La Ley cerca a Pedro Sánchez para que aclare el origen del conflicto con Marruecos y Argelia

Hace apenas unos días, Mohamed VI se vanaglorió de haber logrado que Pedro Sánchez le conceda de algún modo la autoridad plena sobre el Sáhara. Es el penúltimo episodio de una larga historia de volantazos, penumbras y quizá hasta espionajes que comenzó hace 15 meses con una persona y su misteriosa llegada a España.

Todo empezó en la primavera de 2021, mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania y el precio del gas y la inflación se dispararan. Fue entonces cuando el Gobierno empezó a dinamitar sus relaciones con Marruecos y Argelia, clave en el entuerto que ahora alimenta una crisis energética histórica por la reducción, de hasta un 45 %, del suministro de gas argelino y el crecimiento de un 15 %, paradójicamente, de los envíos desde Moscú.

En mayo de aquel año, un personaje desconocido para la opinión pública entró en España de manera clandestina, supuestamente para tratarse una dolencia grave en un hospital de La Rioja. Era Brahim Ghali, líder del Frente Polisario del Sáhara, un héroe para Argelia y un terrorista para Marruecos que Sánchez trató con honores diplomáticos, una exquisita hospitalidad sanitaria y un secretismo que saltó por los aires al enterarse Rabat.

En ese episodio, a partir de ahí, se concentran las grandes lagunas y penumbras del Gobierno, domésticas e internacionales, en un puzle donde aparecen todos los trucos y todas las consecuencias del manual de supervivencia de Sánchez: desde el uso abusivo del secreto de Estado que ahora quiere cambiar por una nueva Ley que garantice su opacidad hasta el inexplicado volantazo en su relación con Argel y Rabat, con el caso Pegasus y el espionaje al propio presidente entre medias.

Y lejos de contribuir a aclararlo, Sánchez se ha acantonado en las sombras para emborronar todas y cada una de las escenas de esa película de terror y misterio que se proyecta en varias pantallas, todas en realidad conectadas.

El origen de todo con Marruecos, Argelia y la crisis energética está en un hombre y una decisión de la que Sánchez quiere ahora a toda costa exonerarse

De todo ello da cuenta un documento, obtenido por El Debate, que evidencia el antagonismo entre lo que Sánchez dice en público y lo que en realidad hace en privado, resumido en ese presidente que la semana pasada exigía a los medios de comunicación que no «intoxicaran» mientras él, de puertas hacia adentro, enmaraña los grandes asuntos de Estado para diluir la gestión que de ellas hace.

O mientras comparece para presumir de sus nuevas relaciones con Marruecos, que incluyen la cesión unilateral del Sáhara sin respaldo del Congreso, se lava las manos ante la Justicia para aclarar por qué dejó entrar a Ghali en España y le carga el mochuelo a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, que a su vez se niegan a atender las instrucciones legales que les obligan a aclararlo todo.

Así figura en el documento oficial que hoy publica en exclusiva este periódico, en el que el Ministerio de Presidencia asegura no tener documentación alguna sobre la llegada de Ghali a España y carga en Albares y Marlaska una responsabilidad que todos ellos rechazan, pese a que en los tres casos el Consejo de Transparencia ha fallado en su contra, obligándoles en balde a dar explicaciones, y un juzgado de Zaragoza instruye el caso.

Sánchez se lava las manos

De este documento, fechado en junio del año pasado, deriva una nueva resolución del Consejo de Transparencia, la 78/2022, por la que una vez más la máxima autoridad independiente en materia de Transparencia otorga su amparo a este periódico. Este es un hecho fundamental ahora que además Pedro Sánchez pretende con su nueva regulación privar a los medios de comunicación de su derecho constitucional a informar libremente, reforzando así el derecho a saber de la ciudadanía.

«No existe documentación alguna en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática», reconoce por escrito Salvador Lacoz Cisneros, director del Gabinete del Subsecretario de Félix Bolaños, que a la vez intenta cargarle el mochuelo a Exteriores, Interior y a «la Comunidad de la Rioja».

Un modus operandi casi calcado al que también perpetraba su homólogo en Exteriores en otro documento en propiedad de El Debate. En éste, Luis Manuel Cuenca, subsecretario de Albares, repite el intento de escurrir el bulto con un argumento alternativo, apelando a la judicialización de caso como excusa para esconder la información: «La entrada en España de Brahim Ghali es objeto de investigación en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza», con el expediente de diligencias previas 1281/2021. Y lo hacen todos a sabiendas de que los dos Ministerios y el Gobierno ya están en situación legal de rebeldía, pues ambos han sido instados ya formalmente a dar cuentas a El Debate sobre la «Operación Ghali» que dinamita aún en la actualidad las relaciones con Marruecos, y ambos han desobedecido, simplemente, lo mandado por el Consejo de Transparencia, sin interponer recurso ante los tribunales. Este es el fraude de ley del que se sirve Moncloa.

Es decir, con la misma mezcla de opacidad y falta de explicaciones, Sánchez deja entrar al gran amigo de Argelia y meses después, tras ser espiado, da un volantazo y «regala» el Sáhara a Marruecos, y todo ello sin pasar por el Parlamento, ignorando las imposiciones firmes de instancias legales y a la vez intentando lavarse las manos.

En este caso, como en los anteriores con Marlaska y la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que asimismo también incumple hasta en dos ocasiones lo mandado por el CTBG, es ahora a Albares a quien le toca dar cuentas, a pesar de su resistencia amparándose en las investigaciones en curso de un juzgado de Zaragoza, sobre este espinoso asunto, y todo ello tras ser señalado directamente por Pedro Sánchez.

Una demoledora resolución, con número de serie 78 /2022, desmonta al Gobierno en varios frentes y ampara el derecho de El Debate a recibir la información exacta de las instrucciones dadas por Sánchez para acoger en España al líder Polisario.

En la misma, se deniega el supuesto «carácter confidencial» de la operación; se rechaza que la instrucción de una causa penal en un juzgado de Zaragoza le impida al Gobierno detallar todo lo que ocurrió con Ghali y se recalca una conclusión que desmonta el espíritu y la letra de la próxima Ley de Secretos Oficiales que Sánchez quiere aprobar para declarar confidencial todo lo que le interese: «Repetimos (…), no ha quedado acreditado».

Es decir, el Gobierno de Sánchez acumula ya tres varapalos legales por proteger al «Señor X» de la operación que dinamitó 50 años de posición española en el Sáhara; introdujo un extraño episodio de espionaje internacional al Presidente; suspendió las relaciones comerciales y el suministro fluido de gas con Argelia y ha provocado, entre otros casos similares, una ofensiva del Gobierno para acabar con la difusión de noticias como ésta, impulsando una ley que castigaría con sanciones millonarias la publicación de toda información clasificada por Moncloa como confidencial, con el mismo Bolaños que esconde las claves de Ghali al frente de la ofensiva gubernamental contra la libertad de informar.

Cabe recordar que, para terminar de las «bombas de humo» que lleva lanzando el Gobierno para enmarañar la situación, el pasado junio El Debate reveló que Pedro Sánchez no informó formalmente al Rey de España de su decisión, personalísima y sin respaldo de las Cortes, de variar medio siglo de postura española en el Sáhara y concederla a Marruecos la tutela del enclave, solo meses después de que fuera espiado, tal vez por la inteligencia de Mohamed VI.

La tormenta con Argelia

Así se deducía de la documentación que revelada por El Debate, tras meses de investigación y en plena tormenta internacional con Argelia, que muestra cómo desde antes del giro con Rabat, y pese a las represalias de Marruecos con Ceuta por acoger hace un año al líder del Frente Polisario, Moncloa no hizo partícipe a La Zarzuela de las personalísimas decisiones de Sánchez pese a la espléndida relación de Felipe VI, y de Juan Carlos I, con su «primo» alauí.

Y si lo hizo, se niega a explicarlo por razones desconocidas que prolongan las sospechas sobre un drama internacional en tres actos: en el primero, Sánchez permitió la entrada en España de Brahim Ghali, líder de Polisario y aliado confeso de Argelia en su largo pulso contra Marruecos. En el segundo fue espiado el presidente, sin que nunca desmintiera la responsabilidad de Rabat en los hechos.

Y en el tercero, Sánchez aceptó concederle a Mohamed VI la mayor jerarquía que nunca soñó sobre la excolonia, sin recibir a cambio nada: Ceuta y Melilla, e incluso Canarias, siguen sin recibir de Rabat el reconocimiento a su españolidad, nunca asumida por el reino alauí y ahora objeto de una crisis diplomática con Argel de incalculables consecuencias que entre otras cosas le obliga a España a comprarle a Putin más gas que antes de la guerra.

La rebeldía de Sánchez no es nueva a la hora de despejar si mantuvo al Rey Felipe informado de esta crisis cuyo fin parece lejano en el tiempo.

Moncloa insiste de nuevo en negarse a dar información pública alguna sobre el plan de autonomía del Sáhara y de sus «ideas importantes para la nueva relación entre los reinos de España y Marruecos», según las palabras del propio Sánchez.

En un documento que obra en exclusiva en poder de El Debate, desde Secretaría General de Presidencia se afirma incluso el «conocimiento y divulgación» de cualquier intercambio de posiciones entre Zarzuela y Moncloa tendría «consecuencias directas inmediatas en las relaciones internacionales de nuestro país», sin precisar por qué y en contraste con las que sí ha tenido ya el cambio de postura unilateral de Sánchez en el Sáhara.