Fernando Portillo: «La Justicia será tan machista o tan poco machista como lo sean las leyes que nos da el Parlamento»

Fernando Portillo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Melilla y juez Decano de la ciudad autónoma se ponía al frente de la asociación profesional Foro Judicial Independiente (FJI) en noviembre de 2021. Encargado del Registro Civil de la capital melillense es, además, miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, es juez desde el año 2005. Ha participado en la formación magistrados como tutor de jueces en prácticas y ha colaborado con el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. En su haber, no pocas ponencias en los distintos cursos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

–¿Cuáles son las reclamaciones de Foro Judicial Independiente a la ministra Pilar Llop?

–Somos una gestora, la directiva de Foro Judicial Independiente (FJI) porque lo que hacemos es gestionar el mandato de la Asamblea. Cada año se celebra un Congreso de los asociados de donde nacen unas conclusiones pero por desgracia siempre reclamamos lo mismo porque hay un mal endémico en materia de Justicia que no se termina de arreglar. Nos preocupa la escasez de medios acuciantes porque dependemos del Poder Ejecutivo. El Judicial no será independiente hasta que económicamente puede valerse por sí mismo. Y, por ahora, dependemos de que los bolígrafos, los folios, los juzgados, los despachos, incluso cuántos jueces hay, pues dependen directamente de un Ejecutivo que no invierte lo suficiente en el Poder Judicial o no invierte como hay que invertir.

España no es uno de los países que menos gasta en Justicia en nuestro entorno europeo pero no dirige el gasto donde está el problema de la Justicia: a mejorar las leyes procesales para agilizar el procedimiento, dotar de más jueces la planta judicial, crear mecanismos alternativos de solución de conflicto que reduzcan un poco la diferencia... Es muy, muy sencillo, hay muchísimos asunto y pocos jueces para resolverlos. Por tanto, el resultado siempre va a ser sobrecarga y sobrecarga, supone retraso. Y otro es el tema de la politización de la Justicia, no a nivel base. Los jueces somos muy independientes. No recibimos llamadas de nadie para decidir los asuntos en una u otra dirección pero, después, la cúpula judicial por el modo en que se elige y por a quiénes se elige perjudican la imagen de independencia del Poder Judicial. Europa nos reclama desde hace muchísimos años que modifiquemos nuestro sistema de elección del órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.

–El Consejo General del Poder Judicial está pendiente de renovación. ¿En qué afecta esta situación al día a día de los jueces?

–Nosotros abogamos por reformar para renovar. No queremos que se vuelva a renovar con un sistema claramente enfermo, caduco y que, como digo, Europa reclama desde hace muchísimos años que cambiemos porque eso sería prolongar el mal durante otros cinco años. El Consejo atiende cuestiones nuestras tales como permisos de maternidad, formación, cursos, biblioteca, relaciones con otros jueces de otros de otros países, ... En fin, tiene una serie de funciones que les dan igual a la clase política que sólo se fija en la función que dirige el nombramiento de cargos judiciales discrecionales como magistrados del Tribunal Supremo, presidente de Tribunal Superior de Justicia, o de las Audiencias Provinciales,... Y después de casi un año con la ley nueva que impide al Consejo hacer nombramientos se está creando un vacío de poder en órganos tan sensibles como el propio Supremo. Entonces sí que al final la idiosincrasia política y el hecho de que la renovación del Consejo dependa exclusivamente de los partidos va a hacer mella real en las funciones jurisdiccionales de órganos tan importantes como el Supremo.

–¿Quién tiene que plantarse? ¿El Ministerio de Justicia? Los jueces yendo a otra huelga?

–Hay una evidente falta de interés porque no se percibe la Justicia como un problema que al político le interese porque el ciudadano tampoco se lo reclama y el político se mueve por las reclamaciones ciudadanas, por lo que puede ser sensible al voto. Además, y dado que una de las funciones de la Justicia es controlar al Poder Ejecutivo, si no tenemos medios suficientes para hacerlo pues ese control es más liviano, por decirlo así. Las asociaciones judiciales nos reunimos con los representantes políticos, les contamos, les damos datos, informes, más que desde las instituciones europeas, por ejemplo, en materia de protección,... Ya ha habido huelgas, yo he participado en tres o cuatro huelgas reclamando exclusivamente mejores medios, y generalmente son poco entendidas incluso por la población, porque al final se vende que lo que queremos es más dinero.

No puede ser que los políticos intervengan en la elección del órgano que elige a los jueces que juzgan a los políticos

–Quienes se pelean por politizar la Justicia desde el Consejo General del Poder Judicial se quejan, habitualmente, de que la política está judicializado. ¿Es cierto?

–De un tiempo a esta parte son muchos los asuntos que, a lo mejor, deberían solventarse en la política por cauces políticos y acaban judicializados. Pero eso no es un problema del Poder Judicial. Si el Poder Judicial entra a conocer de un asunto es porque se le ha dado a conocer. Los jueces recibimos denuncias, querellas o demandas y tenemos que darles una solución jurídica que, después, tampoco satisface al político porque nosotros no damos respuestas políticas, damos respuestas jurídicas.

–¿Qué hay de cierto en que los jueces resuelven los asuntos políticos según su ideología?

–Los jueces tenemos opiniones políticas, ideología y un sistema de creencias personal, propio, sobre lo más variopinto porque somos personas y ciudadanos antes que jueces. Pero nuestro trabajo consiste precisamente en ser profesionales de la imparcialidad. Yo cuando voy a juzgar un asunto, me pongo la toga y cuelgo la percha todo lo demás. La inmensa mayoría de asuntos que vemos en los tribunales poco o nada tienen que ver con la ideología. Si hay un arrendamiento en el que una parte no paga hay que resolverlo o si hay un divorcio en el que decidir sobre la custodia de los menores o un despido... ahí la ideología no pinta nada. Somos profesionales.

Pero los medios alimentan a la clase política que, a su vez, da un mensaje interesado de que los jueces están ideologizados cuando al político no le interesa una resolución. Si, además, tenemos el reparto partidista que se hace del CGPJ que, de alguna manera. está legitimando ese mensaje con el PP y el PSOE repartiéndose los vocales... pues, efectivamente, cala que los jueces están ideologizados y politizados y eso que, en principio se debería de quedar en la cúpula judicial, sin embargo, se extiende como una mancha de aceite al resto de carrera judicial, que estamos total y absolutamente ajenos a ese tipo de componenda y de juego político.

–¿Cómo lidian en la Carrera Judicial con eso de que al final se les critique por aplicar unas leyes que los propios políticos tienen en su mano poder cambiar?

–Ahora, con la proliferación de las redes sociales sabemos que nuestro trabajo está más expuesto y no es malo en absoluto siempre y cuando, efectivamente responda a un estudio previo o una crítica constructiva pero, al menos, habiendo leído, por ejemplo, el resultado del proceso judicial. Muchas veces, como digo, se critica la sentencia sin haberla siquiera leído. Cuando son los propios políticos quienes critican resoluciones judiciales en las que el juez se está limitando a aplicar un artículo del Código Penal que dice esto o aquello pues te das cuenta de que lo que tratan de responsabilizarse es del estado actual de cosas y de echar la culpa a los jueces.

–Jueces fachas, machistas y clasistas...

–Cuando echas la culpa a los jueces entonces dices que son fachas, clasistas, machistas... Creo que no existe ninguna otra profesión donde exista un ámbito de actuación educada especialmente, por ejemplo, al tema de violencia contra la mujer. La Justicia será tan machista o tan poco machista como lo sea la sociedad, porque nosotros somos parte de esa sociedad y las leyes que damos o aplicamos son las leyes que nos da el Parlamento que serán más o menos machistas a medida que el Parlamento sea más o menos machista. Es un discurso vacío y dañino al igual que decir que somos franquistas cuando a un juez que hubiese aprobado con 25 años la oposición, estando todavía vivo Franco, hoy le quedan unos meses para jubilarse. La inmensa mayoría nos hemos educado en democracia, hemos estudiado en las facultades en época democrática y aplicamos leyes democráticas.

–¿Cómo podría acercarse a la ciudadanía ese trabajo del día a día? ¿Quién tendría la obligación de hacerlo?

–Yo, personalmente, estoy implicado en dar a conocer nuestro trabajo. Creo que tenemos que salir a la calle, contarlo, dar a conocer al ciudadano que nuestro trabajo es técnico, que no tienen que ver ni la experiencia de vida ni las creencias. Que tenemos que ceñirnos a lo que ha ocurrido en el juicio. Cuando voy a un instituto, les explico a los niños de bachiller cómo funcionamos, los traigo a los juzgados... Esta labor pedagógica, las redes sociales que permiten acercar de manera mucho más directa a los jueces, entendemos que fundamentalmente tendría que ser el Consejo quien abanderase esa campaña, por decirlo así, de prestigio de la carrera judicial, de explicar a los ciudadanos en qué consiste nuestro trabajo y lo valioso que es y y lo esencial que es para la defensa de sus derechos .

–Siendo un trabajo tan técnico, ¿cómo es posible que todo el mundo tenga siempre una opinión mejor que la del juez que se ha estudiado a fondo un caso determinado?

–Porque no se ve como un trabajo técnico. El tema de la Justicia está muy imbricado en los sentimientos, lo que cada uno cree que está bien o mal. Los jueces, como la gente erróneamente piensa que decidimos en base a nuestras creencias, opinión e ideología, entonces es fácil que si tú has decidido esto yo, seguramente, podría haber hecho lo contrario porque no existe consciencia de la complejidad técnica que existe detrás de esa labor . Como digo, nos falta mucha pedagogía.

Se necesita una modificación profunda del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, dotándolo no ya solo de una autonomía que no tiene sino, también, de independencia

–¿Sería fácil reformar la ley para que los fiscales investiguen y liberar a muchos jueces para otros asuntos?

–Esa es la tendencia que existe en este país desde hace ya muchos años que la primera fase del proceso penal -que es la instrucción e investigación de los delitos, antes de pasar al juicio que todos vemos y conocemos- se pase a los fiscales. En Foro Judicial Independiente lo que vemos, sobre todo, es un riesgo de politización de esas decisiones. Entre los jueces no hay un principio de jerarquía. Lo que ocurre en el Supremo a mí no me vincula, yo puedo seguir o no su sentencia, me puedo apartar de ella si la escribo motivada porque a mí no me dan ninguna instrucción, ni el Consejo, ni su presidente.

Los fiscales sí están sometidos a un principio de jerarquía, en principio sólo y exclusivamente para tratar de unificar criterios, que de existir un mal jefe puede ir más allá de lo que es la unificación de criterios y teniendo en cuenta que el Fiscal General del Estado lo nombra directamente el Gobierno... Existe una correa de transmisión donde pueden bajar los intereses políticos más allá de los intereses jurídicos.

–Tres deseos para la Justicia en los próximos cinco años...

–Pues siendo idealista despolitizar el Consejo del Poder Judicial de manera que los jueces pudiésemos votar a 12 de los 20 vocales que existen y recuperar el sistema mixto que había diseñado, en principio, la Constitución española. En segundo lugar, pediría que los nombramientos no dependan de la discrecionalidad del CGPJ sino del mérito y la capacidad por un baremo objetivo previamente establecido por ley. Y, por último, lo que pediría son mejores condiciones laborales para los jueces, menor carga de trabajo -de tal manera que los retrasos quedasen en anécdota, en vez de ser la generalidad de los asuntos- y mejores condiciones, tanto retributivas como de salud laboral para los jueces.