Cristina Dexeus: «La mayoría ha castigado a Dolores Delgado»

Cristina Dexeus es, además de la decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de una Carrera que aglutina un total de dos mil quinientos profesionales en toda España. Dexeus es una pionera en su profesión que se caracteriza por sus formas pausadas y amables que, sin embargo, conviven con un gran carácter y determinación. Ha sido muy crítica con la gestión de la actual titular de la institución, Dolores Delgado, a la que ha pedido en varias ocasiones su dimisión. Con seis vocales recién conseguidos en las elecciones al Consejo Fiscal y unos resultados contundentes para los vocales de su asociación, analiza en exclusiva temas muy delicados que afectan a la imagen del Ministerio Público.

–Han obtenido un resultado inmejorable en las elecciones al Consejo Fiscal, ¿cuál es su lectura?

–El resultado de las elecciones, aunque sólo conocemos los resultados provisionales, es significativo. Pone en evidencia que la Carrera no está conforme con las formas y los modos de actuar de la fiscal general del Estado.

–El mensaje, a la vista del escrutinio, ha sido claro...

–La institución requiere un cambio. Necesitamos volver al rigor, a la seguridad jurídica, a la profesionalidad y, por eso, los fiscales se han manifestado de forma masiva, y muy mayoritaria, respaldando la candidatura de la AF. Creo que deberíamos ser capaces de superar esta situación de desgaste institucional provocado por el nombramiento de Dolores Delgado. Lo que exige una profunda reflexión desde la propia Fiscalía General para intentar una nueva etapa de entendimiento y sujeción a las normas, de mayor transparencia y de mejor fundamentación jurídica de las decisiones.

El resultado de las votaciones pone en evidencia que la Carrera no está conforme con las formas y los modos de actuar de la fiscal general

–Lo cierto es que no han cesado las polémicas entorno a la fiscal general del Estado

–La primera y principal polémica fue su nombramiento como fiscal general del Estado. El pecado original de Dolores Delgado fue su llegada al cargo desde el Ministerio de Justicia con el actual Gobierno socialista, para el que hizo campaña electoral, sin solución de continuidad. A partir de ahí, día a día, han ido surgiendo otras cuestiones que vienen derivadas de una designación que nunca debió de ser.

–¿Cómo avanza la acción judicial que la AF ha planteado sobre su actuación en el caso Stampa?

–En el caso Stampa, nuestros vocales del ya saliente Consejo Fiscal solicitaron a la fiscal general que, más allá de las explicaciones que ella dio en el seno del órgano –a través del fiscal jefe de la Secretaría Técnica y del jefe de Anticorrupción, así como de algunos fragmentos aislados que aportó de las diligencias de investigación seguidas contra nuestro compañero Ignacio Stampa– se les diera traslado del expediente íntegro de las actuaciones para conocer de primera mano si, efectivamente, ella había tenido o no intervención o interés en esa causa. Ante su negativa, primero de forma verbal y luego por escrito, a atender a la petición, los fiscales de la AF presentaron un recurso contencioso-administrativo y se acaba de formalizar la demanda correspondiente.

–¿Y la relativa a la parálisis en la constitución de la Comisión Ética?

–Frente al resultado de las elecciones en la Carrera fiscal para la constitución de la Comisión Ética, donde todos los integrantes votados para la misma son asociados de la AF, la fiscal general decidió, unilateralmente y sin justificación alguna más allá de que no debió parecerle un resultado adecuado, suspender la constitución de la misma. Hemos recurrido a la Justicia en contra de su decisión. Debe procederse , ya, sin más demora, procederse a la constitución de la comisión para que empiece a funcionar.

–El Supremo les dio la razón y anuló el nombramiento del fiscal de Menores que recurrieron…

–La fiscal general ha decidido que los nombramientos discrecionales, una vez oído al Consejo Fiscal, sean de los candidatos que ella, por su cuenta y riesgo, considera mejores para el cargo. Discrecionalidad no significa arbitrariedad. En el caso de la plaza para Menores se presentaron un fiscal de la primera categoría, con experiencia en la materia muy reconocida tanto dentro como fuera de la Carrera, y uno de la segunda categoría sin experiencia. Dolores Delgado designó al último con una serie de fundamentaciones ajenas a lo que debería de haber sido en base a la disparidad tan grande de CV entre ambos. Ante esa falta de argumentación suficiente, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón considerando nuestras alegaciones: en absoluto se ajustó a la necesidad de motivar su resolución para no incurrir en arbitrariedad.

El Consejo debería tener mayores atribuciones para ser un contrapeso real y adecuado al poder onmímodo de la fiscal general

–¿Es una dificultad que no exista un baremo objetivo de valoración para las designaciones?

–Puede ser una dificultad que no exista un baremo objetivo, pero también es incomprensible que se fundamente un nombramiento en causas completamente al margen de lo que es exigible y de lo que interesa para la plaza a la que se concursa. No puede ser que ni siquiera se motive de manera adecuada una designación que parece realizarse por razones ajenas al mejor funcionamiento del servicio público que prestará el candidato al puesto.

–¿Y que las decisiones del Consejo Fiscal no tengan carácter vinculante?

- El Consejo Fiscal debería tener, sin duda, mayores atribuciones y un peso más determinante en algunas materias, sobre las que le consulta la fiscal general, para ser un contrapeso real y adecuado a su poder omnímodo. Mientras el papel sea de mero asesoramiento poco puede hacerse frente a las decisiones unilaterales. El nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que queremos se elabore debería solucionarlo.

–Hace unos días se han dirigido a Europa para que ponga coto al ascenso automático de categoría del FGE, cuando termine su mandato, que el Gobierno ha colado por la puerta de atrás...

–El Grupo Parlamentario Socialista ha incluido una enmienda estatutaria para premiar a la fiscal general del Estado al terminar su mandato, convirtiéndola en fiscal de Sala, la máxima categoría, sin pasar el filtro del Consejo Fiscal. Además, ha incluido una serie de reformas muy graves a través de las que pretende hacer creer que, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea, se está mejorando el Poder Judicial cuando, en realidad, sólo se aumentan las injerencias del Ejecutivo en el Ministerio Fiscal.

La enmienda 603 establece, por ejemplo, que la fiscal general comunique al Gobierno los asuntos de relevancia que se estén tramitando en el Ministerio Público sin control, sin trasparencia y sin justificación. De ahí que hayamos apelado a Europa ante estas propuestas de reforma para alertarle de los riesgos de esta situación, al margen del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

–¿Se ha avanzado algo en materia de independencia judicial como nos pide la UE?

–No. En todo caso vamos en la dirección contraria. No se ha reforzado la independencia del Poder Judicial en la forma de elección de los representantes de los jueces por sus propios pares. Y, en el caso del Ministerio Fiscal los pocos pasos que se han dado quedan reflejados en una enmienda que no mejora la independencia real frente al poder político. El balance real es de un decepcionante retroceso en esta materia.