El Gobierno contesta a Europa que la renovación del CGPJ es un proceso parlamentario «no fiscalizable por los tribunales»

El Gobierno ha agotado el plazo concedido por Estrasburgo a España para contestar al Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) en la demanda de varios jueces contra el Estado español por la omisión de su obligación de resolver la parálisis en la que el Poder Judicial de nuestro país lleva sumido cuatro años. Y lo ha hecho para asegurar ante la Corte Europea que la imposibilidad de renovar el Consejo (CGPJ) durante todo este tiempo, no supone ninguna irregularidad o incumplimiento por parte de las instituciones -Congreso y Senado, fundamentalmente- como reclaman los magistrados. A la luz de las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, a las que ha tenido acceso en primicia El Debate, no se ha vulnerado ningún derecho de ninguno de los candidatos a incorporarse al órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, estos nada pueden exigir y, además, reduce a la voluntad de los grupos parlamentarios que integran las Cámaras de representación, la soberanía para la renovación del CGPJ.

La Abogacía del Estado, aludiendo a dos resoluciones del Supremo español y del propio Constitucional en dos causas concretas, asegura que las decisiones relativas al Consejo no son «una actividad susceptible de control jurisdiccional, al formar parte (...) de un procedimiento de naturaleza parlamentaria no fiscalizable por los tribunales». Despejan, así, cualquier posibilidad de que en el ámbito doméstico, el Tribunal de Garantías -que actualmente tiene sobre la mesa el recurso de PP, Ciudadanos y Vox contra la modificación de la LOPJ con la que Sánchez prohibió los nombramientos al Consejo- pueda «imponer a las Cámaras la necesidad de adoptar un acuerdo específico que vulnere su autonomía parlamentaria».

El Gobierno considera que los jueces denunciantes «están invocando derechos de naturaleza estrictamente política, y en modo alguno civiles»

Y ello pese a que en otro tramo del escrito de contestación, los propios letrados públicos reconocen que el ordenamiento español introduce «la previsión (que aún se mantiene) de que los vocales a designar entre jueces y magistrados sean elegidos por las Cortes Generales» -esto es, Congreso y Senado- lo cual ha sido el «expreso objeto de impugnación por los recurrentes» en Estrasburgo tras la reiterada omisión de ambas Cámaras en el desbloqueo de un CGPJ maniatado por Pedro Sánchez en sus funciones constitucionales, una vez caducado.

El Gobierno ha insistido en que «el Tribunal Constitucional» -al que ahora trata de controlar, vía exprés, y para lo cual ha restaurado, parcialmente, la capacidad de nombramientos del Consejo- «deja claro que ni la independencia judicial, ni un supuesto carácter representativo del CGPJ respecto del Poder Judicial (del que carece, como ya había establecido la previa STC 45/1986 de 17 de abril) imponen que los vocales de extracción judicial no puedan formalmente ser designados por las Cámaras, y deja claro que el concreto sistema de designación es una cuestión no regulada por la Constitución Española». Es decir, el Ejecutivo reduce a ambas Cámaras parlamentarias a la mayoría de los grupos políticos que las conforman y elimina cualquier independencia de los presidentes de las mismas para impulsar cualquier iniciativa legal.

Pilar LLop se pone de perfil

«A lo largo de la XIV Legislatura la Presidencia del Senado manifestó hasta en 45 ocasiones en las reuniones de la Junta de Portavoces la necesidad de que los Grupos Parlamentarios a los acuerdos necesarios para la cobertura de las vacantes existentes en los órganos constitucionales, con especial insistencia en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», siendo titular de la Mesa de la Cámara Alta la actual responsable de Justicia, Pilar LLop.

De este modo, LLop se pone de perfil en relación a su responsabilidad institucional al respecto, durante su etapa anterior, en virtud de la cual tendría la obligación no sólo de lanzar estas advertencias, sino de convocar al Pleno de los senadores para iniciar un proceso de tramitación hacia la renovación del Consejo.