La ministra de Transportes Raquel Sánchez
Más contratiempos
El Gobierno se plantea sortear al Consejo de Estado en la Ley de Vivienda tras el palo del CGPJ
Para el Ejecutivo sería aún peor que el anteproyecto de una de las leyes troncales de la coalición tropezara en la piedra de otro órgano consultivo. Y si puede evitarlo, lo evitará
Las malas vibraciones que tenía el Gobierno sobre el pronunciamiento del CGPJ acerca del anteproyecto de la Ley de Vivienda han acabado confirmándose.
El varapalo del órgano de gobierno de los jueces a uno de los grandes proyectos sobre los que pivota la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha retumbado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su pleno rechazó este viernes por 15 votos a 6 el informe del ponente, el vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE. Tras el cambio de ponentes, estos presentarán un nuevo informe el 27 de enero.
En síntesis, el CGPJ viene a decir que el Gobierno se arroga unas competencias en materia de vivienda que en realidad corresponden a las comunidades autónomas.
En suma, se trata de un nuevo retraso para una ley que debía haber llegado al Congreso en 2021 pero que no lo hizo por el intenso tira y afloja entre los dos socios de la coalición a propósito de la limitación del precio de los alquileres. Todos son contratiempos.
«Muy preocupante noticia. Por el retraso en algo tan importante para la gente como la regulación de los alquileres abusivos. Pero también por lo que implica en términos democráticos», escribió el Twitter el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Para el tándem formado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sería aún peor que el anteproyecto tropezara en la piedra de otro órgano consultivo, en este caso el Consejo de Estado.
Es por eso que el Ministerio de Transportes se está planteando no solicitar un dictamen al máximo órgano consultivo del Estado. Si sus servicios jurídicos determinan que no es obligatorio no lo harán, aunque el departamento niega intencionalidad política. Hablan, por el contrario, de evitar más demoras de las que ya de por sí arrastra esta ley.
Vista de un cartel de alquiler de vivienda en Madrid
Cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Vivienda el pasado 26 de octubre, el Ministerio que dirige Raquel Sánchez lo envió al CGPJ, porque su informe era preceptivo. Sin embargo, en paralelo empezó a rumiar la posibilidad de no enviar el texto al Consejo de Estado.
Desde este último confirman a El Debate que hasta la fecha Transportes no les ha enviado el anteproyecto. Aunque añaden que el Consejo de Estado es el último escalón. «Si dictamina el CGPJ, siempre va antes que nosotros», explican. Cualquier Ministerio puede pedirles un informe consultivo si así lo desea, aun no siendo preceptivo. Si lo solicitara con urgencia en dos semanas lo tendría.
Los dictámenes precedentes
En el pasado, el Consejo de Estado ya dio sonoros rapapolvos al Gobierno de Pedro Sánchez en cuestiones como el primer decreto del estado de alarma y el real decreto ley de los fondos europeos. Sobre este último denunció «la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control» en el reparto de las ayudas de la UE.
Aunque no tiene rango de ley orgánica, la Ley de Vivienda no es una ley cualquiera. Cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto a finales de octubre, el PP anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional por su carácter intervencionista.
A partir de ese momento, el trámite de audiencia e información pública que abrió el Ministerio de Transportes por obligación (al tratarse de una normativa que afecta a derechos e intereses legítimos de muchos ciudadanos) fue mínimo. Concretamente de 15 días. Lo hizo mediante un atajo: el departamento tramitó el texto por el procedimiento de urgencia.
