La Guardia Civil, registrando la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed)
Caso Acuamed: el PSOE se beneficia de la primera revisión de penas tras la rebaja de la malversación
El juez de refuerzo Joaquín Gadea ha planteado a la Fiscalía si con la bajada de las penas por malversación la investigación no tendría que tramitarse como un sumario, como había pedido de inicio la Fiscalía
Las advertencias sobre los efectos prácticos de la rebaja del delito de malversación aprobada por el Gobierno, antes de Navidad, han comenzado a materializarse. Curiosamente la primera de las revisiones sobre la petición inicial de penas para un caso de corrupción política han llegado a la Audiencia Nacional de la mano de la trama Acuamed. Uno de los jueces que investiga la causa, Joaquín Gadea, refuerzo del titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 Manuel García-Castellón, ha pedido a la Fiscalía que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si es necesario aplicar alguna reducción de las mismas, a raíz de la reforma del Código Penal que suavizó la respuesta ante algunas conductas tipificadas y que entrará en vigor este jueves.
En un auto que ha podido consultar El Debate, y en el que el magistrado ha acordado prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para así dar tiempo al Ministerio Público a valorar el impacto de la modificación penal sobre un caso que, en caso afirmativo, sería el primero de corrupción que se beneficiaría de la polémica medida del Ejecutivo favoreciendo, curiosamente, a varios imputados del PSOE, el partido detrás de dicha alteración.
Según el juez, la entrada en vigor de la reforma, aprobada a finales de diciembre, «podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario».
Además, «de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria», una diligencia, dice García Castellón, que no debería verse «afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción».
La posibilidad de tener que citar de nuevo a los procesados, la necesidad de «tener un marco adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción», unido a las «excepcionales circunstancias generadas por la reciente modificación legal, determinan la oportunidad de decretar» una nueva prórroga de la instrucción, explica el juez.
El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
