El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez, durante el homenaje en Ermua
Suma y sigue
Sánchez entierra la reforma legal para multar los homenajes a etarras en otra cesión a Bildu
Marlaska se la prometió en varias ocasiones a las víctimas, ante las humillaciones que soportan. Pero las prioridades del Gobierno que acaba de pactar la Ley de Memoria con Otegi han cambiado
Pedro Sánchez ha decidido dar una palmada más en la espalda de Bildu al aparcar de forma definitiva la reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que data de 2011. Se trataba de una reforma pensada para multar por la vía administrativa los recibimientos a etarras, los llamados ongi etorri, en vista de las complicaciones de los jueces para prohibirlos de forma preventiva.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo lleva todo el curso sin tener noticias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como confirma a El Debate su abogada, Carmen Ladrón de Guevara. Él mismo prometió esta reforma cuando tomó posesión por primera vez, en junio de 2018. Un ministro que el domingo fue el gran ausente en el homenaje a las víctimas del terrorismo presidido por el Rey en Ermua, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
En mayo de 2021, después de varios retrasos, Grande-Marlaska se comprometió personalmente con la AVT a acelerar una reforma que implicaba más cosas aparte de poner freno a los ongi etorri. Implicaba ampliar el ámbito de protección de dicha ley a los hijos de víctimas del terrorismo que en el momento del atentado eran menores de edad y arrastran secuelas psicológicas.
Durante meses, Interior se escudó en una directiva europea para retrasar una reforma que, finalmente, no llegará
Durante meses, el Ministerio del Interior dio largas a las víctimas escudándose en que estaban pendientes de conocer una revisión que la Comisión Europea estaba haciendo sobre la Directiva 2017/541 en lo referido a actos de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, para comprobar si afectaba a la reforma de la ley española.
Bruselas se pronunció en noviembre de 2021 y, aun así, a estas alturas Interior no ha movido ficha. A preguntas de este diario tampoco dan una explicación. De hecho, la reforma no figura en el Plan Anual Normativo de 2022, que marca las prioridades legislativas del Ejecutivo para el curso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
A finales de ese mes de noviembre, el colectivo de presos de ETA EPPK emitió un oportuno comunicado instando a sus familiares a prescindir de ongi etorri y a limitar las recepciones a actos «discretos» en «el ámbito privado». EPPK daba así a Sánchez la coartada que necesitaba para dejar la reforma de la ley en un cajón.
Sin embargo, aquel comunicado se produjo en medio de una importante división interna en el colectivo de presos. Entre los etarras que votaron en contra de suprimir los homenajes estaba Javier García Gaztelu 'Txapote', el asesino –entre otros– de Miguel Ángel Blanco. Así que la disidencia, organizada en torno al colectivo Amnistia Ta Askatasuna –los duros entre los duros– ha seguido organizando homenajes. Los últimos, a los etarras Ignacio Martín Etxebarria, 'Mortadelo' –en diciembre, en Pamplona– e Ibai Aguinaga –el 13 de marzo en Berango–.
El pasado mes de febrero se conoció un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil revelador. Uno elaborado medio año antes del paso dado por EPPK en noviembre. En él, los investigadores ya alertaban de que los presos de ETA estaban planeando una artimaña: «No renuncian a hacer actos de homenaje o recibimientos, sino que proponen recibimientos encubiertos, bajo el formato de manifestaciones u otro tipo de eventos». Con el objetivo de «evitar las denuncias de las asociaciones de víctimas del terrorismo y algunos partidos políticos que los consideraban actos de enaltecimiento del terrorismo».
Efectivamente. Aunque los ongi etorri hayan descendido, los actos de apoyo a ETA no. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha documentado 324 en los primeros seis meses de 2022, lo que supone prácticamente dos actos al día. He ahí la trampa.
La propuesta del PP que fracasó
En febrero, ante la dejación del Gobierno, el PP llevó al Congreso una proposición de ley para reformar el Estatuto de la Víctima del Delito y dotar a las víctimas de una mayor protección frente a los beneficios penitenciarios de los etarras y los ongi etorri. El PSOE, Unidas Podemos, el PNV y, por supuesto, Bildu votaron en contra.
Durante su debate, el diputado socialista Miguel Ángel González acusó al PP de «cruzar las líneas rojas de la decencia política» y de «usar a las víctimas para hacer politiqueo».
La Ley de Memoria Democrática
Para desgracia de las víctimas de ETA, éstas han visto cómo el presidente descarta la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo a la par que pacta la Ley de Memoria Democrática con Bildu.
Para más inri, esta última castiga duramente cualquier acto de apología personal o colectiva de la dictadura franquista (los que implican descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares se considerarán infracciones muy graves, multadas con entre 10.001 y 150.000 euros. Mientras, en paralelo, la impunidad seguirá siendo la tónica en los homenajes a etarras.
Por la puerta lateral
También por esa vía equiparó el régimen de indemnizaciones y derechos de todas las víctimas españolas de acciones terroristas en el extranjero con los de las víctimas de atentados perpetrados en España.
