE, quien a su vez pidió la colaboración a la OCDE.

La cuestión de la gobernanza de las universidades públicas estriba no sólo en que se utilice el sistema democrático en exceso, sino en que además no se trata de una democracia real,

Pues bien, de todos estos informes, amen de cientos de opiniones doctrinales, se desprende que los grandes males de la universidad pública española se concentran en la gobernanza, la financiación –no sólo por la insuficiencia de la cuantía, también, y mucho, por la falta de eficiencia–, en la desconexión con la sociedad y el tejido empresarial, y en la falta de internacionalización. Desgraciadamente, la gran mayoría de informes y análisis se olvidan de otra misión muy principal de la Universidad: el de formar a personas cultas en el sentido de lo descrito por José Ortega, Karl Jaspers, John Henry Newman, o el propio Ángel Herrera Oria; personas conocedoras de la cultura de su tiempo, con altura de miras y generosidad, y que estén dispuestas a sacrificar carreras profesionales más lucrativas por su servicio al bien común.

Salvo algunas medidas pro-internacionalización, y las leves reformas relativas a la figura del rector, ninguna de estas cuestiones se afronta en la LOSU de modo decidido. Antonio Abril, presidente del Consejo Social de la Universidad de la Coruña, y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCSU), centra en el problema de la gobernanza el origen del resto de los males de las universidades públicas españolas. En su muy fundada opinión, la cuestión de la gobernanza de las universidades públicas españolas estriba no sólo en que se utilice el sistema democrático o asambleario en exceso, sino en que además no se trata de una democracia real, sino de una democracia meramente corporativa. Si las universidades de titularidad pública son financiadas mayormente por la sociedad, y lógicamente debe servir a los intereses de ella en su totalidad, y no solamente de las personas que hacen uso de ella, o trabajan para la misma, no puede ser que sea gobernada únicamente por los llamados colectivos universitarios, PDI, PAS y alumnos, especialmente por los primeros, que han patrimonializado la universidad, y por ello se van a resistir como fieras a cualquier cambio que debilite su situación. Como de leve mejoría podemos calificar el único nuevo mandato del rector de sólo seis años, al menos no tendrá que estar un primer periodo de su mandato dedicado a contentar a sus futuros votantes. Si embargo, el problema del modelo de gobernanza de la universidad española: asambleario, corporativo y endogámico, va mucho mas allá de esto. De los países miembros de la OCDE, solo el italiano se parece un poco al nuestro, el resto, muchos de los cuales se han transformado en los últimos años, poseen modelos de gobernanza muchos más agiles y operativos.

Los borradores de la LOSU de Castells atisbaron la posibilidad de un cambio de un sistema de gobernanza, para que un órgano nuevo universitario en la que tuviera mayor representación la sociedad designará directamente al rector, pero ante la furibunda reacción de los rectores dicho proyecto se retiró, y se ha conservado el modelo de elección por el voto ponderado de los distintos colectivos universitarios. Una nueva ocasión perdida.

Según Antonio Abril esta gobernanza corporativa provoca endogamia universitaria, repliegue hacia sí mismo, aislamiento y por lo tanto desconexión con el tejido empresarial español, y tal afirmación la justificó el presidente del CCSU en una conferencia impartida en septiembre de 2022 para la Fundación Independiente, en la que contrastó los datos de la producción investigadora de las universidades españolas que la sitúan en el puesto 11º mundial, con un 3,5 % de la producción investigadora mundial, con el puesto que ocupan las universidades españolas en el ranking de talento y competitividad, en el cual se ocupa el puesto 33, diferencia que el atribuye a su aislamiento del tejido empresarial español, que hace el que, de las empresas españolas que investigan, aproximadamente el 20 % del total, solo el 9 % de ellas manifiestan que lo hacen junto a las universidades españolas. La universidad española tiene talento, eso no se puede negar, pero sobre todo está enfocado a la publicación, y en mucho menor medida a la transferencia de conocimiento a la sociedad y a la innovación de sus empresas.

Como asevera el señor Abril todo cambiaría si el gobierno de la universidad residiera en un órgano nuevo que tuviera la representación mayoritaria de la sociedad, que eligiera directamente al rector entre profesionales de cualquier parte de mundo con acreditada solvencia, en virtud de un principio de meritocracia, y dándole capacidad al rector para designar sus equipos, incluidos los decanos y jefes de departamentos, con el fin de evitar que cada decisión deba ser motivo de complejas negociaciones muy ralentizadoras. Pues bien, a pesar del peso de informes y opiniones sobre lo nocivo de este sistema de gobernanza, la LOSU, en lugar de haber dado algún paso adelante, los ha dado hacía atrás, ya que ha limitado todavía más la función de los Consejos Sociales –órgano por excelencia de representación de la sociedad en la universidad pública–, que ya no eran prácticamente otra cosa que órganos meramente ratificantes, y además los ha politizado –como sucede con todo últimamente–, dado que obliga a que los miembros de estos órganos sean elegidos por asambleas de la CCAA, cuando antes se elegían por los distintos agentes sociales directamente.

• Fernando Lostao Crespo es abogado, doctor en Derecho y director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria