El Gobierno defiende la «idoneidad» del exministro Campo: «Tenemos el derecho y el deber»

El mismo ministro que en octubre negoció con el PP un acuerdo sobre la renovación del CGPJ y del TC que incluía el endurecimiento de las puertas giratorias salió este martes en la sala de prensa de la Moncloa a convencer a los periodistas y a la ciudadanía de que el anterior ministro de Justicia puede ser perfectamente magistrado del Constitucional.

Félix Bolaños defendió este martes contra viento y marea la idoneidad de Juan Carlos Campo y también de la otra jurista propuesta por el Gobierno: Laura Díez, ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia y actualmente miembro del Consejo de Garantías Estatutarias catalán (cercana al PSC).

Es más. El ministro de la Presidencia se mostró ofendido por que haya quienes cuestionen la neutralidad de quien hasta junio de 2021 ocupó un sillón del Consejo de Ministros. «Poner en duda la imparcialidad de los magistrados que nombra el Gobierno es mucho decir», señaló Bolaños. Obviando que Campo se tendrá que inhibir en los recursos de inconstitucionalidad presentados, al menos, contra seis leyes aprobadas cuando él era responsable de Justicia.

«Son dos perfiles absolutamente idóneos. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la administración como ellos. Harán su labor con rigor y compromiso», resumió el ministro. Éste se deshizo en elogios hacia Campo, de quien destacó sus 35 años en la carrera judicial, aunque pasó de puntillas por su más que acreditada vinculación con el PSOE. Porque, además de ministro de Justicia, también ha sido secretario de Estado de Justicia, secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía y portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso.

La versión de la Moncloa es que «la paciencia tiene un límite» y que el Gobierno está obligado a cumplir con la Constitución, aunque el Consejo General del Poder Judicial se niegue desde hace meses a proponer a los dos magistrados que le corresponden. «El Gobierno tiene el derecho y tiene el deber», argumentó Bolaños.

De hecho, éste cargó abiertamente contra los ocho vocales conservadores del CGPJ que se resisten a pactar los dos nombres con el resto de los vocales en protesta por los métodos del Gobierno (que primero modificó la Ley del Poder Judicial para impedirles nombramientos estando en funciones y después la volvió a modificar para permitirles solo los nombramientos que el Ejecutivo quería, los del TC).

En un tono muy duro, el ministro de la Presidencia acusó a esos ocho vocales de incumplir la ley y la Constitución y los conminó a proponer sus candidatos de una vez. En lo que sonó más a un ultimátum -otro- que a una invitación. «Nada más urgente tienen que hacer. Lo podrían hacer esta misma tarde», subrayó. Tampoco faltaron los ataques al PP por haber forzado esta situación.

Junto a Félix Bolaños estaban en la sala de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero ni una ni otra hicieron apreciación alguna al respecto. Dejaron que respondiera una y otra vez el titular de la Presidencia, que incluso se mostró convencido de que la Comisión Europea no pondrá pegas a estos dos nombramientos. «Nada tiene que decir, nada dirá sobre el cumplimiento estricto de la Constitución», presumió.

La última palabra del Gobierno está dicha, pero no la del Constitucional y el CGPJ. La Constitución establece que los magistrados del TC deben ser renovados por tercios, de cuatro en cuatro. Por lo que en teoría no vale con los dos de Pedro Sánchez. El Ejecutivo esgrime una sentencia del 15 de noviembre de 2016 del propio Constitucional y está convencido de que estos nombramientos llegarán a término.

Para todo lo demás dicen: «En el Constitucional ha habido un militante del PP (Francisco Pérez de los Cobos) presidiendo, qué lecciones nos van a dar», según el Gobierno.