Lesmes exige a Sánchez y Feijóo la renovación «urgente» del CGPJ y amenaza con dimitir si no se hace

con las conversaciones entre Gobierno y oposición totalmente rotas y a menos de un día de que se celebre el Pleno extraordinario en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, en el marco de la renovación de un total de cinco de sus miembros, el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, ha dejado claro que presentará su dimisión, a título individual, en cuestión de semanas, si tras su discurso de este miércoles, en el solemne acto de apertura del Año Judicial en el Alto Tribunal no hay movimientos políticos para resolver la parálisis institucional.

La votación inicial de los dos nombres de consenso que Lesmes planeaba proponer a los miembros del CGPJ, este jueves día ocho, no saldrá adelante tras el rechazo de un grupo de ocho vocales conservadores a las presiones impuestas desde el Poder Ejecutivo para hacerse con el control del órgano de Garantías. Así las cosas, el todavía presidente del Supremo ha abierto la puerta de salida de su cargo ante una situación «insostenible» y cuya «gravedad se ha ido ampliando» desde su discurso del pasado curso y a lo largo de los dieciséis últimos meses.

«De no ser atendido este llamamiento, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan», ha deslizado Lesmes quien, sin embargo, descarta la posibilidad de que los miembros del Consejo dimitan en bloque -tal y como se les pide desde ciertos sectores progresistas de la magistratura- al entender que tal decisión sería «un comportamiento irresponsable e inaceptable desde la perspectiva ciudadana». Un escenario que, además, «podría conllevar otro tipo de responsabilidades» de índole legal.

Lesmes ha elevado el tono a la luz de los últimos acontecimientos y ha dejado claro que no contribuirá en el incumplimiento de la ley vigente -aunque restando importancia a la fecha del 13 de septiembre, límite temporal impuesto desde el Gobierno para hacer efectivos los nombramientos para renovar el Constitucional- pero, tampoco, avalará con su inacción el intento por presionar a la más alta magistratura de nuestro país, con reformas «oportunistas» que únicamente responden a «intereses partidistas».

Como alternativa, y sin descartar otro tipo de medidas adicionales a su propia renuncia, el también presidente del Supremo ha dado a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de reunirse de forma inminente para desenquistar al Consejo y permitir, con ello, la recuperación de todas sus competencias incluida la de realizar los nombramientos discrecionales, a todos los órganos judiciales sin excepción, que le fueron retirados mientras siga caducado.

No en vano, el escenario en el que se encuentra el Supremo como consecuencia de dicha prohibición mantiene vacantes un total de 14 de las 79 plazas del Alto Tribunal que alcanzarán la veintena en marzo del próximo año y sostiene a 49 de los 119 presidentes de salas de tribunales españoles, en funciones. A juicio de Lesmes, el mayor «estropicio» causado a la cúpula judicial en toda la historia de nuestra democracia.

Si no hay avances, habrá consecuencias

El propio presidente del Supremo ha sido el encargado de confirmar la baza de su dimisión, como medida que preferiría no verse obligado a «activar», a los medios de comunicación presentes en la sede del Supremo. Pero, al mismo tiempo, el ultimatum avanzado bajo la atenta mirada del Rey Felipe VI cobraba certeza ante el «portazo político» al Poder Judicial. Lesmes ha asegurado, también, que en el caso de abandonar su cargo al frente del CGPJ y del Alto Tribunal «hay un mecanismo legal previsto para su reemplazo inmediato»: el vocal de «mayor antiguedad en el Pleno del Consejo». Esto es, el actual presidente de la Sala Primera de lo Civil del Supremo, Francisco Marín Castán.

«Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo», instaba minutos antes a las dos principales fuerzas políticas, en el acto de solemne apertura del Año Judicial.

Pide reformar el modelo de elección

En el supuesto de que las posiciones políticas se mantuviesen , Lesmes ha advertido que «la reforma» del actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible». El presidente del máximo órgano de los jueces ha sido tajante al respecto: «El modelo de elección» vigente -y «exclusivamente parlamentaria de los vocales» del Consejo- «sin participación determinante de los propios jueces» está agotado.

Tras más de «cuarenta años de existencia en nuestro país» y pese a que «en la mayor parte de las ocasiones la renovación de la institución se ha hecho en el plazo marcado por la constitución y algunos Consejos, como el que yo me digno presidir, obtuvieron además amplísimos respaldos parlamentarios (...) hoy, sin embargo, hay que admitir» que el sistema «se ha instalado en una crisis de difícil salida».

«Es indudable que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad para todas aquellas tareas de gobierno que trascienden del interés corporativo de Jueces y Magistrados por afectar a la sociedad entera, pero no es menos cierto que dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo intersado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente en los últimos años precisamente por las circunstancias que rodean a la no renovación», ha asegurado el jurista en el transcurso de su alocución.

«El escenario político de estos últimos años», ha afirmado, «está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española. Me refiero lógicamente al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo. El primero de ellos por la falta de renovación en plazo y la limitación de sus funciones esenciales y, el segundo, por la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el pasado año, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición».

Además, no ha querido dejar pasar la ocasión de visibilizar su crítica abierta a la última contrarreforma del Gobierno de Pedro Sánchez que, antes del verano, modificaba por la vía de urgencia -y sin consenso con las partes implicadas- la norma con la que él mismo desbloqueaba su veto a los nombramientos, pero sólo en el caso del Constitucional. «Nada se dice en esa Ley sobre la imposible designación de los magistrados del Supremo, pese a ser a todas luces evidente la grave situación a la que se ha abocado" al más Alto Tribunal, ha afeado al Ejecutivo su presidente.

«Ya el pasado año advertí que la falta de cobertura de vacantes nos estaba colocando en una situación límite y que en unos meses sería insostenible. Tan es así que en unas semanas la Sala de lo Social y la de lo Contencioso- Administrativo del Supremo no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento, como previene la Ley, por falta de magistrados». Entre ellas, la de la Sección de Admisiones de la Sala Tercera, a la que el propio Carlos Lesmes pertenece como magistrado, y que tendrá que abordar la revisión, entre otros casos, de los indultos de los líderes políticos del 'procés'.