El Ministerio silencia a los afectados por la Ley de Vivienda usando una treta legal

El Gobierno quiere silenciar el debate en torno a la Ley de Vivienda pese a la enorme contestación que está recibiendo por parte de propietarios, inquilinos, administraciones...unos porque la consideran excesiva, otros porque la creen insuficiente. No en vano al PSOE y Unidas Podemos les ha costado más de un año de llegar a un punto de encuentro.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de una ley que está levantando ampollas, puesto que abre la puerta a obligar a los grandes tenedores (los que poseen diez viviendas o más) a bajar el precio de los alquileres o congelarlo en las zonas tensionadas. 

Una intervención del mercado del alquiler en contra de la que ya se han posicionado ayuntamientos y regiones presididos por el PP, empezando por Madrid. Lo cual limitará su aplicación, puesto que la declaración de zona tensionada tendrá que partir de las comunidades.

El trámite de audiencia e información pública durará solo 15 días 

Una vez aprobado el anteproyecto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está obligado a abrir un trámite de audiencia e información pública, puesto que se trata de una normativa que afecta a derechos e intereses legítimos de muchos ciudadanos. Y para que estos puedan pronunciar sus alegaciones, bien directamente o a través de organizaciones y asociaciones.

Sin embargo, el departamento que dirige Raquel Sánchez ha decidido tramitar el texto por el procedimiento de urgencia, de forma que el periodo de audiencia e información pública durará solo 15 días. Únicamente dos semanas para que los afectados, ya sean personas físicas, jurídicas, asociaciones u otros colectivos planteen sus alegaciones. Para que después el texto sea nuevamente elevado al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley y, de ahí, enviado al Congreso antes de acabar el año.

El Consejo de Estado, a la espera

Pero hay más. El Ministerio está planteándose no solicitar un dictamen al Consejo de Estado, un órgano consultivo –el de mayor nivel– que en el pasado ya ha dado sonoros rapapolvos al Gobierno de Pedro Sánchez en cuestiones como el primer decreto del estado de alarma y el real decreto ley de los fondos europeos. Sobre este último denunció «la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control» en el reparto de las ayudas de la UE.

Fuentes de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consultadas por El Debate explican que sus servicios jurídicos están estudiando actualmente si es obligado pedir al Consejo de Estado que opine sobre este anteproyecto de ley. Si no lo es, no lo harán, aunque niegan que haya motivación política alguna en esta decisión.

No obstante desde el Consejo de Estado recuerdan a este periódico que cualquier ministerio puede pedir un informe consultivo si así lo desea aun no siendo preceptivo. Y recuerdan que si lo solicitara con urgencia en dos semanas lo tendría. Así que la falta de celeridad no es excusa.

Aunque no tiene rango de ley orgánica, la Ley de Vivienda no es una ley cualquiera. El PP ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. «Este intervencionismo es suicida», señaló Pablo Casado cuando a principios de octubre se conoció el acuerdo alcanzado entre ambos socios del Gobierno.

También el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la ha tildado de «inconstitucional». «El artículo 33 de la Constitución dice que uno de los derechos de las personas, de los ciudadanos de este país, es la propiedad. Que el Estado haga injerencia sobre esa propiedad nos preocupa, nos preocupa muchísimo», señaló Garamendi hace unas semanas.

El objetivo del Gobierno es que, una vez que llegue al Congreso, el proyecto de ley pueda ser tramitado también por el procedimiento de urgencia para acortar los plazos y tenerla aprobada definitivamente a mediados de 2022. Pero tanta prisa como tiene el Ejecutivo para ver la ley publicada en el BOE contrasta con la que no tiene para su aplicación.

De hecho uno de los puntos que chirría a algunos sectores de Unidas Podemos y a los sindicatos de inquilinos es la moratoria de 18 meses desde la aprobación de la norma que el Ministerio da para aplicar las medidas dirigidas a los grandes propietarios. Lo que pospone sus efectos hasta 2024. Es decir, hasta la próxima legislatura. Según justificó la ministra, se necesita tiempo para actualizar el índice de alquiler de vivienda.