Vox lleva al Pleno su propuesta de referéndum sobre la ilegalización de partidos independentistas

El pasado diciembre, el Grupo Parlamentario Vox registró en el Congreso una moción en la que instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar un referéndum, a través del artículo 92 de la Constitución, para preguntar a los españoles si quieren que se ilegalice a los partidos separatistas. Será este martes cuando la formación que preside Santiago Abascal defienda esta iniciativa en el Pleno de la Cámara Baja.

Además, Vox exige que se recupere la tipificación de los delitos relativos a la convocatoria y celebración de referéndums ilegales, reintroducir penas proporcionadas para este tipo de acciones, así como promover la recuperación «urgente» de las competencias que se han trasferido a las administraciones regionales en materia de sanidad, educación, seguridad y justicia, y reclama, asimismo, defender «con la máxima firmeza» la unidad y la continuidad de la nación española.

En el texto registrado, al que ha tenido acceso El Debate, Vox denuncia que el Gobierno «actúa como una mera marioneta de los partidos separatistas que atentan contra la unidad de España y que pretenden su mutilación y aniquilación». Señala, en este sentido, que el Ejecutivo de coalición que hoy conforman el PSOE y Unidas Podemos se formó «con base en un acuerdo con socios» con los que Pedro Sánchez había prometido no pactar, y desde entonces –continúa la formación– todas las políticas «se han visto supeditadas a las concesiones y exigencias de sus socios, separatistas y filoterroristas», unos socios que «quieren la aniquilación de España como unidad política» y, además, «lo anuncian por doquier». Como consecuencia, desde la toma de posesión del actual Ejecutivo «la unidad, la soberanía nacional y el Estado de derecho en España son objeto de una amenaza que representa una auténtica emergencia nacional», concluyen los de Abascal.

En este sentido, el partido enumera una serie de «cesiones» que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho al separatismo, como la concesión de los indultos a los condenados por el procés, los pactos con Bildu, los «herederos de ETA», para retirar las competencias en varias regiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –como lo ocurrido con la Guardia Civil de Tráfico en Navarra–, el acercamiento de lo presos de la banda terrorista ETA a las cárceles del País Vasco, o «la renuncia a la defensa del español» en las aulas de Cataluña pese a las sentencias del TSJC y del Supremo en esta cuestión, entre otras.

«Amnistía encubierta»

El partido de Santiago Abascal denuncia, asimismo, el uso «fraudulento e interesado» del poder legislativo por parte del ejecutivo, haciendo referencia a la proposición de ley que impulsaron en noviembre el PSOE y Unidas Podemos por la cual se deroga el delito de sedición, que pasa a ser sustituido por una modalidad agravada de desórdenes públicos». A su juicio, esta proposición legislativa supone un «claro fraude de ley», en tanto que su finalidad es –indican en el texto– llevar a cabo una «amnistía encubierta» de los condenados por el procés. La formación reprocha además que se tramitara como proposición de ley orgánica y no como proyecto de ley orgánica con el objetivo de «evitar los pronunciamientos de los órganos consultivos».

La propuesta de referéndum que esta semana Vox lleva al Pleno se enmarca en el plan 'España decide' que el partido presentó oficialmente en el festival Viva 22 el pasado mes de octubre y en el que se abordan ocho cuestiones, entre ellas esta, la de la ilegalización de los partidos separatistas, pero también otros puntos, como la soberanía energética o el control migratorio. En este programa, la formación de Abascal apelaba al artículo 92 de la Constitución que recoge que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos».