Un operador de TV toma imágenes en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona)
La justicia catalana da aún dos meses a la Generalitat para implantar el 25% de español en las aulas
La Generalitat de Cataluña tendrá que aclarar el órgano que se encargará de su cumplimiento
El Gobierno catalán tendrá otros dos meses para acatar la sentencia referida a la obligatoriedad de impartir un 25% de las clases en español en las escuelas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme la decisión y les ha dado un amplio margen de implantación para ello.
El TSJC declara firme la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de casación de la Conselleria de Educación de la Generalitat ante el Tribunal Supremo y recibir de éste las actuaciones este 20 de enero.
Ahora, la Generalitat dispone de un plazo de diez días para comunicar que ha recibido la notificación y responder cómo ejecutarla. Además, tendrá que elegir cuál será el órgano responsable de asegurarse de su cumplimiento.
El TSJC también ha informado que la parte demandada tiene un plazo de dos meses para ejecutarla como estipula el artículo 104 de la Ley contenciosa administrativa para ejecutar una sentencia firme.
«Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa», se indica el artículo.
«Sin dilación»
La plataforma Escuela de Todos ha exigido a la Generalitat que acate «sin más dilación» la sentencia y ha advertido de que si no lo hace se personará ante el tribunal para solicitar la ejecución de la sentencia.
Ha sido a través de un comunicado difundido por la plataforma donde se ha señalado que el Govern debe informar al TSJC de las instrucciones que «va a dar para hacer eficaz el modelo de conjunción lingüística en todo el sistema educativo catalán», y ha dicho que no existe razón que pueda justificar el incumplimiento de la sentencia.
Tal y como hace el TSCJ, la plataforma pedirá al tribunal que determine el órgano u órganos que deben responsabilizarse de realizar las actuaciones y la concreción de los medios para llevarlo a cabo.
La plataforma ha afirmado que el Gobierno central tiene obligación de garantizar la enseñanza en español en todo el sistema educativo español y que debe velar para que la Generalitat «ejecute la sentencia».
