PP, Vox y Cs avisan al PSOE de que ha firmado su sentencia con Bildu: «España no paga traidores»

Se llamaba Fabio Moreno y tenía solo dos años cuando un coche bomba destrozó su pequeño cuerpo en la localidad vizcaína de Erandio. ETA quiso acabar con la vida de su padre, un guardia civil destinado en la Comandancia de Bilbao, y se llevó la suya por delante.

Este jueves, tres décadas después, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz preguntó a la bancada del PSOE cómo han tenido la indecencia de pactar la Ley de Memoria Democrática con aquellos que han participado en los homenajes a los asesinos del pequeño Fabio y de otras muchas víctimas de la banda terrorista. Y, además, justo en la semana en que se conmemora el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

No hubo respuesta. Ni a esa pregunta ni a otras dos que hizo el diputado de Cs a los socialistas: por qué esta ley protege el recuerdo de las víctimas del franquismo pero no el de las víctimas de ETA; ni por qué prohíbe los homenajes a los franquistas pero no a los etarras. «Todavía no son conscientes de la magnitud de lo que han hecho. Grábense esto a fuego, señores del PSOE: España no paga traidores», advirtió.

El debate sobre la Ley de Memoria Democrática dejó este jueves un regusto amargo en un Congreso enfrentado y polarizado. Los diputados de Unidas Podemos, ERC y Bildu incluso abandonaron el hemiciclo cuando Francisco José Contreras, de Vox, tomó la palabra para quejarse de la que definió como «una ley totalitaria que divide a los españoles en buenos y malos». «Están batasunizando la memoria», denunció.

El clima era tenso. Y raro. En ese mismo hemiciclo, apenas 24 horas antes Pedro Sánchez había afirmado con solemnidad que «ETA ya no existe» desde hace 10 años. Y, un día después, sus socios estaban denunciando que el franquismo sigue vivo en el Congreso.

Bildu, presumiendo

«Lo que les molesta no es el apoyo de Bildu a esta ley, sino reconocer a las víctimas del franquismo, comprobar que ellos, los vencedores, no van a poder borrar ni la memoria ni la dignidad de las víctimas que la guerra y la dictadura provocó. Lo que les molesta es que la verdad y la justicia vaya a llegar a muchas de las víctimas de una dictadura que anhelan; una dictadura que nunca rechazaron y que aún hoy siguen reivindicando», sostuvo la diputada de Bildu Isabel Pozueta dirigiéndose al PP, Vox y Ciudadanos.

Los diputados del PSOE, los que estaban en el hemiciclo, asistieron sin inmutarse a los golpes en el pecho que se dio Bildu por haber logrado introducir una enmienda en la ley que abarca la Transición y hasta 1983, con Felipe González. Una concesión de Pedro Sánchez a la izquierda abertzale clave para desatascar la ley después de meses de peregrinaje parlamentario, ante la negativa de ERC a apoyarla por insuficiente (Esquerra se abstuvo).

El diputado del PP Jaime Mateu se dirigió a los cinco diputados de Bildu para pedirles que condenen los asesinatos de ETA. Algo que su portavoz, Mertxe Aizpurua, no hizo cuando un día antes leyó en ese mismo hemiciclo un fragmento de la declaración del pasado 18 de octubre en Aiete. «Sentimos su dolor (el de las víctimas) y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido», reprodujo el miércoles Aizpurua.

En ésas que tomó la palabra el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, para elevar los decibelios y acusar a las bancadas de la derecha de «falta de empatía hacia las víctimas». De eso y de seguir justificando la dictadura franquista. «Enfrentar a unas víctimas con otras es una indignidad», señaló Santiago.

Cerró el debate el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que declaró con rotundidad: «Este Gobierno siempre con todas las víctimas, arropándolas, ayudándolas y no tratando de utilizarlas». Bolaños enarboló como argumento la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en los estertores del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero lo que se le olvidó decir al ministro fue que, como reveló El Debate el martes, el Gobierno ha enterrado definitivamente la reforma de esa ley. Un compromiso que el ministro del Interior adquirió hace cuatro años con las víctimas para multar por la vía administrativa los recibimientos a etarras, los llamados ongi etorri, en vista de las complicaciones de los jueces para prohibirlos de forma preventiva.

Con las asociaciones de víctimas, con 19, se reunió precisamente este jueves Alberto Núñez Feijóo en dependencias del Congreso. Y ante ellas oficializó que si gobierna derogará la Ley de Memoria Democrática que ahora, una vez aprobada por el Congreso, va camino del Senado para su aprobación definitiva.