Verano de vacaciones y restaurantes abiertos en la ‘Marbella extremeña’ pese a la sentencia de demolición

El pasado mes de febrero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordenó la demolición total de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, conocida como la ‘Marbella extremeña’. El Alto Tribunal decidió estimar íntegramente el recurso de casación interpuesto por la entidad Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), que decretaba que solo se debía derribar lo que se encontraba a medio construir. Sin embargo, la desaparición del complejo está todavía lejos de llegar a puerto.

Tal y como ha podido comprobar este periódico, el hotel de cuatro estrellas que se encuentra en la isla continúa abierto, al igual que los restaurantes. Además, los propietarios –entre los que se incluyen celebridades como el cantante Carlos Baute o el hijo de José María Aznar– pueden disfrutar de las vacaciones en sus casas de lujo, aunque no saben si este será el último verano en el que estarán en pie. Así las cosas, la demolición se encuentra en una correosa situación administrativa y judicial.

El desarrollo de la causa

El Gobierno socialista de Carlos Rodríguez Ibarra promulgó y aprobó en 2007 que la Isla de Valdecañas fuera un Proyecto de Interés Regional. De esta manera se pudieron recalificar los terrenos, que en principio estaban declarados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), e incluidos como territorio no urbanizable de la Red Natura 2000. Así pues, las obras comenzaron ese mismo año, y ya en 2010 se abrió parte de lo construido: 185 fincas de lujo –de un precio que alcanzaba los 550.000 euros– un hotel, un club de golf e instalaciones deportivas.

A pesar de ello, las asociaciones ecologistas llevaron el caso hasta los tribunales, y en 2011 el TSJE resolvió que se debía ejecutar la demolición. Para hacer frente a esta situación la Junta de Extremadura permitió la urbanización en terrenos protegidos modificando la Ley del Suelo, aunque tres años después, en 2014, la Sala Tercera del Supremo ratificó la sentencia y dictaminó que los terrenos construidos debían volver a su estado original.

Nos gustaría que esta situación no hubiera empezado. Desde el primer momento era ilegal y una tragedia, pero no quisieron paralizar las obrasÁngel García CalleCoordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura

El Ejecutivo de Extremadura continuó luchando para mantener el complejo urbanístico y solicitó un informe para evaluar las consecuencias medioambientales que habían provocado las construcciones en la isla. Finalmente se concluyó que los efectos eran más perjudiciales si se conservaban las edificaciones. Sin embargo, en una nueva resolución el TSJE decidió tirar solo las fincas que se encontraban a medio construir, permitiendo que permanecieran las ya terminadas. La última decisión judicial llegó en febrero de este año, cuando el Alto Tribunal estimó que había que demoler todo.

Un mes después, en marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emitió un auto en el que otorgaba un plazo de ocho meses –hasta diciembre de 2022– para que la Administración realizara un plan de demolición en el que definir los plazos y costes de la operación. En este contexto la Junta encargó un sondeo a la empresa Metroscopia –en el que se gastó 14.500 euros– para preguntar a los extremeños qué opinaban sobre el derribo en la isla. El 80 % de los ciudadanos consideraron «injusta» la situación, y se manifestaron partidarios de recurrir la sentencia del Supremo, instancia que también han planteado los propietarios de Marina Isla de Valdecañas ante el Tribunal Constitucional, y que todavía no se ha resuelto.

«No han reconocido responsabilidades políticas»

El coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Ángel García Calle, ha manifestado a este diario que desde su asociación le piden al Gobierno extremeño «que la sentencia del Supremo se cumpla en sus propios términos». Desde la formación ecologista aseguran que no son «ajenos a la situación» porque «a nadie le gusta que le derriben su casa». No obstante, también afirman que «los propietarios no son terceros de buena fe debido a que cuando firmaron la escritura se indicaba que había un procedimiento judicial en marcha», lo que les hace certificar que están «convencidos de que no va a haber indemnizaciones».

García Calle asevera que en la Junta «ha habido desde un primer momento actos que son constitutivos de un delito de prevaricación de libro», y en especial «la reforma de la Ley del Suelo tras la primera sentencia del TSJE, que se hizo con nocturnidad y alevosía». Asimismo, los recurrentes han alegado después de la sentencia del Supremo que la declaración de la isla como zona ZEPA no es válida porque no llegó a aprobarse. Por su parte, el coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura manifiesta que es una defensa «absurda» y «a la desesperada» porque «aunque sí que es verdad que en su día la declaración de zona ZEPA era un proceso más liviano», en Valdecañas «se constituyó y estaba vigente al tiempo en el que se otorgaron las licencias».

En la asociación ecologista sostienen que les «gustaría» que esta situación no hubiera empezado: «Desde el primer momento era ilegal y una tragedia, pero no quisieron paralizar las obras». También recuerdan que no han optado por utilizar «la vía penal» durante el procedimiento, pero achacan responsabilidades a la Junta de Extremadura «por haber concedido las licencias». «No solo es que no hayan pedido perdón, sino que no han reconocido ningún tipo de responsabilidades políticas», defiende García Calle.

Los partidos, en contra del derribo

Cuando se conoció la sentencia del Alto Tribunal el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se manifestó en contra de la demolición. El barón socialista subrayó que el asunto «todavía tiene recorrido judicial», y que «derribar ahora las toneladas que habrá allí de material o de ripio va a producir un efecto mucho más negativo». Por su parte, la candidata a la Junta por el Partido Popular, María Guardiola, ha visitado este mismo verano la isla de Valdecañas, y defendió la necesidad de revisar las superficies protegidas de la región para buscar su compatibilidad con el crecimiento económico que «tanto necesita la región».