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Dos migrantes son atendidos por la Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja en septiembre de 2021 en Ceuta

Dos migrantes son atendidos por la Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja en septiembre de 2021 en CeutaAntonio Sempere / Europa Press

La vicepresidenta de Ceuta implica a cuatro ministerios en la expulsión de menores en 2021

Mabel Deu declara en sede judicial que «todo lo decidía Madrid»

La Red Española de Inmigración, que actúa como acusación particular en la expulsión de Ceuta de 55 menores procedentes de la avalancha de mayo de 2021, pedirá que se abran nuevas diligencias que podrían implicar hasta a cuatro ministerios después de que la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta los implicase en el caso.

Según el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, Mabel Deu (PP) ha declarado en sede judicial que «todo lo decidía Madrid». Y para demostrarlo ha presentado las comunicaciones que mantuvo con los diferentes jefes de Gabinete y los responsables de hasta cuatro ministerios.

Ampliación

«Ha manifestado que mantuvo conversaciones con cuatro ministerios y con cargos del Gobierno de España, por lo que solicitaremos la ampliación de los elementos probatorios para que esas personas comparezcan como testigos y ampliar diligencias», ha asegurado Escudero a la salida de los juzgados.

Mabel Deu no ha querido hacer declaraciones a los medios a la salida del Palacio de Justicia de Ceuta, pero sí ha ratificado las declaraciones que en su día realizó ante la Fiscalía donde dejó claro que todas sus actuaciones estaban amparadas por el Gobierno de la nación.

Rafael Escudero ha comentado que la intención es que exista un procedimiento «claro, transparente y ágil ya que ahora mismo sólo veo excusas mientras que Mabel Deu ha insistido en que todo lo decidía Madrid». Del mismo modo, la Red Española de Inmigración va a pedir una aclaración sobre el más de un millón de euros invertidos en emergencia para la acogida de los menores marroquíes que entraron en la ciudad “porque no nos cuadran las cuentas y queremos aclarar quién, cómo, en qué y cuándo se invirtió ese dinero, ha señalado Escudero.

«Es un procedimiento penal, no administrativo, y tienen responsabilidad la que tutelaba (el Gobierno de Ceuta) y el que debería haber seguido el procedimiento (el Gobierno central)», ha concluido el director de la Red Española de Inmigración en declaraciones recogidas por EFE.

La Fiscalía sospecha

La propia Fiscalía General del Estado advierte en la Memoria Anual que ha presentado este miércoles que el intento de devolución de menores a Marruecos que puso en marcha la Delegación de Gobierno de Ceuta en 2021, supuso «atajos» y «cercenaba garantías básicas» del proceso de repatriación, como la audiencia del interesado, la presencia de un defensor o la intervención del Ministerio Fiscal.

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