El acierto político. Un gran desafío para la educación española

La calidad del liderazgo en la dirección de las organizaciones hace tiempo que se ha revelado como uno de los factores críticos de su grado de éxito. En el sector educativo, las evidencias al respecto, en el ámbito de los centros escolares, se han venido acelerando a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, cuando se eleva el plano de análisis para situarlo en el propio del sistema educativo en su conjunto, se advierte que no se han generado, por el momento, evidencias empíricas sobre la intensidad de la asociación entre la calidad de la dirección política y el rendimiento escolar del sistema.

Pero es preciso advertir que, en el análisis del impacto de este tipo de factores de influencia, se han de tomar en consideración no solo la intensidad de la relación, sino también su extensión; esto es, la cantidad de sujetos que, en cascada, se ven afectados por la acción en la cúspide de ese factor primario. En este último caso, la cuestión es tan obvia que no requiere de ningún tipo de investigación. La acción de gobierno de los sistemas educativos se propaga de arriba a abajo y recorre todos sus escalones intermedios hasta alcanzar a sus últimos destinatarios, los alumnos.

El capital de capacidades acumulado para el desempeño de la acción política constituye un factor esencial que condiciona fuertemente su grado de éxito. Sin embargo, y como ha subrayado Ben Levin —prestigioso académico que fue Ministro de Educación de la provincia canadiense de Ontario—, a menudo no se toma en consideración la enorme presión que el sistema político ejerce sobre sus líderes y se infravalora sus exigencias en cuanto a las capacidades requeridas. Y es que el acierto en la gobernanza del sistema educativo en una sociedad democrática constituye una cuestión intrínsecamente difícil.

Existen múltiples factores que explican esa especial dificultad, algunos de los cuales se describen a continuación. En primer lugar, y como subrayó el político francés François Bayrou —Ministro de Educación Nacional en el gobierno de cohabitación (1993-1997) de Édouard Balladur con François Mitterrand—, la educación afecta a todo el cuerpo electoral, pues todos los ciudadanos tienen, de uno u otro modo, hijos, hermanos pequeños, nietos o sobrinos escolarizados en el sistema. Esta reflexión tan evidente hace de la educación y de su gobierno un objeto relevante de interés político.

Pero justamente a consecuencia de lo anterior, la educación está cargada de afectividad, por efecto, cuando menos, de esos vínculos familiares que generan sentimientos de protección y elevadas expectativas sobre el futuro individual de los alumnos. Ello hace de la educación una cuestión opinable desde ópticas muy diferentes, y produce un ruido de fondo que es inherente a la gestión del sistema en su conjunto.

Por otra parte, y como advirtió el reputado sociólogo francés Jacques Lesourne «la educación es una zona de conflictos». Conflictos potenciales entre alumnos y profesores; entre profesores y Administración; entre los agentes sociales, o de estos con los diferentes niveles de gobierno; etc. Es precisamente por ello por lo que la educación constituye un terreno especialmente abonado para ocasionar conflictividad política y dificultar la acción de los gobiernos.

Además, en la educación se contrapone, con frecuencia, una visión parcial con otra global, de modo que conciliar ambas visiones —una propia de actores más directamente vinculados con las realidades concretas, y la otra, captada desde un plano más alto, que es característica de los máximos responsables— constituye una misión difícil que requiere habilidades notables de análisis, de comprensión y de implicación personal.

A la vista de lo anterior, la importancia de acertar en la designación de los responsables de la gobernanza del sistema educativo a menudo se trivializa, tanto por el lado del que ha de designar, como por el lado del designado. Se ignoran así, por una parte y por la otra, las amplias capacidades personales que requiere el acierto en educación.

De una forma sintética, cabe especificar aquí cinco de dichas capacidades personales que constituyen requisitos imprescindibles del acierto político: (1) Un conocimiento experto de alto nivel, que se sustancia en una visión clara y fundada de hacia dónde se quieren orientar las reformas, así como de un conjunto de vías alternativas para conseguirlas; (2) una capacidad de liderazgo de equipos humanos que les dote de un impulso alineado con el logro de las metas; (3) una capacidad de comunicación de sus ideas a la sociedad que se apoye en argumentos racionales consistentes y se transmita con convicción; (4) una capacidad de negociación que repose tanto en cualidades personales, de empatía en sus relaciones con los otros, como en un conocimiento claro de cuáles son los límites que no se pueden franquear sin desnaturalizar la política o la reforma que se pretenda desarrollar; y (5) un reconocimiento social previo, en su ámbito de competencia, que otorgue al alto cargo esa auctoritas deseable y que, por encima de la potestad asociada a su posición, se constituirá en un capital político inicial de incalculable valor.

Invito al amable lector a que, sobre la base de esta suerte de rúbrica, evalúe a los políticos responsables de la educación que conozca o que haya conocido en España, y extraiga sus propias consecuencias. Yo, por mi parte, concluiré afirmando que el acierto político no es algo casual; cuando se amplía la mirada al plano internacional se aprecia que aquellos que han logrado el éxito en su gestión gozaban de estos atributos.

• Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado