La doble vara de medir en Valencia: de Camps y Barberá a Oltra y el hermano de Puig

Tras doce años de rosario judicial y mediático, protagonizando 170 portadas de un periódico nacional e infinidad de telediarios e informativos radiofónicos, el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha visto cómo eran archivadas una tras otra todas las causas abiertas –hasta un total de nueve– que proyectaban sombras sobre su trayectoria política. En la actualidad, solo le queda a Camps una de las seis separadas del caso Gürtel por los contratos menores que la Generalitat valenciana adjudicó a Orange Market.

Francisco Camps ha visto cómo eran archivadas una tras otra todas las causas abiertas –hasta un total de nueve– que proyectaban sombras sobre su carrera política

Francisco Camps siempre ha hecho responsable al actual presidente del Gobierno autonómico, Ximo Puig, de gastar cerca de un millón de euros de dinero público para alargar el proceso judicial contra él. El método de Puig habría sido el de presentar varios recursos a través de la acusación popular; un sistema este, el de la acusación popular, que no existe en ningún país de Europa occidental, salvo en España, y que en la práctica ha derivado hacia su instrumentalización política. No por casualidad, muchos de los abogados que concurren a estas acusaciones suelen estar vinculados al PSOE, IU u otros partidos.

Camps suele recordar que, en su caso concreto, Puig lleva la acusación popular; y que incluso ha recurrido la absolución en una causa anterior decretada por un jurado, si bien finalmente el Tribunal Supremo le dio la razón a él, a Camps.

La última causa que le queda a Camps saldrá para las próxima elecciones autonómicas y municipales, previstas para 2023

En esta misma línea, Camps parece convencido en las frecuentes declaraciones públicas que realiza de que existe una voluntad política «por lo menos para alargar el sufrimiento». Las distintas causas y recursos se han ido sucediendo en el tiempo y «muchas de ellas» coinciden, a juicio de Camps, con los periodos electorales. Así, el expresidente se muestra seguro de que el juicio por la última de sus causas saldrá para las próxima elecciones autonómicas y municipales, previstas para 2023. El objetivo sería el de hacer «el mayor daño posible» con su presencia en el banquillo de los acusados.

La muerte de Rita Barberá

En cuanto a Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por blanqueo contra 13 exconcejales y asesores de su época al frente del consistorio ante la «notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito» que dieron lugar a la formación del procedimiento. La Audiencia, en resumen, archivó la causa del 'pitufeo' al considerar que no hubo blanqueo en las elecciones de 2015.

La Audiencia de Valencia archivó la causa del 'pitufeo' de Rita Barberá al considerar que no hubo blanqueo en las elecciones de 2015

En marzo de 2016, en medio de una fortísima presión mediática, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP abrió un expediente informativo a los afectados e investigados por el presunto caso de blanqueo en el ayuntamiento de Valencia, incluida la propia Barberá.

La exalcaldesa, que entonces ocupaba un escaño en el Senado, restó pocos días después trascendencia a dicho expediente. «Son cosas que están en los Estatutos y punto y final», aseguró. Barberá falleció pocos meses después, el 23 de noviembre de 2016, en un hotel de Madrid y por causa de un infarto. El propio Francisco Camps reconoce que la causa del 'pitufeo' significó «años de sufrimiento de decenas de compañeros del PP en el ayuntamiento de Valencia».

Puig, el hermanísimo

El tratamiento mediático y político difiere cuando el caso afecta a representantes de la izquierda o entornos familiares cercanos. Tal es la situación de Francis Puig, el administrador de Comunicacions dels Ports S.L. y Mas Mut Producciones S.L. y hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que lleva meses enfangado en un caso de supuesto fraude con subvenciones irregulares.

Las empresas de la familia Puig y sus socios podrían haber recibido más de 220.000€ públicos de ayudas al fomento del empleo

Al parecer, las empresas de la familia Puig y sus socios podrían haber recibido más de 220.000€ públicos de ayudas al fomento del empleo; unas ayudas que ahora investiga la Inspección de Trabajo.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia escudriña la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las empresas del hermano de Puig entre los años 2015 y 2018.

Si algo destaca en el caso Puig, además de las cifras envueltas, es la discreción con la que está trascurriendo a nivel mediático. No es la situación de Mónica Oltra, quizás por la gravedad mayor del escándalo por el que se está viendo salpicada.

La sordidez del caso Oltra

«Se realizó una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos». Esta es una de las frases más repetidas por la Fiscalía de Valencia en el escrito que ha remitido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que estima que este órgano es competente para instruir el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales por parte del exmarido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y conselleria de Igualdad, Mónica Oltra, a una menor tutelada.

En el texto, de 71 páginas, la Fiscalía desgrana por periodos de tiempo cómo ocurrieron los hechos y concluye que los mismos podrían ser constitutivos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Tras su análisis, el ministerio público subraya: «A la luz de las actuaciones podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc., se equivocó, pero ¿todos?; ¿todos se equivocaron? Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos –autoridades, funcionarios y personas intervinientes– de disminuir la importancia y ocultar los abusos».

Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de autoridades, funcionarios y personas intervinientes de disminuir la importancia y ocultar los abusos

La Fiscalía, preguntada por cuál podría ser la finalidad de todo ello, se responde: «El beneficiario directo era Luis Eduardo, exmarido de Oltra, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también, de esa manera de proceder, en cuanto le beneficiaba a su marido ocultando los abusos y a ella en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales».

«Si tanto interés se tenía en 'esclarecer los hechos' ¿por qué no se denunciaron ante la Policía, Fiscalía y Administración de Justicia? ¿Por qué todos los intervinientes, salvo al principio Escriche (trabajadora social), negaron credibilidad a la menor? ¿Todos se equivocaron? Es difícilmente creíble», apostilla la Fiscalía.

Las explicaciones de Mónica Oltra al respecto están resultando, cuando menos, rocambolescas, máxime cuando ella le dijo a Camps en 2010 que si se viera imputada como él, entonces se «iría a casa».

Así, Oltra, en una comparecencia suya del 21 de abril de 2021 en las Cortes valencianas, cuando le preguntaron sobre en qué momento fue conocedora de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, explicó que lo descubrió cuando llegó la citación judicial a su domicilio: «Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta» (sic), dijo hablando de ella misma en tercera persona.

Según explicó en 2021, conoció los hechos el viernes 4 de agosto de 2017, mientras estaba de vacaciones fuera de Valencia, por una llamada que avisaba de la llegada de esta citación al domicilio. «Conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo», indicó.

Tras conocerse su imputación formal, la vicepresidenta y consellera de Igualdad ha descartado dimitir por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, recalcando que la suya «es una postura ética, estética y política» y no personal, y aseverando que todo, a su juicio, consiste en «una cacería de la extrema derecha». «Soy coherente y lo seguiré siendo», ha aseverado.

Uno para todos y todos para uno

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y su equipo se remiten a las explicaciones que ofrezca Mónica Oltra el próximo día 6 de julio tras su imputación.

Tanto Díaz como los principales cargos de la dirección de Podemos o el líder de Más País, Íñigo Errejón, todavía no se han pronunciando públicamente sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Mientras, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha trasladado «todo su apoyo» a la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y proclamó en Twitter que la «verdad se acabará imponiendo» favorablemente para su compañera de filas.

Ximo Puig, por el momento, se ha limitado a reconocer que la imputación de Oltra abre una situación «compleja», que necesita de un «tiempo de reflexión», apostando por abordarlo «desde la serenidad». «Hay que reflexionar y tomar decisiones», ha expresado el líder del Ejecutivo de coalición tripartita que forman PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.

El comentario más realista que se ha escuchado por el momento en el mundo de la izquierda ha sido el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Evitando pronunciarse directamente sobre si debe dimitir Oltra tras ser imputada, Robles ha señalado que «cada persona tiene que saber lo que hace en cada momento».