El consentimiento de los padres a las menores de 16 y 17 años abre la puerta a un nuevo recurso de la ley del aborto ante el TC

No han pasado cuarenta y ocho horas desde que la mayoría de izquierdas del Constitucional avalase, sin matices, la constitucionalidad de la ley de plazos del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que se hable de un futuro y eventual recurso contra la norma llamada a modificarla: el texto sobre la interrupción legal del embarazo presentado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se encuentra en el último trámite parlamentario para su aprobación. Y es que, si bien la sentencia firme de «enfoque feminista» que dictará el Tribunal de Garantías, ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán, define el marco legal mínimo en el que puede moverse la reforma en curso, en nada afecta a las posturas de máximos.

Esto es, aquellos aspectos que se hayan incorporado de forma novedosa y sobre los que, previamente, no se haya pronunciado la Corte. Entre ellos, la polémica ausencia del consentimiento de los padres en los casos de aborto a menores de edad, de 16 y 17 años que recupera la modificación de Montero. Ésta será una de las claves para impugnar, de nuevo, la regulación de un asunto que no concita el consenso ni jurídico, ni social.

Y es que la ponencia resultante de las tensas deliberaciones del TC en los últimos días no se posicionará sobre uno de los aspectos más controvertidos de la ley de 2010 que, precisamente, recupera la nueva norma emanada del Ministerio de Igualdad: el derecho de las menores de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin necesidad de contar con el permiso de sus padres para ello. Esto es así porque en el año 2015, el texto «Aído» fue modificado en este aspecto en concreto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los populares recuperaron la obligatoriedad de dicho permiso paterno y, en consecuencia, los magistrados del Constitucional han considerado que se ha producido una pérdida «sobrevenida del objeto» del recurso. O lo que es lo mismo, sobre lo que ya no existe, no se puede pronunciar.

Sin embargo, en este matiz en concreto, la nueva ley pendiente de aprobación en lo que resta de este mes o en el próximo, como muy tarde, retomará el postulado y reformará los artículos correspondientes a la materia en sentido contrario. El Gobierno socialista ha vuelto a eliminar la necesidad de obtener un permiso paterno en los casos en los que las mujeres que se sometan a una intervención para la interrupción voluntaria del embarazo tengan 16 ó 17 años. Y, además, ha endurecido el texto para facilitarlo desde los 13 a los 15.

No obstante y de acuerdo con la regla general establecida para los recursos de inconstitucionalidad, esto no cambia el hecho procesal de que un juez no deba pronunciarse sobre algo que no existe.

«Carecería de sentido (...) que este Tribunal se pronuncie sobre normas que el propio legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento de modo total (...), sin que pueda excepcionarse esta regla por el hecho de que el legislador ulteriormente la restablezca en términos análogos a los que figuraban en la versión inicial del texto legal que fue objeto del recurso de inconstitucionalidad». De ahí que, en el fondo, en este punto en el que la sentencia de su sucesora en la encomienda, Inmaculada Montalbán, será coincidente, se haya convertido, por inédita, en una de las primeras grietas que permitirán recurrir la futura ley Montero del aborto ante el TC.

Así las cosas, han sido necesarios trece años, seis presidentes distintos al frente del TC y hasta cuatro ponente para dar con la fórmula que, finalmente, ha apostado por respaldar la denominada «ley Aído» que introdujo en nuestro país el sistema de plazos, en sustitución del modelo de supuestos, como mecanismo para la articulación de la interrupción voluntaria del embarazo. No habrá tacha alguna a la ley que ha salido respaldada por siete votos a cuatro, magistrados estos últimos que ya han anunciado votos particulares, del Pleno del órgano.

El presidente Cándido Conde-Pumpido, que además de encabezar el TC lidera la mayoría zurda de la Sala, ha encargado a su segunda, la vicepresidenta Montalbán que redacte una nueva resolución para «desestimar en su totalidad» el recurso del PP. Dicha resolución deberá recoger el criterio mayoritario apoyado en las intervenciones de cada uno de los miembros del Pleno durante los tres días que se han dedicado a debatir esta ley. Una vez esté redactado el nuevo borrador, se convocará un nuevo Pleno, previsiblemente en marzo, y se realizará una nueva votación, por lo que el fallo queda postergado hasta entonces. La de Montalbán será, de hecho, la cuarta ponencia del recurso presentado por el Partido Popular en 2010, y que ha pasado por las mesas de Elisa Pérez, Andrés Ollero y Enrique Arnaldo antes de llegar a la de su actual titular.