El cambio de régimen
El sanchismo desmonta el andamiaje de la Transición contra la propia historia del PSOE
La anulación de la Ley de Amnistía del 77 de forma encubierta se une a la reforma constitucional con la que fantasea el presidente, la Ley de la Corona, la de Secretos Oficiales y los indultos
El sanchismo ha colocado una carga explosiva en el andamiaje de la Transición, de la que el PSOE fue actor protagonista. Tantas veces como Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de impulsar «un cambio de régimen», el presidente lo ha negado. Pero tras lo ocurrido este miércoles los populares creen despejadas las últimas dudas.
La enmienda al proyecto de Ley de Memoria Democrática pactada entre el PSOE de Sánchez y Unidas Podemos para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 y abrir la puerta a juzgar el franquismo supone para los socialistas traspasar una línea roja que siempre prometieron no cruzar.
Una «solución imaginativa»
Sánchez anula de forma encubierta la Ley de Amnistía y abre la vía a juzgar el franquismo
La de una amnistía que el diputado del PSOE José María Benegas defendió así el 14 de octubre de 1977 en el Congreso: «Esta Ley de Amnistía posee el indudable valor de ser una amnistía en la que casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara –ojalá fueran todas– tienen la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España y de construir otro diferente sobre presupuestos distintos, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años».
El proyecto de ley que continúa la de José Luis Rodríguez Zapatero del año 2007 iba camino de descarrilar ante el plante de ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PDeCAT, el BNG y la CUP. El independentismo catalán, vasco y gallego se había conjurado para tumbar la ley estrella del ministerio de Félix Bolaños si Sánchez no accedía a derogar, al menos parcialmente, la Ley de Amnistía.
Pero Sánchez no podía, no puede permitirse que una de sus grandes leyes ideológicas –frentistas las llama la oposición– acabe estrellándose. Y no lo hará.
«Encima con el compadreo de los enemigos declarados del régimen del 78», se queja la diputada del PP Macarena Montesinos, quien a mediados de octubre defendió en el Pleno del Congreso la enmienda a la totalidad que presentó el PP contra este proyecto de ley. No solo lo son los independentistas; también su socio de Gobierno, Unidas Podemos, es contrario a lo que representa el 78.
Sánchez, González y Zapatero en el 40º Congreso del PSOE
En el 40º Congreso del PSOE, Felipe González se declaró orgulloso de pertenecer a aquella generación. «Me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase del régimen del 78, aunque estoy seguro de que no nos ayuda su intención, pero sí su torpeza», señaló en alusión a Pablo Iglesias.
La Ley de Secretos Oficiales
Este mismo miércoles Sánchez disparó otro cañonazo contra la transición y la monarquía parlamentaria del 78, aunque fuera menos sonado: se comprometió con Unidas Podemos a impulsar una nueva Ley de Secretos Oficiales (la actual es de 1968). Se trata de una vieja reivindicación del PNV –sobre todo, aunque no solo– para desclasificar los documentos del franquismo, la transición y el golpe de Estado del 23-F. Otra cosa será el uso que se haga de ellos.
En realidad no es la primera vez que los socialistas prometen acelerar la desclasificación de la información confidencial, pero hasta ahora se les han cruzado por el camino otras prioridades.
La reforma de la Constitución
A Sánchez también le ronda permanentemente la idea de abrir el melón de la reforma constitucional para embridar la cuestión catalana. De hecho, en el reciente cónclave del PSOE creó en su nueva Ejecutiva una Secretaría de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos que encomendó al ministro Bolaños.
¿Para qué? Dice Sánchez que los socialistas quieren avanzar hacia la «cogobernanza federal». El último término que han acuñado es la «España multinivel», sin llegar a explicar en qué consistiría.
Cualquier modificación de la Constitución, incluso las que no requieren mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado y la disolución de las Cortes, tendría que contar necesariamente con el apoyo del PP. Con tres quintos de la Cámara. Y Casado ni se lo plantea.
El caso reciente es el de la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» (el Gobierno necesitaría una mayoría de 210 diputados). Los populares –también Vox– se oponen no por la reforma en sí, sino porque consideran que abrir la veda podría derivar en una crisis institucional si los socios independentistas del Gobierno aprovechan para otras exigencias. Que es, salvando las distancias, lo que ha pasado con la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Amnistía.
La Monarquía
La Monarquía es otra de esas supuestas líneas rojas del PSOE a la que el sanchismo se acerca peligrosamente. A veces directamente; a veces por socio interpuesto, Unidas Podemos.
Por algo quiso Alfredo Pérez Rubalcaba dejar atada la abdicación de Juan Carlos I y la entronización de Felipe VI antes de dar un paso atrás como secretario general de los socialistas. Porque no sabía lo que vendría después de él.
De cuando en cuando Sánchez trae a colación una Ley de la Corona de incierto contenido y la supresión de la inviolabilidad del Rey. «Creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época. Una etapa legítima, no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», señaló el mes pasado en una entrevista en la SER.
El PP también vio en los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre una «coartada» para el «cambio de régimen». Los socialistas le llamaron exagerado. Y se lo seguirán llamando pese a lo de este miércoles.
