El juez García-Castellón rechaza imputar a Pablo Iglesias en el «caso Dina» como pedía Vox

El juez de la Audiencia Nacional encaragado de la pieza separada del la macrocausa Tándem, o caso Villarejo, Manuel García- Castellón ha rechazado el recurso presentado por Vox, donde la representación jurídica del partido de Santiago Abascal solicitaba reabrir la instrucción sobre el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos y de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, imputando al propio Iglesias. El magistrado entiende que las acusaciones de Vox para justificar la reactivación de la causa contra el exlíder de la formación morada -desde que le robaron el móvil a su asistenta, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada- se basan «únicamente en sospechas».

Vox, que ejerce la acusación popular, pretendía revocar el auto dictado por García-Castellón, el pasado 27 de enero, donde se cerraba la investigación de esta pieza separada de 'Tándem' después de recibir un informe de la Policía Científica en el que se concluía que era técnicamente imposible compromar quién fue la última persona que accedió a la mini SD del teléfono móvil de Bousselham y cómo ésta acabó completamente dañada.

Pese a que desde Vox entendían que «no se han llevado a cabo todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos» y, por ello, reclamaban la citación de Iglesias como imputado, García-Castellón ha descartado la pretensión, apoyado en el dictamen policial, al no darse «los presupuestos necesarios para atribuir» los daños provocados en la tarjeta del teléfono, ni su autoría, «al señor Iglesias».

Además, el magistrado ha reprochado a Vox que en su recurso «no se especifica cuáles son los indicios de los que se deriva la necesidad de practicar dicha diligencia de investigación, por lo que únicamente se sustenta en sospechas».

«La parte recurrente no detalla qué elementos delictivos se atribuyen a Pablo Iglesias, más allá de que estuvo en contacto con la tarjeta», ha subrayado el instructor en su auto.

Sin embargo, tal y como avanzó El Debate en primicia, el juez instructor tendrá que practicar las últimas diligencias encargadas, por mandato de la Sala de lo Penal, antes de dar por finiquitada la fase instrucción. Esto es, las declaraciones de la propia Bousselham, su pareja cuando ocurrieron los hechos y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, así como de los peritos que firmaron el citado informe policial, todos ellos en calidad de testigos.

En el mismo auto, el juez ha contestado a la petición realizada por Iglesias y su ex asesora para que Vox fuera expulsado del caso, señalando que «no procede» porque ha cumplido los requisitos legales para actuar en ejercicio de la acción popular. «No se aprecia que haya operado ningún tipo de fraude de ley», ha reiterado García-Castellón.

El magistrado todavía tiene pendiente resolver los recursos formulados por Iglesias y Bousselham pidiendo igualmente la continuidad de las investigaciones pero encaminadas, en su caso, a desvelar si el robo del teléfono móvil fue un «encargo» al comisario José Manuel Villarejo al estilo de 'Kitchen'.

No en vano, en el transcurso de sus declaraciones Bousselham apuntó que podría tratarse de un encargo realizado «por miembros del Gobierno o del Ministerio del Interior, o de la DAO (...) con el objeto de perjudicar al señor Iglesias». Y, por su parte, Podemos señaló como clave la declaración de Pino, ya que entiende que podría arrojar luz sobre si existió o no «una investigación policial regular o irregular» en torno a la tarjeta telefónica de Bousselham.

Los vínculos con Villarejo

Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2015, cuando a la pareja de Bousselham le robaron el abrigo mientras estaban en un conocido centro comercial de Alcorcón con el teléfono móvil de ella dentro.

Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecieron en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenaban unas carpetas denominadas 'DINA 2' y 'DINA 3', que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

En 2019, se creó una pieza separada dentro de la macrocausa sobre Villarejo, la llamada 'Tándem', para indagar en este suceso. En 2020, García Castellón procesó al comisario y a dos periodistas por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Asimismo, elevó una exposición razonada al Supremo para investigar a Iglesias -aforado en ese momento- por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito, pero el Alto Tribunal lo rechazó y le encomendó seguir indagando.

El juez esgrimió entonces que la «única explicación posible» para los daños sufridos por la mini SD es que se provocaran cuando estaba en poder del ex dirigente 'morado', a quien llegó, tras pasar de mano en mano, y meses después de recibirla se la devolvió a su legítima dueña.