La Generalitat dio 500.000 € a la «policía del catalán» dos días después de la sentencia del Supremo

La Generalitat de Cataluña concedió una subvención de 505.000 euros a la Plataforma per la Llengua solo dos días después del fallo del Tribunal Supremo que obliga a la administración catalana a garantizar el 25 % de las clases en español.

La entidad se autodefine como «la ONG del catalán», pero los partidos constitucionalistas la conocen como la «policía del catalán» porque se dedica a señalar a las empresas que no lo utilizan. Es, a su vez, miembro de Som Escola, una plataforma que agrupa a más de medio centenar de entidades partidarias del modelo lingüístico catalán de la inmersión.

Y Som Escola es la convocante de la manifestación del sábado en Barcelona para protestar por el «ataque contra la inmersión perpetrado por los tribunales». A la que asistirán el president Pere Aragonés, buena parte de su Gobierno y una amplia representación de ERC, Junts per Catalunya y la CUP.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Debate, la subvención se concedió el día 25 de noviembre a través de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Consejería de Cultura, para la «realización de actividades relacionadas con la extensión del uso social de la lengua catalana». Cultura ha confirmado a este periódico la información.

Es una subvención absolutamente a dedo, discrecional. Está enmarcada en la categoría «Subvenciones excluidas de concurrencia pública» de la Consejería que dirige Natàlia Garriga, de Esquerra.

De hecho, la convocatoria ordinaria de subvenciones por parte de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural para este 2021 se cerró hace muchos meses. Concretamente el pasado 28 de abril.

Según el acta de la reunión que el 25 de noviembre celebró el Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo, firmado por su secretaria, Núria Fornés Colomer, la ayuda va destinada a actividades para este 2021. A pesar de que cuando se concedió quedaba un mes para que acabara el año.

Cinco días después de que Cultura aprobara la subvención, el 29 de noviembre, Som Escola convocó una «marea verde» en defensa de la educación en catalán para el sábado 18 de diciembre. En la rueda de prensa para anunciarla compareció el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenado por el Tribunal Supremo a nueve años de prisión por sedición e indultado el pasado verano por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 30 de noviembre, la Generalitat dio su visto bueno definitivo a esa partida de medio millón de euros a fondo perdido, «dado que se dispone de crédito adecuado y suficiente en la partida 7495D/482003802/4511 del presupuesto de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)».

De esos 505.000 euros, la Plataforma per la Llengua ha recibido ya el 80 % sin necesidad de ninguna «garantía», 404.000 euros. El 20 % restante lo recibirá «una vez aportados los justificantes de gasto».

Una «ONG» que persigue

Los partidos constitucionalistas han denunciado en múltiples ocasiones las prácticas de la Plataforma per la Llengua, que entre otras cosas señala y hostiga a las empresas que no utilizan el catalán. Este mismo mes han puesto en su diana a Bimba y Lola, Pepe Jeans y Levi’s por no etiquetar en catalán.

En 2019 la autoproclamada «ONG del catalán» organizó la llamada «policía del patio» para espiar en qué idioma hablaban los niños catalanes en el recreo. Según sus averiguaciones, solo el 24,3 % lo hacía en catalán. La iniciativa suscitó una enorme polémica pero, aun así, este curso la Plataforma ha puesto en marcha una parecida, bajo el lema No t’excusis (No te excuses).

Según la última Memoria de la Plataforma, en 2020 recibieron en subvenciones públicas y privadas por valor de 955.306 euros. Siempre según versión, es mucho más lo que obtuvieron de las cuotas de los socios, 1.900.000 euros.

Demanda colectiva

Entretanto, la Asamblea por una Escuela Bilingüe movió ficha este jueves ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y anunció que presentará una demanda colectiva ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir la ejecución forzosa de la sentencia del 25 % del español. En ella podrán participar los padres que lo deseen.

El Ejecutivo continúa esperando a que Aragonés entre en razón y cumpla la sentencia, aunque de momento la Generalitat únicamente ha anunciado que en las aulas afectadas por el 25% (que cifra en 35) pondrá dos profesores. Eso y que blindará su sistema de inmersión con nuevas normas.