Ayuso pleitea en 15 frentes judiciales contra las políticas fiscales, sanitarias y educativas de Sánchez

Un total de 15 causas judiciales instadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que la Moncloa trata de que no se traduzcan en reveses para las políticas más polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia sanitaria, tributaria y educativa. Éste es el escenario en el que trabajan los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para revocar todos aquellos aspectos regulatorios en los que que consideran que el Ejecutivo central se ha saltado el ordenamiento jurídico y en defensa de la autonomía legislativa de la región.

Los primeros frentes se remontan a la pandemia del coronavirus. En este momento, el equipo de Díaz Ayuso mantiene tres causas contra varias órdenes del Ministerio de Sanidad cuya aplicación era perjudicial para Madrid. Por este motivo, la comunidad votó en contra de las mismas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, la Abogacía regional considera que la aplicación de las medidas contenidas en las mismas se hizo por la fuerza y sin la unanimidad necesaria para exigirlas.

Se trata, en concreto de tres pleitos planteados ante la Audiencia Nacional contra: la orden de 30 de septiembre de 2020 del Gobierno que decretó el cierre perimetral de Madrid durante la festividad del puente de octubre de aquel año; la orden de 11 de marzo de 2021, por el mismo motivo, pero aplicada al cierre en las vacaciones de Semana Santa –que tiene la particularidad de haber sido dictada en el marco del Estado de Alarma aprobado por el Real Decreto 926/2020– y la de 4 de junio, sobre restricciones a la actividad de la hostelería en la región.

El conflicto de las entregas a cuenta

En este procedimiento, también librado ante la Audiencia Nacional, se discute la diferencia existente en las llamadas entregas a cuenta de los Presupuestos del año 2019 que el Gobierno central no habría abonado, como le corresponde, a favor de las autonomías destinatarias. En el caso de la Comunidad de Madrid se estima que la diferencia entre la cantidad prevista y la finalmente abonada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez asciende a la friolera de 53 millones de euros que la primera habría dejado de percibir.

La liquidación del IVA de 2017

En idénticos términos al caso anterior, surgía el conflicto sobre la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, en relación a las cantidades correspondientes al IVA del año 2017. Como consecuencia de un ajuste legal en la mecánica del impuesto, aplicado por el Gobierno central, a la Comunidad de Madrid como al resto de las Comunidades Autónomas se les abonó únicamente el importe de 11 mensualidades del mismo. La última quedó desplazada al ejercicio inmediatamente posterior, en el cual no se compensó el daño causado por la decisión.

Los precios públicos universitarios

El recurso interpuesto contra el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política Universitaria, discute la fijación de los precios públicos correspondientes a los servicios universitarios, en tanto que la Comunidad de Madrid no está de acuerdo con los importes establecidos, entendiendo que no responden a la realidad de su Administración y no respetan la correlación mínima necesaria entre el coste del servicio y el precio.

Aunque, inicialmente, la causa arrancó como un procedimiento contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia madrileño (TSJM), posteriormente, se remitieron las actuaciones a la Audiencia Nacional donde se encuentra judicializada en la actualidad.

El reparto de los Fondos Covid

El Supremo está pendiente de resolver la discrepancia surgida entorno al reparto de los fondos covid, en lo relativo a una serie de partidas que habrían sido distribuidas de una manera «aparentemente arbitraria» en favor de ciertas Comunidades Autónomas entre las que no se encuentra Madrid.

La impugnación del Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, tiene por objeto anular la concesión directa de subvenciones desde el Gobierno de Pedro Sánchez, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el BOE el día 20 de octubre de 2021.

El currículo de bachillerato

Se impugna el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato ante el Tribunal Supremo; y, en paralelo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) el Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la autonomía la ordenación y el currículo de Bachillerato a cargo de la ministra titular del ramo, Pilar Alegría.

El Gobierno de Díaz Ayuso considera que el texto supone «una elevada carga ideológica» auspiciada por la «ausencia de contenidos esenciales» y reemplazada por el uso de otros términos que se repiten a lo largo de todas y cada una de las asignaturas, aunque no tengan relación directa con ellas, como: sostenibilidad y perspectiva o igualdad de género. No es que el Gobierno madrileño se oponga, como tal, a dichos conceptos, pero defiende que su «reiteración constante sin importar una mínima coherencia» en la aplicación académica de los mismos «termina por banalizarlos».

El currículo ESO

El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está siendo otro de los caballos de batalla, en este caso ante el Tribunal Supremo, entre la autonomía que lidera Díaz Ayuso frente al Ejecutivo central.

La normativa del currículo de Bachillerato aprobada por el Ejecutivo central en el marco de la nueva ley educativa LOMLOE, la coloquialmente conocida como «ley Celaá», ha supuesto un verdadero choque de trenes ante la falta de contenidos académicos y la elevada carga ideológica que el texto implica para los alumnos madrileños, de acuerdo con el criterio que mantiene el equipo del Ejecutivo autonómico. «Están volando los puentes entre el pasado, el presente y el futuro y dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española», subrayó Díaz Ayuso en rueda de prensa en la Real Casa de Correos.

El Plan de recuperación y resiliencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid se encarga de las Instrucciones dictadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de los fondos covid. En este caso, la ofensiva legal del Gobierno regional se dirige contra la concesión de 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos que Pedro Sánchez distribuyó entre la Comunidad Valenciana, Navarra y Extremadura, sin ajustarse a un procedimiento objetivo y en un ejercicio de absoluta falta de transparencia.

El recurso contencioso-administrativo afecta a la Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos, por la que se establecen las Instrucciones a fin de clarificar la condición de entidad ejecutora, la designación de los órganos responsables de medidas y órganos gestores de proyectos y subproyectos, en el marco del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las medidas para el ahorro energético

El artículo 29 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural está siendo objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional por la implantación de un «Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización» cuya regulación, a juicio de los letrados madrileños, invade varias de las competencias autonómicas que ostenta en exclusiva, o al menos de forma prioritaria, la Comunidad de Madrid.

La propia Isabel Díaz Ayuso anunció la iniciativa judicial contra una norma «que actúa de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos». Además, «invade competencias sin justificación», especialmente en materia de educación y comercio, y «sin haber razones de urgencia», aseguró en su momento la presidenta.

El impuesto a las grandes fortunas

Se trata de un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Díaz Ayuso frente al artículo 3 de la Ley 38/2022, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, por la que se crea el denominado «impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas» modificando determinadas normas tributarias.

La acción planteada ante la Corte de Garantías por la Comunidad de Madrid se apoya hasta en seis presuntas irregularidades cometidas por el Ejecutivo central que atentan contra: sus competencias autonómicas, su autonomía financiera, el principio de igualdad –dado que el polémico impuesto solo se dirigió contra Madrid y Andalucía, que bonifican al 100 % el gravamen al patrimonio–, la defectuosa tramitación del procedimiento, las lesiones para la seguridad jurídica de los contribuyentes; y, la ausencia de una justificación objetiva en un momento en el que la recaudación estatal de impuestos está batiendo todos los récords.