El caso Neurona avanza con el interrogatorio de dos trabajadores mexicanos de la consultora

Trecientos sesenta y tres mil euros bajo sospecha. El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, interroga este lunes por la tarde a dos trabajadores de la consultora Neurona –con residencia en México– para esclarecer los servicios prestados a Podemos durante la campaña para las elecciones generales de abril de 2019 que, presuntamente no llegaron a efectuarse o que, efectuándose fueron ampliados para desviar fondos del partido a un uso distinto de aquel para el que habían sido autorizados.

El magistrado tomará declaración en calidad de testigos a Germán Cobos Pío –el posible nexo entre Podemos y Neurona, según el administrador de la consultora en España– y a Waldemar Aguado Butanda –quien, en marzo de 2019, recibió la primera copia del contrato que se investiga y estuvo a cargo de realizar 48 diseños gráficos para la campaña–. Un interrogatorio que tendrá lugar tras conocerse el fallo estimatorio de la Audiencia Provincial de Madrid sobre dos recursos, los presentados por la defensa del administrador de Neurona en España –al que se adhirió Podemos– y el que interpuso la acusación popular ejercida por Vox, y ordenara al juez instructor que practicase ambas testificales que, en un principio, había denegado.

Aunque en un primer momento -en diciembre de 2020- el juez dio el visto bueno a la petición de Vox de llamar a declarar a los dos trabajadores, en junio de 2021 concluyó –a instancias de la posición de la Fiscalía– que no era necesario librar la comisión rogatoria a México, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 17.00, al considerar que lo que podrían decir ambos testigos ya había quedado acreditado por las personas que habían declarado en Madrid.

No causar «indefensión» a Podemos

La decisión de la Audiencia Provincial obligó al juez Escalonilla a emitir un nuevo auto en el que pedía auxilio a las autoridades judiciales mexicanas para celebrar el interrogatorio a los dos trabajadores de la consultora y preguntarles por el contrato acordado con la formación morada, cuando Pablo Iglesias, todavía, estaba al frente de la misma.

No en vano, los magistrados de la Audiencia de Madrid consideraron «necesarias» estas testificales una vez que el juez instructor no ha concretado aún los indicios para mantener imputado al administrador de Neurona en España. Según precisaron, «resulta procedente practicar las mismas con el fin de no causar indefensión».

Ambas testificales tendrán lugar en el marco de la investigación en la que aún está pendiente de conocerse el informe pericial que encargó el juez Escalonilla sobre el coste de los servicios prestados por la consultora. En abril, el titular del Juzgado ordenó la búsqueda de un nuevo perito, dieñador gráfico –ante la negativa del anteriormente designado– para valorar, como avanzó El Debate, si el importe de los trabajos prestados por la empresa implicada se ajustaron a la media del mercado para este tipo de casos y de tarifas. En este mes, la Audiencia de Madrid ha ordenado que se amplíe el análisis pericial y se incluyan otros 134 archivos de datos informáticos en el análisis de la causa.