Lesmes exige a Sánchez una reforma «ineludible» y «urgente» del sistema de renovación del CGPJ

«La reforma es ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible», ha exigido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, en su discurso de apertura del Año Judicial. Lesmes ha sido tajante al respecto: «El modelo de elección» actual «exclusivamente parlamentaria de los vocales» del Consejo, «sin participación determinante de los propios jueces» está agotado. Tras más de «cuarenta años de existencia en nuestro país» y pese a que «en la mayor parte de las ocasiones la renovación de la institución se ha hecho en el plazo marcado por la constitución y algunos Consejos, como el que yo me digno presidir, obtuvieron además amplísimos respaldos parlamentarios (...) hoy, sin embargo, hay que admitir» que el sistema «se ha instalado en una crisis de difícil salida».

«Es indudable que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad para todas aquellas tareas de gobierno que trascienden del interés corporativo de Jueces y Magistrados por afectar a la sociedad entera, pero no es menos cierto que dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo intersado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente en los últimos años precisamente por las circunstancias que rodean a la no renovación», ha asegurado el jurista en el transcurso de su alocución.

Lesmes ha descartado la dimisión en bloque del Consejo General del Poder Judicial pero no la suya, individual, llegado el caso

«La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible» para evitar males mayores y pese a que Carlos Lesmes ha querido descartar, por el momento, una dimisión en bloque del actual Consejo, en funciones prorrogadas. Y lo ha hecho con un mensaje muy claro al Gobierno socialista que ha tratado de presionar en la renovación del Constitucional y, por extensión, en la de la máxima institucional de los jueces: «Lo que resulta impensable para el Gobierno de la Nación también lo es para el órgano de gobierno de los jueces».

Crítica abierta a la reforma legal del TC

El curso de la Justicia ha arrancado, pues, envuelto en un declarado conflicto institucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, de la mano de la enquistada renovación política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, «al menos», aboca la primera votación de los nombramientos de dos magistrados al Constitucional caducado el pasado mes de junio, al fracaso; y, ante un Supremo al límite.

El malestar contenido ha sobrevolado el solemne acto de renovación del Año Judicial, de este miércoles, en el que presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, semblante muy serio, ha presentado su Memoria anual sobre el Estado de Derecho, el funcionamento de la Justicia y las actividades de los Juzgados españoles. Pero, también, en su petición más clara y directa: el actual sistema de renovación del CGPJ «se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales».

«El escenario político de estos últimos años», ha afirmado, «está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española. Me refiero lógicamente al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo. El primero de ellos por la falta de renovación en plazo y la limitación de sus funciones esenciales y, el segundo, por la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el pasado año, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición».

Además, no ha querido dejar pasar la ocasión de visibilizar su crítica abierta a la última contrarreforma del Gobierno de Pedro Sánchez que, antes del verano, modificaba por la vía de urgencia -y sin consenso con las partes implicadas- la norma con la que él mismo desbloqueaba su veto a los nombramientos, pero sólo en el caso del Constitucional. «Nada se dice en esa Ley sobre la imposible designación de los magistrados del Supremo, pese a ser a todas luces evidente la grave situación a la que se ha abocado a este Tribunal», ha afeado al Ejecutivo el presidente del Alto Tribunal.

«Ya el pasado año advertí que la falta de cobertura de vacantes nos estaba colocando en una situación límite y que en unos meses sería insostenible. Tan es así que en unas semanas la Sala de lo Social y la de lo Contencioso- Administrativo del Supremo no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento, como previene la Ley, por falta de magistrados». Entre ellas, la de la Sección de Admisiones de la Sala Tercera, a la que el propio Carlos Lesmes pertenece como magistrado, y que tendrá que abordar la revisión, entre otros casos, de los indultos de los líderes políticos del 'procés'.

De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan

«Ciertamente, el Tribunal Constitucional es un órgano nuclear en nuestro sistema político-constitucional, de manera que solo podemos valorar positivamente que el legislador haya decidido volver sobre sus pasos para que el Consejo General del Poder Judicial recupere sus competencias y se pueda producir la renovación parcial de sus miembros en el plazo establecido en la Constitución, pero no nos merece esa misma valoración positiva el mantenimiento de la prohibición para realizar nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos», ha abundado Lesmes.

«El Tribunal Supremo también es un órgano esencial para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, goza de relevancia constitucional y debe poder ejercer sus competencias con normalidad. Conviene no olvidar que el Tribunal Supremo, que encarna el principio de juridicidad del Estado, se ha erigido a lo largo de sus más de doscientos años de historia en un mecanismo imprescindible de garantía del sistema constitucional y legal, y que mediante el compromiso y la responsabilidad de todos sus miembros ha procurado una sociedad más libre y más justa, haciendo tangible el principio de igualdad en la aplicación de la Ley como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes», ha proseguido.

«Por todo ello, esta iniciativa legislativa a la que me acabo de referir, que ha sido aprobada ignorando deliberadamente la penosa situación de este Alto Tribunal, es un agravio no solo para toda la Justicia, sino fundamentalmente para los propios ciudadanos, que son los grandes damnificados en cuanto destinatarios de nuestro servicio. El sentimiento de pesar se agudiza cuando comprobamos, además, que las recurrentes llamadas de atención efectuadas desde la Sala de Gobierno no reciben otra respuesta que la indiferencia», ha sentenciado.

Lesmes se autodescartaba, a comienzos de esta misma semana, como candidato a ocupar una de las cinco plazas vacantes en la renovación del Tribunal de Garantías y, con ello, desataba la caja de los truenos en el seno de la más alta magistratura, desmintiendo las informaciones que apuntaban a una operación del Gobierno para descabezar al CGPJ, tras elegirle como nuevo magistrado del Constitucional. La posición en bloque de ocho de sus vocales, de sensibilidad conservadora, contrarios a sucumbir a las presiones del Ejecutivo socialista para hacerse con el control del Poder Judicial antes del término de la actual legislatura, hacía el resto.

El papel moderador del Rey Felipe VI

Su Majestad el Rey Don Felipe VI ha presidido este miércoles el acto solemne de apertura del Año Judicial 2022/2023 en el Palacio de Justicia, sede del Supremo, según lo establecido en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acompañado por el presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, que lo es, a su vez del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y flanqueado por la Ministra de Justicia, Pilar LLop.

A Don Felipe VI se ha dirigido de manera expresa: «Llegados a este punto, Majestad, es necesario preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto. Hasta ahora, sin duda, ha sido procurar mantener el buen funcionamiento de estas dos instituciones centrales de nuestro sistema judicial y tratar de que la situación se revirtiera utilizando los recursos a mi alcance, mediante constantes llamamientos públicos y privados a los responsables políticos, encaminados fundamentalmente a que la renovación del Consejo se materializara y de esta manera recuperar la normalidad, en la confianza de que el sentido del deber se impondría y los mandatos constitucionales serían respetados».

«Hoy la confianza ha desaparecido y los daños derivados de la no renovación no solo no revierten sino que se agravan. Es por ello, Señor, que en esta ocasión, y ante vuestra majestad, en presencia del Pleno del Tribunal Supremo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, del Pleno del Tribunal Constitucional, de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, del Presidente de la Audiencia Nacional, de los representantes de las asociaciones judiciales de España, así como de otras altas autoridades aquí presentes, solicito pública y solemnemente al Presidente del Gobierno de España y al Jefe de la Oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido».

Tras el preceptivo y formal saludo a las autoridades judiciales y civiles, para ocupar su lugar en la presidencia del Salón de Plenos, Su Majestad el Rey revestido con toga y el Gran Collar de la Justicia, abrió la sesión y concedió sucesivamente la palabra al secretario de la Sala de Gobierno, Ángel Tomás Ruano; al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz -quien, enfermo de Covid, ha sido sustituido por la teniente fiscal del Tribunal Supremo-; y, en último término a Lesmes, como cabeza en funciones del presidente del Supremo y del Consejo prorrogado, tras cuya intervención declaró formalmente abierto el año judicial y levantó la sesión. Finalizado el acto, Don Felipe ha mantenido un encuentro con los asistentes.