El Supremo lamenta la «falta de colaboración» de sus colegas europeos en la entrega de Puigdemont

Desde que por tercera vez, este martes, un juez europeo competente para decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont a España –en esta última ocasión tras ser detenido en el aeropuerto de Alghero (Cerdeña)– resolviese dejar al expresidente catalán en libertad, a la espera de que dos de los principales tribunales de la UE se pronuncien sobre su inmunidad como eurodiputado, el entorno separatista ha vuelto a la casilla de salida en su relato crítico contra el Supremo y el juez instructor del caso en España, el magistrado Pablo Llarena. Así las cosas, fuentes del Alto Tribunal lamentan las escasas ganas de sus colegas europeos de «meterse en el caso y colaborar».

El hecho de que el posicionamiento explícito del Gobierno a favor de «arreglar» el problema que hay en España –y, advierten, en el resto de países de Europa atenazados por reivindicaciones independentistas– pase por condicionar la situación judicial de Puigdemont entremezclando intereses políticos, con los argumentos meramente jurídicos, «no ayuda» en absoluto a la causa. El propio indulto concedido por Pedro Sánchez a los sediciosos catalanes ya condenados por el Supremo, tampoco.

Resulta difícil encajar en el imaginario de los colegas europeos del juez Llarena una entrega de Puigdemont para ser juzgado por hechos por los que los demás sediciosos ya están en la calle

Tal es así que las mismas fuentes del Alto Tribunal consultadas por El Debate apuntan a la dificultad de encajar en el imaginario colectivo de los jueces europeos que Puigdemont regrese a España «para ser juzgado» e, incluso, ingresar en prisión, «cinco años después de los hechos y con los demás condenados en la calle».

Por todo ello, en el Supremo no ha sorprendido el hecho de que la defensa de Puigdemont haya buscado, nuevamente, refugiarse en el paraguas europeo para anticiparse a la decisión de la Corte de Apelación sarda sobre su detención. Que el cabecilla político del referéndum ilegal del 1-O intentase «ganar tiempo con una nueva vista para que el Tribunal General de la unión Europea (TGUE) adopte la medida cautelar de suspender la retirada de la inmunidad», entraba en sus previsiones.

Los palos en las ruedas de la Abogacía

El propio juez Pablo Llarena se veía obligado a rectificar a la Abogacía General del Estado ante las autoridades italianas y dejaba claro que la euroorden de detención y entrega contra el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, no está suspendida. Hoy mismo el Tribunal Constitucional ha confirmado dicha vigencia en una resolución de rechazo al recurso presentado por su defensa contra la decisión de Llarena de reactivarla tras conocer que la Eurocámara aprobaba el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Llarena remitió un oficio, con fecha 29 de septiembre, al representante de España en Eurojust para que éste, a su vez, lo trasladase al tribunal de apelación de Sassari en Cerdeña (Italia) con el auto en el que se acordaba la prisión provisional del expresidente catalán fugado y con el que sustentó la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él.

En dicho escrito, el magistrado instructor de la causa del procés no sólo ampliaba la información relativa al expediente de solicitud de entrega de Puigdemont, indicando que según ratificó el propio Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado 30 de junio, en la actualidad carece de inmunidad parlamentaria, sino insistiendo en que la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que pesa sobre él, continúa vigente. El incidente de la cuestión prejudicial planteado por Llarena ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no afecta.

La revancha de Pedro Sánchez 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era el encargado de defender en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Bruselas, el pasado mes de mayo, ante innumerables medios de comunicación internacionales, el indulto que, por aquel entonces, planeaba su Ejecutivo y que ha llevado a término pese a las reticencias de la mayoría de la sociedad y el informe negativo del tribunal sentenciador, el Supremo.

"La venganza y la revancha no son valores constitucionales", aseguró Sánchez en un ejercicio de pedagogía política que trataba de allanar el camino a sus propósitos. Un borrón y cuenta nueva en la apuesta de Moncloa para «normalizar» la relación con Cataluña que está lastrando y «comprometiendo seriamente» la credibilidad y la independencia del Supremo español en la causa judicial contra Puigdemont.