El volumen de las causas políticas retrasa la sentencia contra el aborto en el Constitucional

Sobre la mesa del Constitucional el firme propósito de que el borrador completo de la sentencia que resolverá el recurso del Partido Popular contra la Ley «Aído» del aborto se presente al Pleno antes de su próxima renovación. En el día a día del Tribunal, una complicada evidencia: el volumen de causas pendientes, engrosado por los numerosos recursos de inconstitucionalidad y amparo planteados por partidos políticos de todo signo, está obligando al ponente designado para la tarea, el magistrado Enrique Arnaldo, a posponer la redacción del texto unas semanas más de lo previsto.

No en vano, las dos primeras citas cumplidas han incluido una carga de trabajo muy intensa para los miembros del órgano constitucional que, en su compromiso por liquidar las causas más enquistadas y las preliminares, han doblado la frecuencia de las reuniones, de mensuales a bimensuales. Así, en el resumen de los asuntos que han sido tratados por los miembros del Pleno, en los tres últimos días –una información que, en aras a la «transparencia institucional» se ha facilitado, por primera vez, íntegro, a los periodistas– no cabe lugar a dudas.

Un total de 24 asuntos distribuidos en: una sentencia pendiente de votación y aprobación definitiva, la deliberación de dos sentencias anteriores, cuatro nuevas sentencias a debate, un asunto para estudio y deliberación inicial –como avanzó El Debate, en primicia, el recurso del expresidente de la Generalitat Quim Torra contra su inhabilitación– tres asuntos en dación de cuentas para unificación de criterio, siete daciones de cuentas de providencias y lo mismo para dos autos.

De entre todos ellos, más de medio centenar de recursos de inconstitucionalidad –la mayor parte de ellos todavía sin resolver– presentados ante el Constitucional para que actúe como árbitro en lo que «en realidad son desafecciones políticas» impidiendo que se avance en otras cuestiones de alta relevancia.

Los dos estados de alarma del Gobierno para luchar contra la pandemia –ambos declarados ilegales por un exceso en la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, usando una herramienta insuficiente para hacerlo– la «ley Garzón» de vivienda, la «ley Riders», la ley educativa «Celáa», la ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia –la que pone fin a la incapacitación judicial de personas con discapacidad y recoge la prohibición de los padres acusados en delitos de violencia de género de visitar a sus hijos, así como la obligación de que los niños reciban «educación afectivo sexual»– o la ley de eutanasia han provocado la presentación de numerosas reclamaciones de los grupos parlamentarios de la oposición contra las normas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La última, la polémica votación del Congreso que validó, por un voto, el Decreto de la reforma laboral y que el Partido Popular ya ha advertido que recurrirá.

Y ello, sin contar las peticiones interpuestas contra los presuntos «cordones sanitarios» de los separatistas en algunos parlamentos autonómicos, como el catalán, contra Vox; o el supuestamente sufrido por esta formación al rechazarse la tramitación de su propuesta para suprimir el Impuesto de Sucesiones en el Congreso de los Diputados nacional o en el Parlamento autonómico del País Vasco.

También, bajo la lupa, los recursos para la protección de la independencia del Poder Judicial: el de amparo que afecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el de inconstitucionalidad contra la paralización de los nombramientos discrecionales impuesta al órgano colegiado por el PSOE con sus socios de Podemos, vía reforma legislativa exprés, mientras se encuentre en funciones prorrogadas.

El empeño personal del presidente

La única certeza, hasta la fecha, es que el Constitucional resolverá la enquistada cuestión antes de que el Pleno del órgano cambie el equilibrio de su actual sensibilidad conservadora, en la próxima renovación prevista, por ley, en el mes de junio. Será antes del verano cuando tres de los miembros que actualmente lo conforman, concluirán su mandato y tendrán que ser reemplazados, pivotando entonces, previsiblemente, el órgano hacia una mayoría progresista que podría estar capitaneada por el histórico Cándido Conde-Pumpido.

Pese a las dificultades propias de una materia que, salvo sorpresa, no encontrará el consenso unánime en el Tribunal, sea cual sea el sentido de la resolución porque, en el seno del órgano, «cohabitan» varias visiones distintas sobre la cuestión y no se reducen a dos bloques opuestos.

No en vano, consciente de ello, el horizonte temporal del actual presidente, Pedro González-Trevijano, y su compromiso personal durante el mandato, pasa por confeccionar un primer borrador para someterlo a deliberación, como mínimo, en un par de ocasiones, antes de intentar una votación. Un escenario inédito: por el momento ninguna de las dos propuestas previas, ni de sus predecesores en el cargo se han atrevido a llegar hasta el Pleno para que sus doce integrantes se pronunciasen. Más de once años en un cajón, es demasiado, pero tendrá que esperar «un poquito más».