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Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 19 de abril de 2022

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 19 de abril de 2022Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno niega tener «nada que ver» con el espionaje a los independentistas catalanes

La portavoz del Ejecutivo, preguntada por la cuestión, no ha aclarado el papel del CNI, amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este martes que el Ejecutivo no tiene «nada que ver» ni «nada que ocultar» sobre el caso de espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes, entre ellos los expresidentes de la Generalitat, Quim Torra y Artur Mas, mediante el sistema Pegasus, y ha asegurado que el Gobierno colaborará en lo que requiera la Justicia.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde, preguntada por esta cuestión, ha remitido a la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar explicaciones en el Parlamento.

No obstante, la portavoz del Gobierno, amparándose en la Ley de Seguridad Nacional, no ha aclarado el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). «Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley», ha afirmado Rodríguez.

Fuentes del Ejecutivo apuntan que ha habido contactos con la Generalitat, aunque no entre Sánchez y el president, Pere Aragonès, para explicar que no tienen relación con este asunto. Además, consideran en el Gobierno que las noticias sobre el espionaje no afectan a la convocatoria de la mesa de diálogo, que podría convocarse próximamente dado que hay avances.

Ante los periodistas, la portavoz del Ejecutivo ha sostenido, «para la tranquilidad» de la ciudadanía, que España es «un país democrático y de derecho» y por ello «aquí no se espía, no se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley», es decir a través de una «decisión judicial motivada», por lo que no aceptan que se ponga en cuestión la calidad democrática.

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