Milei logra imponer su veto a la financiación de universidades públicas

El presidente de Argentina, Javier Milei, logró este miércoles mantener su veto a la ley de financiación de la educación universitaria pública, profundizando el conflicto con estudiantes, profesores y sindicatos. A pesar de los esfuerzos de la oposición por revertir la decisión presidencial, la Cámara de Diputados no consiguió reunir los dos tercios necesarios para anular el veto. Milei contó con el respaldo clave del partido opositor Propuesta Republicana, liderado por el expresidente Mauricio Macri, en una votación crucial para su gobierno, que continúa con una política de ajuste fiscal drástico.

La ley vetada por Milei había sido aprobada por el Congreso en septiembre y estipulaba que los fondos asignados a las universidades públicas deberían actualizarse según la inflación, que en agosto alcanzó un alarmante 236,7 % interanual. Además, proponía una recomposición salarial para los docentes, también vinculada a la variación inflacionaria. El mandatario vetó la ley el 3 de octubre argumentando que implicaría un incremento insostenible del gasto público, afectando el plan de ajuste que busca equilibrar las cuentas del Estado.

«El impacto de esta ley sería superior a los 1,5 billones de pesos, lo que comprometería gravemente el objetivo de estabilidad fiscal que perseguimos», justificó la diputada oficialista Juliana Santillán Juárez Brahim, una de las voces que defendió el veto en el debate parlamentario.

Sin embargo, la comunidad universitaria rechaza categóricamente esta medida, advirtiendo sobre las consecuencias negativas que tendrá en el acceso a la educación superior, gratuita en Argentina desde 1949. Profesores, estudiantes y personal administrativo han protagonizado manifestaciones masivas en contra de la decisión presidencial. En los últimos días, varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han sido tomadas por los estudiantes, sumándose a protestas en otras universidades del país.

Leandro Santoro, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), criticó duramente el veto, señalando que «están recortando sobre uno de los pocos sectores que aún funcionan bien en Argentina. El ajuste no solo es fiscal, sino que está afectando los sueños y oportunidades de millones de jóvenes». Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la ley representaba solo el 0,14 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que los detractores del veto consideran que no era un riesgo significativo para las cuentas públicas.

El veto presidencial, que ya es el segundo que Milei consigue mantener en pocos meses, ha desencadenado una nueva ola de protestas. El pasado septiembre, el mandatario había vetado una ley que modificaba las fórmulas de actualización de las jubilaciones, otra medida que generó malestar en amplios sectores sociales.

Tras la confirmación del veto, la tensión en las calles aumentó. Este miércoles, miles de manifestantes se congregaron frente al Parlamento argentino para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno, lo que derivó en enfrentamientos con militantes del oficialista La Libertad Avanza. Las fuerzas de seguridad, con un fuerte operativo antidisturbios, respondieron con camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

Los sindicatos universitarios, en respuesta a la ratificación del veto, han convocado a una huelga general para el jueves, mientras que las tomas de facultades continúan expandiéndose.

La magnitud del conflicto también está vinculada a la importancia histórica de la educación universitaria pública en Argentina. Con 57 universidades nacionales, en las que estudian casi dos millones de personas, el sistema educativo ha permitido que millones de jóvenes accedan a una formación superior que, de otro modo, no podrían costear.