El PSOE castigará con cárcel los rezos y vigilias ante las clínicas abortistas

Pedro Sánchez pretende utilizar su mayoría Frankenstein para introducir un nuevo tipo en el Código Penal con el que castigar con penas de cárcel de entre tres meses y un año a quienes se concentren pacíficamente delante de las clínicas abortistas. Los socialistas hablan de «acoso», «hostigamiento» y enarbolan los «derechos sexuales y reproductivos» de las mujeres.

Y lo va a hacer, además, con un atajo. En vez de presentar esta modificación como un proyecto de ley orgánica del Gobierno, lo que obligaría al Ejecutivo a pedir informes a los órganos consultivos -como el Consejo de Estado-, ha sido el grupo parlamentario socialista el que ha presentado una proposición de ley orgánica.

«Esta iniciativa saldrá adelante. Se ponga delante quien se ponga», profetizó este jueves durante el pleno del Congreso la diputada socialista Laura Verja. Y va camino de ello, a pesar de la oposición del PP y de Vox.

A finales de septiembre los socialistas dieron el primer paso al ser aprobada en la Cámara Baja la toma en consideración de la proposición de ley orgánica. Este jueves los partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas han dado el segundo al unir fuerzas para tumbar las enmiendas en contra presentadas por las bancadas de Pablo Casado y de Santiago Abascal, respectivamente.

El debate ha estado muy caldeado, pero la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha advertido al Gobierno que jamás renunciarán a dar esta batalla. «No vamos a enterrar este debate nunca porque creemos que hay una persona en el vientre de su madre desde el momento mismo de su concepción», ha afirmado.

La tesis que han mantenido tanto ella como la diputada del PP María Teresa Angulo es que esta reforma del Código Penal atenta contra los derechos fundamentales de reunión, expresión y libertad ideológica de los voluntarios que acuden a las inmediaciones de las clínicas a dar información a las mujeres.

Y más aún: que puesto que el Código Penal ya recoge el delito de coacciones en su artículo 172 (penado con entre seis meses y tres años de cárcel) es un tipo penal innecesario. Además, ningún tribunal ha emitido ninguna condena por algo así. «Para un ciudadano pacífico cárcel, para delincuentes condenados un buen cargo en un ministerio. No sé cómo sobre todo a las diputadas del PSOE no se les cae la cara de vergüenza», ha lamentado Angulo.

«¿Acaso de haber recibido una mujer amenazas o coacciones no lo habría denunciado? Esto no estaba sucediendo, pero a nadie le gusta que le pongan un espejo delante cuando sabe que lo que está haciendo no es moralmente correcto aunque sea legal», ha insistido Ruiz, quien ha augurado que si esta reforma llega a término antes o después será declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

«¿No creen que una reforma que incluye pena cárcel no merecía plenas garantías?, ¿Qué es lo que temían ustedes?», ha preguntado la diputada popular a la bancada socialista a propósito de la fórmula elegida, «de tapadillo», para tramitar esta iniciativa.

Para el PSOE son «desalmados»

Ambas diputadas del PP y de Vox han tenido en frente a la socialista Verja, que ha llegado a llamar «desalmados» a quienes rezan junto a una clínica abortista. «Son acosadores que tienen intención de coaccionar. Intentan engañar a las mujeres con información falsa, organizan comunidades de rezo para hacer sentir mal a las mujeres y las enseñan fotos de fetos», ha relatado. «¿Quiénes se creen que son estos desalmados? Algunos se hacen llamar los rescatadores, como en una película de terror. Cuesta creer que haya gente en este país que se dedique a eso», ha añadido.

La proposición de ley orgánica del PSOE aboga por añadir un nuevo artículo al Código Penal, el «172 quater». Éste castiga con penas de cárcel de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días al que «hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta». 

A mayores, el tribunal puede prohibir al condenado a acercarse por allí durante un tiempo de entre seis meses y tres años. Y todo ello sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder «a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso». Es decir, a mayores.

Ni siquiera un partido de tradición católica como el PNV ha apoyado las enmiendas del PP y Vox. «Esas mujeres no han reclamado sus rezos. Invadir la intimidad de las mujeres no es libertad de expresión. Violentar a las mujeres no es libertad de expresión», según su portavoz, Mikel Legarda.

Más gráfica ha sido la diputada de la CUP Mireia Vehí: «No vamos a permitir que con sus rosarios decidan que hacemos nosotras con nuestros ovarios».

Esta modificación del Código Penal que este jueves ha salvado un escollo discurre en paralelo a la reforma de la Ley del Aborto en la que trabaja el Ministerio de Igualdad sin escuchar a los provida, y de la que cuyos aspectos más polémicos ha venido informando El Debate. 

Entre ellos se encuentran la intención del departamento de Irene Montero de crear listas de médicos objetores de conciencia, volver a permitir que las menores de 16 y 17 años aborten sin necesidad del permiso paterno e impulsar el desarrollo de la píldora anticonceptiva masculina. Aun cuando hay ninguna aprobada ni comercializada.