El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, en la terminal del aeropuerto Tenerife Norte
Rodríguez pide al Supremo la suspensión de su condena y acusa a Batet de intromisión
Afirma que actúa «a espaldas de la Mesa del Congreso» para «dar satisfacción a Vox»
El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente la ejecución de su condena por inhabilitación en un escrito en el que carga contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por invadir competencias con la retirada de su escaño.
Rodríguez ha remitido un escrito al alto tribunal, al que ha tenido acceso Efe este martes, en el que deja constancia de que, aunque su sentencia es firme, todavía le queda batalla legal, dado que puede presentar un incidente de nulidad contra la resolución -como ya ha anunciado que hará- o acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
El Supremo condenó a un mes y quince días de prisión, que sustituye por una multa de 540 euros, y a una pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese tiempo a Rodríguez por un delito de atentado a agente de la autoridad por dar una patada a un policía nacional en una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).
Además de la «suspensión provisional» de la ejecución de la sentencia, el exdiputado pide subsidiariamente que el Supremo «inste y advierta» a Batet a que ejecute la pena «en los mismos términos» que estableció la Sala y sin realizar «ninguna modificación».
El abogado de Puigdemont
Los nuevos letrados de Rodríguez, Isabel Eibal y Gonzalo Boye (abogado de Carles Puigdemont), cargan duramente contra Batet, a quien acusan de actuar con arbitrariedad y arrogarse «competencias propias y exclusivas» del Supremo para sustituir la inhabilitación por «una de privación del acta de diputado, que, entre otras cosas y no estando prevista en el ordenamiento penal, resulta ser de mayor intensidad y duración que la establecida».
Critican que la ejecución de la sentencia «que se ha comenzado ha sido transformada por parte de autoridades sin potestad jurisdiccional» con «evidente invasión de competencias y desapego al principio de separación de poderes» y afirman que Batet «acordó modificar la sentencia (...) siguiendo, y asumiendo como propia, la petición» de Vox.
También la acusan de actuar «a espaldas de la Mesa del Congreso» para «dar satisfacción a Vox» al «desoír» un informe de los letrados de la Cámara.
- Consideran que la sentencia deberá ser ejecutada, pero «en sus justos y precisos términos sin que quepa transformar la pena de "inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena" por una que conlleve la pérdida del escaño» de Rodríguez.
«Perjuicio irreparable»
En su escrito, Rodríguez reprocha que se haya comenzado a ejecutar la sentencia (con la pérdida del escaño) sin darle oportunidad de agotar las posibilidades que la ley le ofrece, una decisión que le «priva» de su derecho a un «remedio efectivo».
Por ello, «teniendo presente la duración de la pena impuesta y, sobre todo, las consecuencias permanentes -en materia de perjuicio irreparable- que de su ejecución se desplegarían, parece razonable suspender la ejecución de esta en tanto en cuanto se puedan ejercitar los mecanismos sanadores que aún caben».
Ese «perjuicio irreparable» se produciría porque, aun en el caso de que pidiese «tutela cautelar» al Tribunal Constitucional, «parece claro» que para entonces la inhabilitación ya se habría ejecutado íntegramente.
