Sánchez acelera el desarme del Estado de derecho y mira al CGPJ como su víctima final

Ha pasado solo un mes desde que Alberto Núñez Feijóo decidió romper las negociaciones para la renovación del CGPJ y del TC, cuando el propio presidente del Gobierno le confirmó que iba adelante con la reforma del delito de sedición (después resultó ser directamente su supresión). Ha pasado solo un mes, pero parece mucho más.

En las últimas cuatro semanas, Pedro Sánchez ha acelerado el desarme del Estado de derecho y su plan para ocupar todas las instituciones, consciente de que tal vez su tiempo en la Moncloa se agote en diciembre de 2023. Puesto que las encuestas son tozudas y la coalición acumula cada vez más vías de agua, pese a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2023 en tiempo y forma.

A lo largo de este noviembre de hiperactividad en la Moncloa, el Gobierno ha iniciado los trámites para la derogación exprés del delito de sedición del Código Penal, ha puesto a la Fiscalía General del Estado como escudo ante el goteo de rebajas de condenas por la ley del solo sí es sí y se ha lanzado al abordaje del Tribunal Constitucional, tal y como llevaba tiempo amenazando con hacer.

Y no se detendrá ahí: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, endureció este martes el tono contra los ocho magistrados conservadores del CGPJ que se resisten a pactar los dos candidatos que le corresponden al órgano de gobierno de los jueces, en protesta por las injerencias del Ejecutivo. Incluso los acusó de estar incumpliendo la Constitución y la ley.

Bolaños preparaba así el terreno para lo que está por venir: Sánchez no va a quedarse de brazos cruzados todo un año con un CGPJ caduco, de mayoría conservadora y –según el PSOE– declarado en rebeldía. No se descarta ningún escenario, entre ellos que vuelva a intentar reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos exigible ahora para nombrar a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta de 176 escaños que haría innecesario al PP en la ecuación.

En la rueda de prensa de ayer, el titular de la Presidencia afirmó que lo que tiene «espantada» a la Comisión Europea no son los pasos dados por el Ejecutivo, sino el «bloqueo absolutamente grosero» del que acusó a los populares y a los vocales conservadores. «La paciencia tiene un límite», según fuentes de su departamento.

«Nunca habíamos visto que el Gobierno entrara en el Tribunal Constitucional. Vulnera la separación de poderes», denunció el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que hace poco más de un mes estaba negociando con el propio Bolaños el endurecimiento de las puertas giratorias entre la política y la judicatura.

El Constitucional echa el freno

El Constitucional ha decidido esperar a que el CGPJ proponga sus dos candidatos antes de examinar a los del Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo en el Ministerio de la Presidencia. Con ello, la pelota queda en el tejado del Poder Judicial, en un ambiente de máxima tensión con el que el Ejecutivo no parece estar incómodo. Ni siquiera los tres jueces que se sientan en el Consejo de Ministros. «Ni el PP ni el CGPJ tienen una mínima autoridad para poder criticar una propuesta de dos personas que son juristas de auténtico prestigio», señaló la titular de Defensa, Margarita Robles.

En medio de la polémica, los socialistas aprovecharon este martes para forzar el jueves por la tarde un pleno extraordinario en el que se debatan las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Ciudadanos contra la proposición de ley que elimina el delito de sedición (hace una semana el pleno aprobó su toma en consideración). Inmediatamente después, a partir de ese día, empezará el debate en comisión y su aprobación en tiempo récord.

Desde el pasado 23 de septiembre, cuando El Debate publicó una información titulada «Sánchez quiere tomar el Constitucional para que permita una nueva consulta en Cataluña», este periódico ha venido dando pormenorizada cuenta de lo importante que es para Sánchez controlar el Constitucional dentro de su plan a medio plazo.

El presidente necesita una mayoría de izquierdas en el TC para que sus magistrados validen una consulta futura en Cataluña. No será un referéndum de autodeterminación, porque ello obligaría a una reforma agravada de la Constitución y a la disolución de las Cortes, sino probablemente a través de un nuevo Estatut (en junio de 2010, el TC anuló artículos enteros del anterior).

Hasta ahora, el máximo intérprete de la Carta Magna ha sido implacable contra el secesionismo. En 2008 declaró inconstitucional el Plan Ibarretxe, en 2014 hizo lo propio con la consulta convocada por Artur Mas el 9 de noviembre de ese año y en 2017 prohibió el referéndum de autodeterminación de Cataluña y declaró inconstitucionales la ley del referéndum y la ley de transitoriedad hacia una república catalana, aprobadas por el Parlament.

De ahí que Sánchez haya elegido un perfil como el de Laura Díez Bueso, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional. Desde la vuelta del verano el Gobierno tenía en mente designar a algún candidato catalanista, de la cantera del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, al que Díez pertenece como vicepresidenta desde el pasado mayo. La elegida asesoró a la Generalitat en la redacción del anterior Estatut.

Pedro Sánchez tiene prisa. El tiempo corre.