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Feijóo en el Congreso de los Diputados

Feijóo, en el Congreso de los DiputadosEFE

Apela al socialismo moderado

Feijóo califica de «broma de mal gusto» el «alargar el franquismo hasta 1983»

El presidente del PP ha clausurado este viernes el curso de verano de su partido en San Lorenzo de El Escorial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido este viernes a los socialistas que consideran que EH Bildu no es un interlocutor válido para pactar la ley de Memoria Democrática, que el Congreso aprobó ayer y que para el presidente de los populares es una «indecencia», reiterando que se ha comprometido a derogarla porque «no es ni de memoria ni democrática».

Feijóo ha reprochado que se pacten «los términos de nuestra memoria» con «los herederos políticos de los que bombardearon la democracia utilizando como arma el terrorismo» y ha sostenido que no pueden ser interlocutores ni en memoria ni en democracia quienes «son incapaces de condenar los asesinatos» y de colaborar en esclarecer los casos pendientes.

«Y lo saben muchos socialistas, hay algunos que lo han manifestado y lo han escrito y lo han firmado y hay otros que lo saben, lo sienten y están perplejos de como ha mutado aquel Partido Socialista Obrero Español de las libertades, de la Transición y de la Constitución», ha argumentado.

Además, a pesar de que el ámbito de aplicación de la ley finaliza en 1978, Feijóo ha calificado de «broma de mal gusto» el «alargar el franquismo hasta 1983».

Manto de ignominia

En términos similares se ha pronunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha sostenido que esta nueva normativa lanza un «manto de ignominia» sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo y Felipe González, algo que no se debe a su juicio ni «permitir» ni «consentir».

Según el PP, EH Bildu ha logrado poner en jaque una Transición «ejemplar», aunque creen que el «deterioro» que provoca esta ley es «reversible y revertible».

La nueva ley de Memoria Democrática, que debe ser aprobada de forma definitiva en el Senado, protege a las víctimas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978, y tras una enmienda pactada con EH Bildu y Más País, incluye la creación de una comisión para estudiar vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia».

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