El CGPJ confía en el «poco recorrido» del recurso del vocal que cuestiona la Presidencia de Mozo

«Un último coletazo» del dimitido Carlos Lesmes. Así han calificado fuentes próximas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el último movimiento de dos de los incondicionales del ya expresidente del órgano de los jueces –el magistrado Wenceslao Olea y el secretario general José Luis de Benito– para recurrir ante el Supremo el reciente nombramiento del vocal Rafael Mozo como «suplente» del propio Lesmes al frente de la institución. Ambos, en un «evidente ejercicio de lealtad con quien ya no es su presidente», y en el que «se confunde lo personal» con lo profesional, se han embarcado en una complicada travesía judicial a la que los expertos consultados por El Debate «ven poco recorrido».

El nombramiento de Mozo por el Pleno del CGPJ, el pasado jueves 13 de octubre, se produjo con una amplísima mayoría de 16 votos de 18 y apoyado en un informe del Gabinete Técnico del órgano que, en 2019, concedió al propio Consejo la potestad de decidir sobre su Presidencia suplente, así como abrió la puerta a una «bicefalia» institucional que se ha consumado en esta ocasión. Ambos, argumentos de peso para quienes sostienen que el Supremo –que hoy analiza la «urgencia» o no del asunto para decidir sobre la suspensión cautelarísima solicitada por Olea– debería «inadmitir» un recurso que no tiene «un pase ni ético ni estético».

Y es que, el hecho mismo de que Olea «validase la votación de la que emanó la voluntad casi unánime del Pleno, participando en la misma» aunque «en sentido contrario al resto de sus compañeros» hace muy difícil, en la práctica, que el Alto Tribunal cuestione su aplicación.

Falta de legitimación de los recurrentes

Además, existen graves dudas sobre la viabilidad de un recurso en el que concurren las peticiones de un vocal y del secretario general del Gabinete Técnico del Consejo, ambos curiosamente afines a Lesmes, frente a las previsiones del artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La norma establece que «no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública, los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados», como es el caso de Wenceslao Olea, en su condición de vocal del Consejo, «salvo que una Ley lo autorice expresamente». Un escenario que no se da en este caso y que podría llevar al Supremo a rechazarlo de plano aludiendo a la «falta de legitimación» de ambos recurrentes para interponer sus solicitudes.

El Supremo analiza la «urgencia»

Sea como fuere, hoy corresponde a la Sección Sexta de la Sala Tercera del Supremo –a la que pertenece el propio Carlos Lesmes quien se reincorporará en los próximos días, como presidente de la Sección Tercera– resolver la cautelarísima in audita parte. Esto es, sin escuchar a la otra parte.

De lo que suceda esta misma mañana dependerá que el nombramiento de Rafael Mozo quede «provisionalmente sin efecto» o bien que el Alto Tribunal entienda «que no se dan los requisitos de urgencia» necesarios «para acordar la medida preventiva»; y, por lo tanto, «transforme el procedimiento en uno de cautelar ordinaria» en el que sí se daría traslado al CGPJ para que se pronuncie, a través de la Abogacía del Estado, antes de tomar una decisión sobre el fondo que, como mínimo, se extendería diez días a contar desde este martes.

La Sección Sexta –una Sala especial que se compone por el presidente de la misma, César Tolosa, y los presidentes de cada una de las secciones que la componen– ha tenido que reajustarse en esta ocasión para cumplir con la revisión del nombramiento de Rafael Mozo como presidente del CGPJ, a petición del vocal Wenceslao Olea.

Tanto el presidente Tolosa, como el magistrado Pablo Lucas Murillo, se han abstenido de participar en la deliberación convocada. El primero porque, como miembro de la Sala de Gobierno del Supremo, se manifestó a favor del informe del Gabinete Técnico presentado por Lesmes antes de su dimisión, en sentido unánime con el resto de sus compañeros. El segundo porque ostenta la doble condición de presidente de sección en la Sala Tercera y vocal del CGPJ.

La responsabilidad de pronunciarse, o no, sobre el fondo del asunto corresponderá, por lo tanto, a la magistrada Celsa Pico y los magistrados José Antonio Montero, Octavio Herrero, Eduardo Espín y José Manuel Bandrés, quien se postula como el candidato del bloque progresista del CGPJ en las negociaciones para los nombramientos de los dos magistrados para el Constitucional.