Irene Montero pide «proteger» a madres condenadas por secuestrar a sus hijos

La ministra Irene Montero, ha pedido «proteger» a las denominadas «madres protectoras» que, pese a haber sido condenadas por delitos cometidos contra sus propios hijos, la titular de Igualdad ha puesto como ejemplo contra el machismo. Unas afirmaciones que han provocado una inmediata cascada de críticas y que suponen, a juicio de algunos expertos, un absoluto desprecio a los derechos de esos menores y al mismísimo Estado de Derecho. Así lo ha reflejado el magistrado @JudgeTheZipper en su perfil de Twitter: «Una ministra de un Gobierno democrático diciendo que 'hay que proteger a madres como…' y a continuación enumera algunas condenadas por delitos cometidos contra sus hijos. Pisoteando los derechos de los menores y el Estado de Derecho en solos unos segundos. Alucinante».

Un análisis en el que ha coincidido con la juez Teresa Puchol -@ladycrocs- quien, por su parte, se ha preguntado si las declaraciones de la ministra son un ejemplo de cómo el Poder Ejecutivo cuestiona lo resuelto por el Poder Judicial en un extenso hilo en el que repasa las condenas impuestas y los delitos adjudicados a cada una de ellas, para las cuatro mujeres mencionadas por Montero:

En el transcurso de una intervención televisiva, este mismo miércoles, Montero ha asegurado que la Igualdad no será real «hasta que no acabemos con los asesinatos machistas, hasta que no acabemos con los asesinatos por violencia vicaria que es violencia directa, también, contra los niños y niñas, como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social hacia maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres; y, hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irene Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista». A lo que ha añadido la necesidad de «garantizar que todas las jóvenes de nuestro país puedan salir de fiesta, puedan ir por la calle y lo hagan seguras».

No es la primera vez que la ministra del gabinete de Pedro Sánchez ha defendido los «pasos decisivos» para garantizar que las mujeres y madres como Juana Rivas «no sean perseguidas ni criminalizadas por proteger a sus hijos». Lo hacía el pasado mes de noviembre, en Sevilla, días antes de que el Consejo de Ministros se pronunciase sobre la petición de indulto de Juana Rivas, condenada en firme a dos años y medio de prisión, por un delito de sustracción de sus dos hijos menores después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) descartase por unanimidad apoyar la concesión del indulto total a Juana Rivas y tampoco se decantase claramente por un indulto parcial de la malagueña al registrar un empate técnico con ocho magistrados a favor y otros ocho en contra de la medida de gracia.

«Ningún maltratador puede ser un buen padre», aseguraba entonces la ministra, tras destacar la capacidad del Gobierno «para defender a los niños de violencias machistas» y, con ellos, «a las madres que luchan por protegerlos». Unas declaraciones que, precisamente, han motivado la denuncia presentada por el italiano Francesco Arcuri, la expareja de Juana Rivas, contra la política de Podemos a quien acusa de señalarle por un delito que no ha cometido y por el que no ha sido condenado.

Un caso similar al que rodea a quien fuera presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, invitada por Podemos como ponente a una comisión parlamentaria sobre Infancia que se celebró en el Congreso de los Diputados a cuya tribuna, también, asistió como invitada de la formación morada. Sevilla fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores, y se le retiró durante cuatro años la patria potestad, tras secuestrar en 2019 a su hijo y esconderle en una finca de Cuenca, tras un periplo por media España, sin escolarizar y privado de todo contacto con su padre, al que no vió durante más de siete años.