Los seis temas que han evitado Sánchez y Aragonès para no malograr su foto del reencuentro

La reactivación de la llamada «mesa de diálogo y negociación» es el método, no el fin. Así se lo ha recordado Pere Aragonès a Pedro Sánchez al señalar que en esa cita de la última semana de julio en Madrid ambos gobiernos deberán llegar a «acuerdos concretos». «Hechos, no palabras», ha resumido.

La reunión entre ambos presidentes en La Moncloa ha sido cordial, a decir de ambas partes. Pero no ha ido ni bien ni mal, porque han evitado todos los puntos de desencuentro. Hoy solo interesaba escenificar que Sánchez y ERC -porque esto va de eso, no de gobiernos- están en el camino de recuperar «su» normalidad tras la crisis del espionaje con Pegasus.

De hecho, no han hablado de la reforma del delito de sedición, aunque el presidente de la Generalitat ha sostenido después en rueda de prensa que espera «acuerdos parciales» en la «desjudicialización del conflicto político» en la mesa de dentro de dos semanas. «Acabar con la criminalización y la represión es imprescindible», según Aragonès.

Tampoco han hablado del paso dado este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE posicionándose en favor de la euroorden del juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont. «No ha sido objeto de comentario», ha zanjado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Ni Sánchez le ha dado a Aragonès un plazo para aprobar esa reforma de la Ley Orgánica que regula el control previo del CNI, un compromiso que adquirió con los independentistas en el Congreso a finales de mayo. Durante su comparecencia, el presidente de la Generalitat ha reiterado su «preocupación» por el espionaje, «que no se resuelve con el cese de la directora del CNI», ha insistido.

En el transcurso de la conversación, de una hora y 45 minutos, tampoco ha salido, según la portavoz, la negociación de los próximos Presupuestos Generales, que será otro hueso duro de roer para Sánchez. Ni la sentencia del 25 % del castellano en las aulas catalanas y los intentos de la Generalitat por evitar su cumplimiento.

Y mucho menos de un referéndum. Rodríguez ha reconocido, eso sí, que en lo que se refiere al futuro de Cataluña ambas administraciones siguen en «posiciones muy distintas». Porque el Gobierno defiende la Constitución y su Título VIII. También Aragonés ha constatado ese abismo: «Estamos lejos de poder resolver el conflicto político. En Cataluña hay una amplia mayoría que quiere decidir su futuro político».

Tanto Rodríguez como Aragonès han invitado a Junts per Catalunya, socios de ERC en la Generalitat, a que esté presente en la mesa, puesto que en la convocatoria del pasado 15 de septiembre no quiso. No obstante, Junts no parece por la labor tampoco esta vez.