Uno de los implicados en el caso Carreteras, a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas
Corrupción en Cantabria
La jueza amplía la causa a las empresas investigadas por el caso Carreteras
El Ejecutivo encabezado por Miguel Ángel Revilla realizó la solicitud para poder apartarlas de los contratos que están actualmente en licitación
El Juzgado de Instancia e Instrucción Número 5 de Santander ha aceptado la petición del Gobierno de Cantabria de ampliar las medidas cautelares a las empresas investigadas dentro del caso Carreteras.
El Ejecutivo encabezado por Miguel Ángel Revilla realizó la solicitud para poder apartarlas de los contratos actualmente en licitación, en los que ha participado el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, que se encuentra en prisión provisional.
La investigación sobre esta presunta red criminal de amaño de contratos de obra pública ha detectado posibles hechos ilícitos en una decena de expedientes que están en marcha y deben ser adjudicados.
Para analizar la petición de apartarlas, estas sociedades tienen ahora un plazo para personarse en la causa con abogado y procurador y, una vez lo hagan, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas.
Y es que hasta ahora la causa solo incluía a personas físicas, es decir, a los cuatro responsables de estas empresas –Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina– que fueron detenidos y puestos a disposición judicial junto al supuesto cabecilla de la trama, el jefe del Servicio de Carreteras, y a su mujer.
Rechaza una segunda petición
Sin embargo, el Juzgado ha rechazado la segunda medida cautelar pedida por el Ejecutivo cántabro, que consistía en abrir una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas con participación de esas empresas investigadas, en cuya adjudicación intervino el referido funcionario encarcelado.
En este caso, la jueza estima que no procede la tutela judicial porque las obras pendientes de pago no forman parte de la investigación en marcha, ha informado el Gobierno regional.
